Ellas encabezan las peores estadísticas del país. Son mayoría entre los más pobres, se mantiene como las mayores víctimas de violencia de género y viven abandonadas por el Estado. Pero ni piensan en perder la lucha.
Paulo Motoryn
páginaB!, 15-5-2017
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
Ser mujer en Brasil es peligroso. Cada día mueren 13 mujeres víctimas de violencia. Ellas son 4,8 víctimas de homicidio cada 100 mil habitantes. La mayoría de los asesinatos es cometida por familiares (50,3%) y amigos o compañeros (33,2%). Los datos son del Mapa de la Violencia – Homicidio de Mujeres en Brasil. Esos números alarmantes caracterizan a Brasil como uno de los países más letales en relación a género en el mundo.
Las Naciones Unidas denuncian que somos el quinto país en homicidios contra mujeres. Estamos delante de Siria, en guerra desde 2011, y apenas atrás de El Salvador, Colombia, Guatemala y Rusia, que acaba de “flexibilizar” la legislación sobre violencia contra la mujer. Pero hay una característica en Brasil que expone más a la violencia a un grupo determinado de mujeres: el racismo. El dato más reciente, de 2014, muestra que, mientras la tasa de homicidios de blancas fue de 3,2 por 100 mil habitantes, la de las negras se situó en 5,4 por 100 mil habitantes.
El mapa que analizó la década comprendida entre 2003 y 2013 (NdT: gobiernos de Lula y Dilma), apunta que hubo una disminución de 9,8% en el número de mujeres blancas asesinadas. Pero la violencia letal contra las negras aumentó 54,2%. El cuadro evidencia que políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género, como las leyes Maria da Penha y Feminicídio, son fundamentales, pero funcionan hasta cierto punto.
“Ese tipo de opresión, que articula múltiples facetas, produce un confinamiento social en los niveles inferiores de la sociedad, impidiendo la movilidad social, el progreso y el buen vivir”, define. Las políticas públicas omiten las desigualdades provocadas por el racismo, que torna la violencia contra las negras un fenómeno complejo.
Kimberle Crenshaw, profesora de derecho de California y de Columbia, importante encuestadora y activista por los derechos civiles en Estados Unidos, explica que para enfrentar ese escenario es preciso “reconocer que las experiencias de las mujeres negras no pueden ser encuadradas separadamente en las categorías discriminación racial y discriminación de género”. Hay lo que ella llamó de “interseccionalidad” (1), o sea, ambas categorías precisan ser ampliadas para abordar las cuestiones que envuelven la vida de las mujeres negras.
“Cuando las leyes no prevén que las víctimas de la discriminación racial pueden ser mujeres y que las víctimas de discriminación de género pueden ser mujeres negras, ellas acaban surtiendo el efecto deseado, y las mujeres quedan desprotegidas”, escribió Kimberle, en un artículo que integra el dossier de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, que se realizó en Durban, África del Sur, en 2001, y es un marco de enfrentamiento al racismo en el mundo. Es relevante que el Estado responda a la situación de violencia vividas por las negras. En Brasil, ellas suman 54,9 millones de personas (negras y pardas), lo que corresponde a 53,5% de población femenina. Sin embargo, ese grupo, a despecho de la cantidad de personas que representa, continua desprotegido. En 2014, según IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 68,6% de las mujeres negras vivían debajo de la línea de pobreza.
Ser mujer, negra, lésbica, trans, es tener una situación agravada en función de las asimetrías de género que caracterizan a la sociedad patriarcal y racista.
Para denunciar esa situación, las organizaciones de la sociedad civil Geledés y Criola, que actúan en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres negras, organizaron en setiembre del año pasado, una audiencia pública para presentar los casos de violaciones de derechos humanos de mujeres negras a la Comisión de Derechos Humanos de los Estados Americanos (OEA). “Las mujeres negras de Brasil viven un cuadro de guerras no declaradas, que de formas extremamente violentas restringen su capacidad de agenciarse de las condiciones de vida individuales y colectivas”, alerta Nilza Iraci, presidenta del Geledés.
Margarette Macaulay, comisaria de la OEA, relatora de los derechos de afro-descendientes y mujeres, estuvo en Brasil para el encuentro y escuchó a decenas de mujeres negras que contaron como fueron víctimas de violencia doméstica, violencia de género, violencia contra trans y lésbicas, violencia obstétrica, violencia sexual y violencia policial. Casos que se suman a otras violencias no letales, pero que son heridas cotidianas: la impunidad, la falta de reparación por el Estado y -el más agudo y profundo de todos los dolores- la violencia de vivir sin un hijo, muchas veces víctima de homicidio cometido por la policía. Juntas, ellas contaron como fue la pérdida de más de 600 vidas negras y otras tantas agresiones.
“Ser mujer, negra, lésbica, trans es tener su situación agravada en función de las asimetrías de género y raza que caracterizan a la sociedad patriarcal y racista, que las coloca en situación de mayor subordinación y discriminación, potencializando su situación de pobreza y vulnerabilidad”, explica Nilza.
Para Margarette, quedó evidente que “es imposible vivir con tantas violaciones”. Las consecuencias del preconcepto racial sobre las mujeres negras son perversas. “El racismo trabaja en el proceso de deshumanización de los sujetos negros, afecta lo nos constituye, en nuestra subjetividad e identidad. Él es una violencia que incide en nuestro cuerpo por medio de vivencias de humillación”, afirma la psicóloga Maria Lucia da Silva, del Instituto AMMA Psique e Negritude. “Esas vivencias, la mayoría de las veces, afectan nuestras emociones, provocando sentimientos diversos como vergüenza, inferioridad, rabia, impotencia. Esas situaciones, además de afectar directamente nuestro cuerpo, produciendo taquicardia, sudores, temblores, impotencia y, no pocas veces, dejando un grito parado en nuestras gargantas, como si no tuviésemos voz, como si no pudiésemos hablar”, completa Maria Lucia.
