Por Jano Ramírez
Estamos frente a una lucha por el control de una economía estratégica para el capitalismo
mundial y por el destino de una sociedad atravesada durante décadas por la renta petrolera,
la dependencia, las luchas populares y las contradicciones del proceso bolivariano. Lo
ocurrido en Venezuela no puede entenderse como un episodio aislado: la invasión
estadounidense del 3 de enero de 2026, el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia
Flores, y la posterior reorganización política y económica del país abrieron una nueva etapa
en la disputa por el petróleo, el gas, la minería, las empresas estratégicas y el futuro de la
clase trabajadora venezolana.
La Venezuela posterior a 1958 surgió de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez
y de la construcción del régimen de la llamada Cuarta República. El Pacto de Punto Fijo
estabilizó un sistema político dominado fundamentalmente por Acción Democrática y
COPEI. Aunque existían elecciones e instituciones democráticas, el poder estaba
concentrado en los partidos tradicionales y sus relaciones con las clases dominantes.
Durante décadas, el régimen se sostuvo, entre otros factores, gracias a la enorme renta
petrolera. Venezuela poseía una de las mayores riquezas petroleras del planeta, pero esa
riqueza estaba integrada a una economía capitalista dependiente de las necesidades del
mercado mundial.
En 1976 se nacionalizó la industria petrolera y nació PDVSA. Sin embargo, la
nacionalización no significó una transformación socialista de la sociedad: la economía
continuó dependiendo de la exportación de petróleo y de las relaciones capitalistas. Durante
los años ochenta, la caída de los precios del crudo, el endeudamiento, la devaluación y el
deterioro de las condiciones de vida golpearon a las mayorías. En 1989, el programa de
ajuste aplicado por Carlos Andrés Pérez desencadenó el Caracazo, una rebelión popular
que evidenció el profundo agotamiento del régimen. La represión dejó cientos de muertos,
posiblemente miles según distintas investigaciones, y el viejo orden comenzó a perder
aceleradamente su legitimidad.
En ese contexto apareció Hugo Chávez. Tras el fracaso de su intento de golpe militar en
1992, fue encarcelado, posteriormente liberado y terminó disputando el poder por la vía
electoral. En 1998 ganó la presidencia con alrededor del 56% de los votos, expresando la
crisis de los partidos tradicionales y la búsqueda de una alternativa por parte de millones de
trabajadores y sectores populares. La Constitución de 1999 y las políticas sociales
posteriores modificaron profundamente la relación entre el Estado y las masas. Con los
ingresos petroleros se financiaron programas de salud, educación, alimentación y vivienda,
mientras se profundizaba la confrontación con sectores de la burguesía venezolana y con el
imperialismo estadounidense.
El golpe de abril de 2002 marcó un punto de quiebre. La burguesía venezolana y sectores del aparato estatal intentaron desplazar a Chávez por la fuerza, pero fueron derrotados por la movilización de masas y la acción de sectores de las Fuerzas Armadas. Los trabajadores y sectores populares no fueron espectadores: actuaron directamente para impedir el triunfo del golpe. Después vino el paro patronal y el sabotaje petrolero de diciembre de 2002 y comienzos de 2003. La recuperación de las instalaciones petroleras y de la producción mostró el poder de una clase trabajadora situada en un sector estratégico de la economía.
Como señaló el CIT en sus análisis de aquellos acontecimientos, existían posibilidades
para desarrollar organismos independientes de trabajadores, sectores populares y soldados
de base. Sin embargo, ese proceso no desembocó en la toma del poder por parte de la
clase trabajadora.
El chavismo enfrentó efectivamente a sectores de la burguesía y al imperialismo, impulsó
importantes conquistas sociales y movilizó políticamente a millones de personas. Pero
mantuvo la dependencia petrolera, la estructura capitalista y una creciente concentración
del poder en el aparato estatal. La propiedad estatal no se tradujo en control democrático de
las empresas por parte de los trabajadores. Las luchas obreras en SIDOR y otras industrias
estratégicas expresaron esa contradicción. Con Chávez hubo cambios profundos respecto
del pasado, pero no una revolución socialista concluida. La burocratización, la corrupción y
la falta de control obrero fueron acumulando contradicciones que se profundizarían bajo
Nicolás Maduro.
Tras la muerte de Chávez en 2013, la caída de los precios del petróleo, la inflación, el
desplome de la producción, la crisis de los servicios públicos y el deterioro de los salarios
agravaron la situación. Las sanciones estadounidenses profundizaron las dificultades
económicas y financieras, pero no explican por sí solas toda la crisis: también pesaron la
dependencia petrolera, la corrupción, el deterioro productivo y la burocratización. Al mismo
tiempo, la relación entre el gobierno y sectores de la clase trabajadora se volvió cada vez
más conflictiva, especialmente por los salarios, los contratos colectivos y las restricciones a
la organización sindical.
