En el proyecto de ley del Gobierno se establecen principios como el mérito y la libertad de elección por sobre el derecho a la educación. Consultamos a expertos sobre las modificaciones a la Ley de Inclusión, que, para los analistas, acentúa el problema de la desigualdad en la sociedad chilena.
Rodrigo Fuentes
La idea del Gobierno ha sido difundida como un proyecto de ley que busca “promover y reconocer el esfuerzo académico”. De esta forma, los establecimientos educacionales podrán “seleccionar a sus alumnos en base a rendimiento”.
Así lo recalcó, este martes, el propio Presidente Sebastián Piñera, quien ha copado la agenda estos últimos días con actividades promocionales de la prenormativa “Admisión Justa”.
En una reciente reunión con directores de los Liceos Bicentenarios, el mandatario recalcó que la idea de “perfeccionar” el sistema de admisión escolar permitirá que instrumentos de movilidad social, como son los liceos de excelencia, “estén disponibles para familias vulnerables y de clase media”.
El otro argumento que ha utilizado el Ejecutivo es dejar que los padres escojan las escuelas, ejemplificando casos que solo se dan en la región Metropolitana, donde los niños lloran por no quedar en el colegio debido a la “tómbola”, un sistema de admisión utilizado este año en Santiago, que consiste en incluir a todos los postulantes, pero que las vacantes se resuelven mediante un sorteo.
Sin embargo, recordemos que la Ley de Inclusión aún no está operativa en la capital, siendo el sistema vigente de postulación vía internet el que ha dejado conforme a la mayoría de los apoderados que recientemente lo usaron en regiones, según propios datos oficiales.
Para el abogado constitucionalista Tomás Jordán, lo que está haciendo el Ejecutivo es modificar lo que se había avanzado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, de instalar el derecho de las personas a acceder a la educación como un factor que está por sobre el mercado y los intereses de los sostenedores.
“Cuando tú puedes elegir, seleccionas aquellos lugares afines a tu gusto, y esa barrera en general, en el sistema como derecho social, solo funciona para los establecimientos privados que se basan en una condición económica y no de carácter educacional. El único elemento que permitiría elegir, seleccionar, es la condición económica del padre que puede pagar un colegio privado, pero no las características particulares de un niño o niña”, afirmó.
Para el director Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Oscar Aguilera, el proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE) constituye un retroceso para la justicia en educación, propia de un discurso conservador de 1920.
Precisó que el argumento de comparar “admisión justa” con modelos de países desarrollados como Alemania carece de fundamento, ya que ahí se segrega a niños a partir de los 16 o 18 años, pero nunca desde los 10 o 13 años. Además, tomando en cuenta, agregó, que en aquellas naciones no existen marcadas diferencias socioeconómicas como sí las hay en nuestro país.
“Lo que se quiere hacer es un recurso falaz, colocar y construir la excepcionalidad en tres o cuatro experiencias, que es la idea, por ejemplo, de los liceos bicentenarios, de excelencia, sin tocar ni modificar el conjunto del sistema educativo que lo hace posible. Entonces desde ese punto de vista, en muchas sociedades te puedes encontrar sistemas educativos con algún nivel de selectividad, en base a algún criterio o a partir de una cierta etapa. De hecho, la gran centralidad que tiene Finlandia en su educación pública, entre otras características, es que es tremendamente territorializado”, argumentó.
Oscar Aguilera agregó que gobiernos anteriores nunca se cuestionaron indicadores utilizados para medir la calidad de la educación.
Además, indicó que no ha existido una inversión para recuperar las escuelas públicas, pero sí se las ha usado como una estrategia de bajo costo político, para deteriorar establecimientos educaciones, bajar la matrícula, posteriormente cerrarlos y reubicar a los estudiantes.
El director del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile finalmente indicó que, como toda política, el actual sistema de admisión requiere ajustes y mejoras, pero estas no pueden constituir un daño a la educación pública.