Negligencia, inadecuación e ineficiencia de políticas públicas son los factores que apuntan a la responsabilizar al Estado, en lo que dice respecto a la tasa elevada de asesinatos de mujeres negras, revela el dossier La Situación de los Derechos Humanos de Mujeres Negras en Brasil, producido por Geledés y Criola, y lanzado en setiembre de 2016: “No existe ningún mecanismo dirigido al enfrentamiento al racismo, sus impactos en la producción de la violencia contra las mujeres negras y al racismo institucional incorporado a esas acciones”, anota el documento.
Cuándo la violencia parte de agentes del Estado, la impunidad se torna todavía más escandalosa. A los 38 años, la auxiliar de servicios generales Claudia Ferreira da Silva, negra, madre de cuatro hijos biológicos y cuatro adoptivos, fue muerta por la Policía Militar (PM) de Río de Janeiro, en marzo de 2014, en el Morro da Congonha, zona norte. Había salido para comprar pan cuando cruzó su destino con tiros disparados por los policías. Atravesaron su corazón y cuello. Metieron su cuerpo en el porta-maletas para transporte de presos. El compartimiento se abrió, Claudio cayó en el asfalto.
La escena fue filmada y sólo por eso el homicidio se dio a conocer, y fue posible desmontar la farsa de los PMs que alegaban que Claudia estaría viva cuando “socorrida”. Los policías acusados del crimen están sueltos y no fueron juzgados. Continúan trabajando en la corporación. El proceso se tramita en el 3° Tribunal. Los seis PMs envueltos en el caso cargan en sus espaldas más de 62 muertes clasificadas como “autos de resistencia”, cuando se esgrime legítima defesa. El teniente Rodrigo Medeiros Boaventura y el sargento Zaqueu Jesus Pereira Bueno, fueron citados por la Policía Civil por homicidio doloso en julio de 2014. Los otros cuatro policías, fueron acusados de fraude procesal por haber alterado la escena del asesinato. Pero, el proceso está parado.
Es como si Claudia -y todas las mujeres negras periféricas- fuese invisible para la Justicia brasilera. La única reparación que la familia recibió fue un acuerdo con el cual fue posible comprar un inmueble de dos dormitorios. La hija mayor obtuvo un apartamento del programa Minha Casa Minha Vida. En época de barbarie, el entonces gobernador Sergio Cabral (PMDB) se reunió con los familiares de Claudia. “Lo mínimo que se espera es que (los policías) sean expulsados de la corporación”, declaró. Ellos apenas fueron transferidos de batallón. Nadie más se preocupa por la familia de Claudia.
Un informe de Amnistía Internacional Brasil muestra que en un período de diez años (2005-2014), fueron registrados 8.466 casos de homicidios decurrentes de la intervención policial en el estado de Rio de Janeiro. De esos, 5.132 ocurrieron en la capital. Y un dato significativo: en 2014, por ejemplo, los homicidios practicados por policías en servicio correspondieron a 15,6% del número total de homicidios en la capital fluminense. Para tener una idea de la impunidad, en 2011, en los 220 casos examinados por la organización en relación a la violación de derechos humanos cometidos por la policía, apenas un efectivo había sido juzgado. Hasta abril de 2015, 183 investigaciones seguían abiertas. La mayoría de las muertes ocurrieron en la violenta favela de Acari, en la zona norte carioca.
Luto hecho madre
En julio de 1990, la desaparición forzada de 11 jóvenes (siete adolecentes, la más chica tenía 13 años) de la favela de Acari (Río de Janeiro) quedó conocida como la “Carnicería de Acari” y marcó la historia de la comunidad. Ellos fueron llevados por un grupo de policiales a un paradero nunca descubierto. La investigación fue cerrada sin que nadie fuese responsabilizado y llevado a la Justicia. El crimen prescribió en julio de 2010. Ante la ausencia de Justicia, las madres de los jóvenes iniciaron una investigación propia. Son las “Madres de Acari”. Una de ellas, Edméia da Silva Eusébio, negra, fue asesinada a plena luz del día en el centro de la ciudad, luego de haber obtenido informaciones sobre los asesinatos de su hijo, Luiz Henrique da Silva Eusébio.
Para Amnistía Internacional, “la carnicería de Acari revela la incapacidad del Estado brasilero de garantir justicia para los casos de violencia policial, desapariciones forzadas y muertes por grupos de exterminio en el país”. El Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro recibió la denuncia del homicidio de Edméia el 11 de julio de 2011. Siete personas están siendo acusadas, la mayor parte policías militares, incluido el ex-comandante del 9º Batallón de Policía Militar, entonces responsable por la vigilancia de la región de Acari. Después de 22 años de la muerte de Edméia, el proceso continúa en fase de instrucción y el juzgamiento todavía no fue encaminado por el pues.
Nota de Correspondencia de Prensa
1) A propósito del término «interseccionalidad» y los debates en el feminismo de izquierda, ver artículo de Sharon Smith: Una defensa marxista de la interseccionalidad (Correspondencia de Prensa, 31-8-2017).