En 2024, la disputa por los resultados presidenciales profundizó la crisis de legitimidad del
gobierno y permitió a la oposición burguesa recuperar iniciativa política. Pero las demandas
democráticas de las masas —libertad de organización, elecciones, derechos políticos y
libertad para los presos— no deben confundirse con el proyecto de una oposición que
busca recuperar el control del Estado para reinsertar la economía venezolana bajo las
condiciones del capital internacional.
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos invadió militarmente Venezuela y secuestró a
Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Como Comité por una Internacional de los
Trabajadores, el mismo día condenamos categóricamente esta invasión imperialista y el
secuestro de ambos. No se puede justificar la agresión de una potencia extranjera
invocando la democracia ni los supuestos delitos de un gobierno. El futuro de Venezuela
debe decidirlo su pueblo, no las fuerzas militares de Washington ni los intereses de las
corporaciones petroleras. Estos hechos son una agresión colonial del imperialismo
estadounidense y debemos combatirlo mediante la movilización de masas y la lucha por
una alternativa socialista democrática. Declaración de Tony Saunois, CIT, 3 de enero de
2026.
Esta condena no significa respaldar políticamente al gobierno de Maduro ni ocultar sus responsabilidades en la crisis venezolana. Nuestra posición parte de la independencia de clase: combatir la agresión imperialista, defender el derecho del pueblo venezolano a decidir su destino y, al mismo tiempo, enfrentar la burocracia gobernante y la derecha burguesa. La oposición al imperialismo no puede convertirse en una defensa incondicional de un aparato estatal que ha restringido derechos sindicales y perseguido a sectores del movimiento obrero.
Estados Unidos no invadió Venezuela para garantizar la autodeterminación de su pueblo.
Se trata de un país con enormes reservas de petróleo, gas y minerales, en una disputa que
también tiene una dimensión geopolítica frente a potencias rivales. Los acontecimientos
posteriores han dejado cada vez más claro el peso de los intereses energéticos en esta
operación.
En agosto de 2026, Washington anunció un acuerdo petrolero que la propia Casa Blanca
presentó como una vía para asegurar la «dominación energética» estadounidense. Los
términos anunciados incluyen derechos de control sobre más de 65.000 millones de barriles
de reservas, una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y
concesiones de hasta 100 años para 17 campos petroleros. Estos anuncios deben
distinguirse de la implementación efectiva de cada concesión, pero expresan con claridad la
orientación de la política estadounidense: reorganizar el sector energético venezolano para
ampliar el control del capital extranjero sobre recursos estratégicos.
A esto se suma la expansión de grandes transnacionales. El 5 de octubre, Baker Hughes
anunció nuevos acuerdos con PDVSA para ampliar infraestructura gasífera y participar en
futuros proyectos de petróleo y gas. Repsol ha incrementado sus operaciones y
movimientos de crudo venezolano, mientras Chevron, Eni, Shell, BP y otras empresas
buscan ampliar su participación en el sector energético. La llamada «reconstrucción
venezolana» no puede presentarse como una operación neutral. La experiencia
latinoamericana demuestra que la apertura de sectores estratégicos al capital transnacional
busca asegurar ganancias, controlar recursos y apropiarse de una parte sustancial de la
riqueza producida.
Venezuela dispone de petróleo, gas, hierro, aluminio y otros recursos estratégicos. Mientras
las transnacionales amplían sus negocios y buscan garantizar ganancias a largo plazo, la
clase trabajadora que genera esa riqueza continúa enfrentando salarios de miseria,
precarización y empobrecimiento. Los trabajadores producen la riqueza, pero el capital se
apropia de ella. Esa es la contradicción fundamental que el discurso de la inversión y la
recuperación económica intenta ocultar.
En este proceso, la responsabilidad del gobierno de Delcy Rodríguez es central. Su
gobierno negocia con Washington y facilita la apertura al capital internacional, presentando
los acuerdos como una vía para recuperar la producción y los ingresos del Estado. Esto
constituye una capitulación frente a las exigencias del imperialismo estadounidense. Una
burocracia que durante años se proclamó defensora de la soberanía nacional termina
negociando con Washington las condiciones de explotación de una parte de las riquezas del
país.
A esta apertura se suma el acercamiento a los organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional anunció en octubre que buscaba establecer una oficina en Venezuela, mientras el Banco Mundial reanudó sus relaciones institucionales con el país y exploró áreas de colaboración técnica. Históricamente, los programas de ajuste impulsados por estos organismos han estado asociados a exigencias de austeridad y reformas que trasladan los costos de las crisis a los trabajadores y sectores populares. No podemos aceptar que, en nombre de la reconstrucción, se consolide una nueva subordinación económica mientras la clase trabajadora continúa pagando las consecuencias de la crisis.
