11 agosto, 2020 Editor CT Política Nacional
por Héctor Nahuelpan, Álvaro Hofflinger, Edgars Martínez y Pablo Millalen/Ciper.
La investigación de los autores de esta columna indica que en 200 comunas de siete regiones, entre 1997-2015, la expansión forestal no mejoró los ingresos ni redujo el desempleo. En ese contexto, se preguntan: ¿A quiénes beneficia el odio racial que se expresó en el reciente desalojo de municipalidades? Los que entonaron “el que no salta es mapuche”, si bien favorecen a un sector político, a los grandes dueños de tierras y a la industria forestal, no participan en los beneficios que obtiene esa elite. Son personas que gestaron sus identidades en ideologías de supremacía criolla: “Soy pobre, pero no indio”.
El gobierno de Sebastián Piñera no quiere dialogar. No considera legítimo establecer una mesa de diálogo político de alto nivel, para reglamentar y aplicar lo estipulado en el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prisión vinculada a causas indígenas. Esta posición política sostenida durante más de tres meses de huelga de hambre, motivó a que comunidades mapuche ocuparan las municipalidades de Curacautín, Ercilla, Collipulli, Victoria y Traiguén.
En este contexto, la noche del 1 de agosto y de forma inédita, civiles armados con palos, armas blancas y fierros, convocados por organizaciones de agricultores de la zona, asistieron a desalojar los municipios. En medio de gritos como “el que no salta es mapuche”, los civiles quemaron vehículos de los comuneros y, frente a la presencia de carabineros, violentaron y golpearon a familias mapuche que comenzaban a dejar las instalaciones.
Aunque impactante, lo ocurrido la noche del primero de agosto es la expresión del odio racial anti-mapuche acumulado históricamente, en el contexto de la ocupación y colonización del Wallmapu.[1] Ocupación que, en Gulumapu, se originó en el siglo XIX, con la grotescamente denominada “Pacificación” de la Araucanía y con la colonización de las actuales provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. La constitución de la propiedad de la tierra, la soberanía estatal chilena y la modernización capitalista se fundaron en el despojo. La desposesión territorial Mapuche permitió la emergencia de una élite terrateniente suplantadora, y desde fines del siglo XX, con la implementación del neoliberalismo, se asentaron nuevos actores económicos y capitales extractivos, como la industria forestal.[2] El proceso colonial en territorio mapuche corresponde a una modalidad específica de colonialismo denominada settler colonialism, colonialismo de colonos o de asentamiento, el cual gira en torno al despojo-posesión de la tierra-territorio, la dominación racial, una lógica de eliminación, genocidio y desintegración de los pueblos indígenas como sujetos políticos colectivos.[3]
https://sergiomedinaviveros.blogspot.com/2020/08/a-quienes-beneficia-el-odio-racial-en.html
