La estrepitosa caída de los fondos de pensiones D y E es la ratificación irrefutable de que no estamos ante meras fluctuaciones del mercado o altibajos normales de largo plazo, como suele señalar la Asociación de AFP. Al contrario, es la consecuencia natural de un sistema de capitalización individual fundado en la especulación de los ahorros previsionales de las y los trabajadores. Estos hechos demuestran de forma irrebatible que un modelo basado en el lucro resulta estructuralmente opuesto a un verdadero sistema de Seguridad Social.
El daño patrimonial estimado inicialmente en 7.700 millones de dólares para los afiliados ha escalado, según datos publicados en los días posteriores, a más de 11.000 millones. Aún no existe certeza real sobre la magnitud de la pérdida que terminará afectando tanto a los nuevos pensionados como a quienes están prontos a jubilarse.
La gravedad de estos eventos exige responsabilidades directas de los altos ejecutivos de las administradoras y de la Superintendencia de Pensiones. Ambas entidades ignoraron que los usuarios de los fondos más conservadores -el Fondo D y el Fondo E- no podían ser expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales. Las variaciones de las tasas de interés globales están sujetas a múltiples factores geopolíticos que vulneran la protección de los cotizantes. Esta era una obligación de resguardo que las AFP y las autoridades evadieron. La insensatez y negligencia inexcusable de los ejecutivos exige que esto no quede solo en declaraciones públicas; es preciso indagar a fondo hasta determinar quiénes son los responsables y hacer que paguen.
Detrás de las frías planillas de Excel y los porcentajes negativos de este mes de octubre, se esconde una tragedia humana silenciosa y devastadora. Para un trabajador que planeaba jubilarse este fin de año, una caída del 10% en el Fondo E no es una estadística abstracta: significa ver desaparecer, en pocas semanas, el equivalente a dos o tres años de ahorros ininterrumpidos. Quienes optaron por refugiarse en los fondos D y E lo hicieron bajo la promesa estatal de que eran zonas de «menor riesgo». Eran personas que conscientemente aceptaron rentabilidades bajas con tal de proteger el esfuerzo de cuatro décadas de trabajo. Hoy, la realidad los golpea con un castigo financiero brutal que reduce drásticamente el monto de sus futuras pensiones mensuales, obligando a miles de adultos mayores a postergar su retiro indefinidamente o a resignarse a una vejez de privaciones bajo la línea de la pobreza. Mientras el sistema juega a la ruleta internacional, las AFP hicieron exactamente lo contrario a protegerlos.
La fe pública ha sido quebrantada por completo, dejando a la clase trabajadora en una profunda orfandad de protección. Ante este escenario, resulta vital no perder de vista el problema central y la causa raíz de estos colapsos: un modelo donde quienes viven de un salario destinan mes a mes, de forma obligatoria, el 10% de sus ingresos a fondos que, al final de su vida activa, solo les generan pensiones miserables.
Durante años, diversos sindicatos, la Coordinadora Nacional NO+AFP y centros de investigación como Fundación Sol y Cenda han manifestado públicamente que el problema de fondo es estructural. La capitalización individual constituye la antípoda de la Seguridad Social, la cual exige un carácter público y solidario, tal como opera en la mayoría de los países del mundo. Persistir en este esquema que ya se arrastra 45 años y solo favorece a un pequeño puñado de corporaciones que especulan con dinero ajeno es inaceptable.
Bajo esta perspectiva, la reforma de 2025 impulsada por el Gobierno anterior resultó ser sumamente grave. Lejos de solucionar la crisis, consolidó un sistema quebrado socialmente y aumentó de forma considerable el flujo de capital al que tienen acceso las administradoras, volviendo aún más complejo el camino para restituir una verdadera previsión social en Chile. Hoy, los hombres y mujeres ad portas de jubilar se llevan la peor parte, mientras las AFP gozan de un marco legal que les garantiza impunidad y las libera de responder por los daños patrimoniales que provocan.
De hecho, mientras la ciudadanía se concentra en asimilar estas gigantescas pérdidas, la realidad financiera corporativa corre por una vía paralela. Al mes de junio de este año, las AFP aumentaron sus ganancias en más de un 13%, acumulando utilidades por $377.269.695.000, una cifra obscena que equivale a percibir más de 2 mil millones de pesos al día.
Ya no basta con reclamar o manifestar indignación; es necesario canalizar este malestar y desamparo en acciones que restituyan la dignidad ciudadana y el ejercicio efectivo de derechos. Frente a este acto espurio, cobra total sentido la propuesta de la coordinadora nacional de iniciar acciones judiciales masivas. Presentar demandas concretas contra las AFP y la Superintendencia de Pensiones, además de exigir que el Consejo de Defensa del Estado asuma la protección activa del patrimonio de los contribuyentes vulnerados, se vuelve un paso indispensable.
En una fecha tan emblemática como el 18 de octubre, cuando millones de personas salieron a las calles a exigir derechos sociales legítimos, resulta plenamente coherente reactivar las movilizaciones y las vías legales. Es el momento de reivindicar el derecho a una Seguridad Social solidaria y pública, terminando de una vez por todas con un abuso sistémico que ya cumple 45 años.
