El Ciudadano
A través de una declaración pública, más de 200 agrupaciones medioambientales y territoriales, advirtieron que el proyecto puede transformarse en una amenaza en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el Gobierno y por la oposición.
Más de 200 agrupaciones medioambientales manifestaron su profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley – y a las indicaciones presentadas por el Gobierno – en la tramitación de la reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente-más conocida como Ley 19.300 – que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.
A través de una declaración pública, los 229 firmantes pertenecientes a ONG ambientalistas, movimientos territoriales y pueblos indígenas, señalaron que “en un contexto de álgida discusión mediática en torno a la mal llamada “permisología” o la supuesta burocracia en torno a la tramitación de proyectos de inversión, en el presente año el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley de reforma a la institucionalidad ambiental”.
Plantearon que “aunque desde sus inicios el proyecto contenía deficiencias, las indicaciones presentadas por el Gobierno han empeorado la propuesta, renunciando a los tímidos avances del documento original”.
Calificaron como “notoria y lamentable la presión que existe por aprobar esta reforma a como dé lugar” y criticaron que por tal motivo, el Ejecutivo haya cedido “a las propuestas de los centros de pensamiento cercanos a los intereses económicos, como son Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán”.
Asimismo, cuestionaron que se haya “despreciado la visión de los sindicatos de los organismos ambientales, organizaciones y ciudadanos que esperan una normativa ambiental que los proteja y que nos permita un país armónico ahora y en el futuro”.
En la declaración, las organizaciones ambientalistas, señalaron que el proyecto que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse en una amenaza en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el Gobierno y por la oposición. Las cuales según advirtieron “entregarían un poder desmedido a los intereses económicos, limitando el control del Estado sobre el patrimonio natural del país, haciendo énfasis en la profundización de la desigualdad y conflictos sociales que esta reforma acarreará”.
Para las organizaciones, entre los elementos más perjudiciales del proyecto se encuentran:
-Se flexibiliza el procedimiento de urgencia excepcional para reducir tiempos en la tramitación de proyectos, presionando al Estado en su actuación con el fin de acelerar la entrega de permisos, a proyectos que serán determinantes a dedo por los gobiernos.
-Se crea una nueva institucionalidad, a costa del fisco, para revisar las reclamaciones de proyectos y disfrazar el componente político en esta decisión. Esto en vez de aumentar la capacidad técnica y humana de los organismos ya existentes que tienen la expertiz y el conocimiento específico sobre las materias de su competencia.
