Casi seis de cada diez latinoamericanos, según la Organización Internacional del Trabajo(OIT), forman parte del mercado de trabajo informal y representan un tercio de la economía. Para estas personas que viven al día, las drásticas medidas de cuarentena obligatoria, recomendadas por la OMS para enfrentar el Covid-19 y adoptadas por la mayoría de los gobiernos, suponen dejar de tener ingresos. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan en el sector informal. Sobrevivir a la cuarentena se convierte en un reto en sí mismo. En países como España o Italia, el confinamiento puede ser posible porque hay un espacio fiscal para subsidiar empresas y familias vulnerables. Sin embargo, en América Latina, con sectores públicos quebrados y un gran número de personas viviendo de la informalidad, la situación empuja a preguntarse si no será más peligroso “quedarse en casa” que el virus en sí.
Beatriz Hernández Pino, desde Buenos Aires
CTXT, 4–2020
Hector y Amparo fabrican artesanalmente unos tableritos didácticos para niños y niñas en Ibagué, Colombia. Normalmente los venden a librerías pero también reciben encargos y a veces los venden en la calle. Están a punto de jubilarse, con 61 y 60 años respectivamente, aunque ahora, con la falta absoluta de ingresos debido a la cuarentena del Covid-19, no pueden cotizar. “¿Qué vamos a hacer más de un mes sin recibir sustento?”, se pregunta Hector mientras cuenta que lo más importante es la comida y la salud, y lo difícil que le es conciliar el sueño. Cuando se le pregunta sobre los saqueos en Bogotá de estos días, resopla. “Yo entiendo a esa gente que no tiene, a los que venden su tintico (café), sus calditos… no están pudiendo vender”, dice por teléfono. “Ojalá que el gobierno nos vea”, repite.
Antes del coronavirus, América Latina ya lidiaba con el estancamiento económico, la agitación política y social y la epidemia de dengue más grave de los últimos años –con más de tres millones de personas afectadas y 1.500 muertes. La caída del PIB latinoamericano a causa de los efectos del coronavirus se calcula que estará en casi el 2%. Y la recuperación dependerá en gran medida del restablecimiento de China al ser el segundo socio comercial, en algunos casos el primero, de la mayor parte de los países.
El lunes 16 de marzo las bolsas latinoamericanas se desplomaron por la bajada del precio del petróleo. Como también lo hicieron la industria relacionada con importaciones o exportaciones con China, los precios de otras commodities como el cobre y la multimillonaria industria del turismo en lugares masivos como Cuzco, Cancún o Buenos Aires. Comenzó el pánico. Las dificultades que ya venían de antes como resultado de la dependencia del mercado internacional y la inestabilidad de sus economías se sumaron a la crisis derivada del Covid-19.
Todavía no sabemos a ciencia cierta muchas cosas del virus: no conocemos su tasa de mortalidad, todas sus formas de contagio, si se genera algún tipo de inmunidad o el trastorno económico-social que causará. Hay algunos que ya hablan del periodo poscovid-19 como si hablaran de una posguerra. Lo que sí está claro es que sus consecuencias serán ecológicas, económicas y sociales. Es decir, convierte a la pandemia en un asunto político, y por lo tanto sistémico. Las dietas alimentarias deficitarias, la informalidad laboral, el hacinamiento urbano, los sistemas de agua residuales defectuosos o inexistentes, los sistemas de salud débiles, entre otros factores, hacen que la salida latinoamericana a la pandemia mundial quizás no sea seguir la misma receta que en Europa, Norteamérica o Asia.
En la segunda mitad del año pasado América Latina, de Chile a Colombia, se levantaba indignada por la desigualdad social. Las clases medias se movilizaron denunciando una falta de recursos y dificultad de acceso en sanidad y educación en los diferentes procesos de privatización de la región. Es decir, con el aumento exponencial de infectados en coronavirus, el sistema sanitario se verá absolutamente desbordado: sólo Costa Rica y Uruguay destinan más del 6% del PIB a gasto público en salud, como indica la Organización Mundial de la Salud. El gasto en España en sanidad sobre el PIB, por ejemplo, es del 8,9%.