La derecha venezolana también busca aprovechar esta transición. María Corina Machado y
su espacio político intentan ocupar la dirección de la oposición y abrir el camino a su propio
proyecto económico. Por eso rechazamos que la alternativa consista simplemente en
escoger entre la burocracia chavista y la derecha burguesa. Las demandas de elecciones,
libertades democráticas, libertad sindical y libertad para los presos políticos pertenecen a
las masas, no a una oposición que pretende utilizarlas para legitimar un nuevo orden
favorable a los empresarios y al imperialismo.
Mientras se reorganizan las relaciones de poder, la conflictividad social continúa. Durante
2026 se han registrado miles de protestas vinculadas a salarios, servicios públicos,
electricidad, condiciones laborales, presos políticos y demandas electorales. La movilización
de trabajadores petroleros activos y jubilados frente a PDVSA La Campiña ha reclamado
salarios, contrato colectivo y derechos laborales, denunciando también la entrega de
recursos petroleros a empresas transnacionales. La lucha económica comienza así a
encontrarse directamente con la cuestión nacional: no se trata solamente de cuánto gana un
trabajador, sino también de quién controla la industria en la que trabaja y quién se apropia
de la riqueza que produce.
Lo mismo ocurre en Guayana, donde se concentran industrias estratégicas como SIDOR,
Ferrominera, Venalum, Alcasa, Carbonorca y Corpoelec. Durante septiembre, los
trabajadores volvieron a movilizarse por salarios, beneficios, transporte, salud, contratos
colectivos y demandas políticas relacionadas con la transición. Allí se encuentra una parte
decisiva de las cadenas productivas del hierro, el acero, el aluminio y la electricidad. El
capital necesita recuperar esas industrias para sus negocios; los trabajadores necesitan
recuperar empleos, salarios y condiciones de vida. La disputa por quién controla las
empresas básicas es, por tanto, una disputa por el futuro económico del país.
La experiencia venezolana ya demostró que la propiedad estatal sin democracia obrera
puede convivir con burocracia, corrupción, baja productividad y persecución sindical. Ahora
aparece también el peligro de que la crisis de esas empresas sea utilizada para justificar su
apertura al capital privado e internacional. Cualquier recuperación real debe incorporar a los
trabajadores que conocen y hacen funcionar esas industrias, mediante mecanismos de
control democrático de la producción y del destino de la renta.
El problema es que hoy no existe una fuerza obrera nacional homogénea capaz de dirigir
por sí sola el proceso. Existen distintas centrales sindicales, corrientes políticas, sectores
chavistas, opositores, independientes y organizaciones revolucionarias. También existe un
aparato estatal con recursos y capacidad de coerción, una derecha con importantes
vínculos internacionales y un capital extranjero que dispone de enormes recursos. Pero
sería un error considerar que el escenario está cerrado. La magnitud de la protesta social y
la posición estratégica de los trabajadores petroleros y de Guayana abren un campo de
disputa política.
Una huelga petrolera, una movilización en Guayana, una protesta por salarios o una lucha contra los apagones pueden permanecer como conflictos separados o articularse en una dinámica nacional. Para que esa fuerza social pueda convertirse en poder político se necesitan organización independiente, democracia desde las bases, coordinación nacional y una perspectiva propia de la clase trabajadora.
Las demandas por salarios, pensiones, contratos colectivos, libertad sindical, reincorporación de despedidos, libertad de presos políticos, elecciones, servicios públicos y defensa de los recursos nacionales no deben tratarse como problemas aislados. Deben vincularse a una lucha contra el saqueo imperialista, la burocracia gobernante y la derecha burguesa. La condena a la invasión estadounidense y la exigencia de libertad inmediata para Maduro y Cilia Flores forman parte de la defensa del derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro; no significan renunciar a la crítica independiente del chavismo ni subordinarse a la oposición capitalista.
Venezuela está en un campo abierto de disputa. Estados Unidos busca asegurar posiciones
estratégicas sobre petróleo y energía; las transnacionales amplían sus negocios; la
burocracia gobernante negocia las condiciones de esa apertura; la derecha burguesa
intenta ocupar el espacio político, mientras miles de trabajadores y sectores populares se
movilizan por salarios, derechos, servicios y libertades.
Por eso debemos profundizar nuestra posición frente al proceso venezolano: ¿cómo
construir una alternativa política propia de los trabajadores, independiente de la burocracia
gobernante, de la derecha y del imperialismo, capaz de luchar por una transformación
socialista de la sociedad? Esta discusión no concierne solamente a Venezuela. Sus
lecciones, contradicciones y desafíos forman parte de los problemas que enfrenta la clase
trabajadora en toda América Latina. La salida no vendrá de Washington ni de las
negociaciones entre gobiernos y corporaciones, sino de la organización independiente de
los trabajadores y los sectores populares para conquistar el poder y poner la riqueza social
al servicio de las mayorías.
