Por Franco Machiavelo
En octubre de 2019 ardieron estaciones del Metro de Santiago. Pero, años después, una pregunta sigue golpeando la conciencia del país: ¿se investigó hasta las últimas consecuencias o hubo responsabilidades que quedaron en las sombras?
¡Qué curioso! Para levantar muros, calcular pérdidas y presentar facturas millonarias, el sistema funciona con admirable precisión. Pero cuando se trata de reconstruir los hechos, esclarecer las responsabilidades y responder las preguntas incómodas, la verdad parece caminar con muletas.
¿DÓNDE ESTÁN TODAS LAS PRUEBAS? ¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS REGISTROS DE LAS CÁMARAS? ¿SE INVESTIGARON TODAS LAS HIPÓTESIS, INCLUIDAS LAS MÁS INCÓMODAS PARA EL PODER?
La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados examinó precisamente la actuación de las autoridades, el manejo de las grabaciones de vigilancia y el papel de los servicios de inteligencia. No estamos hablando de preguntas inventadas: son asuntos que llegaron al propio Congreso.
El sarcasmo de la historia es brutal: ardieron las estaciones, se quemaron recursos públicos y millones de pasajeros sufrieron las consecuencias, pero la claridad sobre las responsabilidades no estuvo a la altura de la magnitud de la tragedia.
En una sociedad desigual, la sospecha siempre merece una pregunta incómoda: ¿reciben todos el mismo trato ante la justicia o existen poderes que cuentan con más recursos para proteger sus intereses y controlar el relato público?
No basta con señalar al primer detenido, exhibir imágenes aisladas o fabricar culpables para tranquilizar a la opinión pública. Tampoco basta con insinuar una conspiración sin pruebas. La verdad exige algo mucho más serio: documentos, peritajes independientes, registros completos y una investigación que no se detenga ante ningún cargo, uniforme ni influencia económica.
QUIENES INCENDIARON EL METRO DEBEN RESPONDER. Y QUIENES HUBIERAN OCULTADO PRUEBAS O ENTORPECIDO DELIBERADAMENTE LA INVESTIGACIÓN, SI ESO SE DEMUESTRA, TAMBIÉN DEBEN RENDIR CUENTAS.