“La cuarentena desnuda desigualdades que ya estaban presentes”, señala Inés Nercesián, doctora en ciencias sociales y profesora de sociología histórica de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. El acceso a la vivienda, a la salud, a la tecnología, a la cultura y la educación, a la economía o al territorio son aspectos que se vuelven más crudos durante la cuarentena, “pero esto no es algo nuevo, es una herencia”, apunta la experta.
La responsabilidad es individual y colectiva
Sita vive en la provincia de Buenos Aires con su hija de 15 años. Sus ingresos provenían en su totalidad de la venta de inciensos en ferias de la ciudad y desde que se impuso la cuarentena obligatoria no puede salir a trabajar. Ahora vivirá de ayudas del gobierno. La cuarentena “es un compromiso a nivel social que resulta difícil de cumplir para todos, algunos porque no les da la gana y otros por necesidad”, comenta Sita por teléfono. Estar en casa es más sacrificio justamente para los que menos tienen: no saldrían a la calle por irresponsabilidad sino por subsistencia, pero ¿qué otra manera hay de combatir el virus?
La medida Quedate en casa impulsada con mayor o menor flexibilidad en toda la región latinoamericana se apoya en la posibilidad de realizar teletrabajo. El problema viene cuando la mayor parte de la población no tiene un trabajo que pueda realizarse desde casa vía online, o cuando su trabajo necesita de un transito callejero como pequeños comercios, taxistas, empleadas domésticas o vendedores ambulantes. El cese de las actividades cotidianas impide que puedan generar los ingresos suficientes para subsistir a una población ya de por sí vulnerable y carente de ahorros.
En Colombia, por ejemplo, con más de un 60% de la población en el sector laboral informal, antes de la cuarentena oficial se impuso un simulacro “para aprender bien”. En un vídeo publicado en su cuenta de twiter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, en principio sin el apoyo del presidente Iván Duque, pedía que los bogotanos se quedaran en casa “aprendiendo cómo hacer una cuarentena cuando nos toque, por ahora es solo un simulacro de cuatro días”.
“En el caso boliviano, la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de Gobierno español y leyendo en teleprónter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz”, sentencia la activista boliviana María Galindo en el blog de Radio Deseo, la emisora que codirige. Para poder quedarse en casa, primero hay que tener una casa y hay que estar a salvo dentro de ella. Para no salir de ella hay que tener el acopio suficiente de comida y para ello el suficiente dinero. Para seguir las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias hay que tener una serie de facilidades, como el acceso a agua, por ejemplo. “Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase” es el lema que circula por las redes sociales esta última semana.
El primer caso registrado de Covid-19 en América Latina fue en Brasil el 26 de febrero. Hasta ahora es el país con más contagios y muertos y, sin embargo, el que menos medidas está tomando, al menos a nivel federal. Su presidente, Jair Bolsonaro, criticó la “histeria” global sobre la “gripecita”, mientras se hacía el test del virus al saberse que personal de su círculo estaba contagiado. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que la situación fuera similar a la de Estados Unidos, país en el que su presidente también ha desplegado una actitud negacionista, Bolsonaro contestó que “el brasileño tiene que ser estudiado, no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada”, aseguraba con la excentricidad que le caracteriza.
Algunos estados como los de Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro tomaron algunas medidas, por ejemplo en Rio se prohibió el acceso a las playas.
Según el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la economía brasileña puede contraerse un 4,4% en 2020, más del doble de lo estimado para el resto de América Latina. Al inicio de la semana pasada, el Gobierno anunció el apoyo a empresas afectadas por la crisis del virus, como Gol Linhas Aéreas, con 30.000 millones de dólares. A los trabajadores del sector informal, unas 38 millones de personas, a regañadientes por las críticas recibidas en un descontento social generalizado, el gobierno accedió a otorgarles una ínfima ayuda mensual de 200 reales (unos 35 euros).
A pesar de haber registrado ya cincuenta muertes, México tampoco parece estar tomándose muy en serio las recomendaciones de la OMS. Algunas universidades y escuelas privadas han cerrado por iniciativa propia ya que el gobierno federal solo había propuesto la eufemística campaña Una sana distancia para evitar contactos cercanos. “Igualmente la gente se está quedando en sus casas, los restaurantes están cerrando, los lugares de turismo especialmente dedicado a norteamericanos también”, cuenta Ivonna, una artesana española que lleva años viviendo en Ensenada, al norte de México.
La falta de tránsito en las calles, la “cuarentena voluntaria” y el descenso de la actividad económica global están haciendo que el 53% de la población mexicana que trabaja de manera informal se vea especialmente afectada: por el lado económico pero también sanitario, al estar exponiéndose al contagio del virus. Ivonna nos explica que al no haberse implementado medidas fuertes a nivel federal, seguramente “el gobierno no va a ofrecer ayudas para los sectores más vulnerables”.
En Ecuador, el segundo país de América Latina al que más está afectando la pandemia, “las medidas adoptadas por el gobierno tienen un sesgo social de clase media-alta” advierte Diana Massa, trabajadora en gestión social en una organización en Quito. El 10 de marzo el gobierno lanzó unas medidas económicas ante la caída del petróleo a nivel mundial para intentar contrarrestar los posibles efectos del coronavirus. Estas medidas se parecían mucho a las que produjeron los levantamientos sociales a finales del año pasado: eliminar los subsidios a los combustibles y despidos y bajada de sueldos a funcionarios públicos. Esto lleva a muchas personas a trabajar en régimen de informalidad, que ya de por sí llega casi al 60% de la población ocupada.
En Guayaquil, la ciudad ecuatoriana con el 80% de los contagiados de coronavirus, el gobierno ha recogido más de trescientos cadáveres de personas que ni siquiera llegaron a ser atendidas en centros médicos. La falta de infraestructura básica, servicios y equipamientos sanitarios ha quedado totalmente al descubierto. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una fosa común en vista de los muertos que empezaron a aprecer en las calles, las aceras y los barrios. Mientras, el presidente Lenin Moreno, habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa. La ministra de salud, Catalina Andramuño renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis. Y, el director de cultura de Guayaquil publica en sus redes un texto donde culpabiliza de la expansión de la pandemia a “gente extramadamente ignorante”, “primitiva”, “de corto criterio y capacidad de análisis”, entre los que incluye a la migración venezolana “que viven como parásitos”.
Mientras el presidente ecuatoriano habla de que la “humanidad está enfrentando una guerra” y hace un polémico “uso de la fuerza” para mantener a la gente en casa, la ministra de salud, Catalina Andramuño, renuncia a su cargo alegando falta de medios suficientes para enfrentar la crisis.
Venezuela impuso el aislamiento obligatorio desde el 17 de marzo, y con ello se suspendió el pago de servicios como luz, gas, o agua, y de alquileres durante los próximos seis meses. El Sistema Patria anunció el pago de las nóminas de las pymes y un bono para los trabajadores informales, unos 12 millones de personas aproximadamente. Ante el miedo al desbordamiento del sistema público de salud, que suma las enfermedades provocadas por el Covid-19 a la crisis humanitaria venezolana ya existente, el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de lo que históricamente había criticado el chavismo, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares al FMI. Esta institución lo rechazó.
En Perú, casi siete de cada diez personas no cuenta con trabajo formal, ni con seguro social, ni pensión, ni en la mayoría de las ocasiones con pago fijo (salvo algunas excepciones como empleadas domésticas). El Gobierno de Martín Vizcarra impuso una cuarentena total y obligatoria, cerró las fronteras y sacó el ejército a la calle para mantener a la gente en sus casas. Según sus propias estimaciones, “nueve millones de personas forman parte de una familia donde si no se trabaja no se come mañana”. Por ello, el Ejecutivo anunció una medida extraordinaria: un bono de 308 soles (unos 100 euros). Varios colectivos han apuntado que esta medida no llega a las personas que no siendo “pobres de solemnidad” no podrán realizar sus trabajos con normalidad a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.
¿Son más peligrosos los efectos de la cuarentena que el virus?
En Argentina ya de por sí muchos de los trabajadores informales son pobres: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”, asegura el economista Jorge Colina en el informe IDESA (Instituto de Desarrollo Social Argentino). Para él, en este país, con aproximadamente un 45% de las familias viviendo en la informalidad, parar la actividad económica y aislar a la población es un remedio que tiene costos sociales más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad. “El remedio será peor que la enfermedad”, sentencia Colina ante la situación del sector público argentino endeudado y sin mucho margen de actuación.
Para hacer frente a la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino presentó un bono de 10.000 pesos (140 euros) para tres millones y medio de familias que viven de ingresos laborales informales. Además de que la cantidad no es suficiente si se tiene que pagar un alquiler, la ayuda excluye a las personas migrantes que no lleven más de dos años regularizadas en el país. Los trabajadores migrantes se llevan así la peor parte: “Somos vistos como enemigos internos”, critica Jorge, miembro del Bloque de Trabajadores Migrantes. La falta de posibilidades de radicación legal y los entorpecimientos burocráticos les condenan a trabajos informales y especialmente precarizados.
La gran mayoría de los bolivianos –el 83%, según la OIT– viven al día de los productos que venden en la calle, de las pequeñas tiendas y de otros empleos no regularizados: sin la actividad de tránsito diaria están condenados a la inanición. A raíz de la cuarentena establecida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, los conflictos no se han hecho esperar. El domingo 22 de marzo, durante la hora del mercado, miembros de la policía intentaron en la ciudad de Oruro “hacer cumplir la cuarentena” impidiendo el comercio con normalidad y fueron apedreados. “Es muy lamentable de esta urbanización que no le gusta acatar las normas que se lanzan”, denunció el jefe de la Unidad de Defensa al Consumidor de la Alcaldía de Oruro para el canal de televisión ATB Digital.
El anuncio de la presidenta para mitigar los posibles efectos del confinamiento obligatorio fue la dotación de una canasta familiar gratuita valorada en 400 bolivianos (un poco menos de 60 euros) que beneficiará a un millón y medio de personas de las nueve millones que se verán gravemente afectadas. Además, por causa del coronavirus, se reforzó la presencia policial y militar en las calles y se aplazaron las elecciones presidenciales del 3 de mayo, que pondrían fin al gobierno de facto que destituyó a Evo Morales el año pasado.
Dilema de la humanidad
Esta crisis pone en tela de juicio a todo el mundo: a la economía, con sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, más o menos precarizados, la salud, la forma de relacionarnos y la forma de proyectarnos hacia el futuro. El gran reto al que ya de por sí se enfrentan los gobiernos y las sociedades de los países más afectados por el Covid-19 cobra particularidades especialmente complejas en América Latina por las desigualdades sociales estructurales y su dependencia a los países centrales. Para el futuro hay más preguntas que respuestas y casi todas nos llevan al gran dilema: ¿de qué manera se afrontará esta crisis?, ¿cómo se resolverán los impagos de deuda?, ¿nos esforzamos por salvar la economía y a la minoría adinerada o al resto de la sociedad?, ¿pondrán en el centro la vida o los mercados?, ¿es esto un falso dilema y hay otras vías que no estamos viendo?, ¿serán los Estados los que salgan fortalecidos de la crisis?
Organismos internacionales, como el FMI en Ecuador, ya han desembarcado tras el acuerdo firmado el año pasado, ahora con el especial cometido de “subvencionar” la lucha contra la recesión económica en América Latina causada por el coronavirus. “Yo esperaría que con los fondos internacionales que han llegado, se tomen medidas de protección social: se entregue comida, se instalen nuevos albergues, se subvencione o abarate el costo del examen del coronavirus”, dice Diana Massa desde Quito. Además, la experta, no descarta algún tipo de movilización social en las próximas semanas: “Si la gente no tiene qué comer se va a meter en los supermercados”.
La socióloga Inés Nercesián, desde Buenos Aires, mucho más optimista, resalta la idea de que no hay ni A ni B: “Hay que resolver todo junto y al mismo tiempo”. América Latina debe reconstruir redes y lazos de solidaridad, usar la imaginación para sobreponerse a esta crisis, algo para lo que tiene sobrada capacidad y experiencia. “Que esto sirva de enseñanza a la humanidad”, decía el presidente de Argentina Alberto Fernández en uno de sus discursos televisados. Para reconstruir el esquema social y político, Nercesián aboga por el trabajo conjunto de ciencia, tecnología, conciencia ciudadana, seguridad y mecanismos para contener la economía bajo otros formatos. “Esperemos que a raíz de este tipo de crisis revisemos cuestiones que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza y poder de algunos grupos en detrimento de otros”.
