por Franco Machiavelo
¡SUBE EL COMBUSTIBLE, SUBE EL TRANSPORTE, SUBEN LOS ALIMENTOS Y EL PUEBLO TERMINA PAGANDO LA CUENTA!
He aquí la extraordinaria alquimia del capitalismo: el precio del combustible aumenta, los costos del transporte se disparan y, mediante una sucesión de tarifas, contratos y decisiones comerciales, la factura termina aterrizando en la mesa de millones de consumidores.
¡Qué maravillosa arquitectura económica! Las decisiones se toman arriba, los acuerdos se negocian entre organizaciones empresariales y autoridades, pero las consecuencias descienden por la escalera social hasta golpear a quienes apenas consiguen llegar a fin de mes.
EL COSTO SE TRASLADA HACIA ABAJO; EL SACRIFICIO SE CONCENTRA EN LOS DE SIEMPRE.
¡EL ACUERDO QUE PUEDE TERMINAR PAGANDO EL PUEBLO!
Las noticias de estos últimos días revelan que el Gobierno de José Antonio Kast y los gremios del transporte de carga están negociando mecanismos para trasladar las alzas del diésel a las tarifas de los fletes. Los camioneros han solicitado, entre otras medidas, que los costos del combustible se reflejen en los precios que pagan sus clientes.
El argumento de los transportistas es que el aumento del diésel amenaza la continuidad de numerosas pequeñas empresas. Es una preocupación económica que merece ser examinada seriamente.
Pero hay una pregunta que no puede quedar fuera de la discusión: ¿quién terminará pagando esos nuevos valores cuando los costos del transporte se incorporen al precio del pan, las verduras, las frutas, los medicamentos y los artículos de primera necesidad?
Porque una cosa es reconocer las dificultades de los pequeños transportistas y otra muy distinta es convertir al consumidor en el pagador automático de cada incremento.
¡Y atención! Al 15 de octubre, lo que se informa es una negociación para implementar ese mecanismo, no la confirmación de un acuerdo definitivo ya ejecutado.
La discusión, sin embargo, ya deja al descubierto el problema fundamental: si el combustible sube, aumenta el flete y las empresas trasladan esos mayores costos a sus precios, el ciudadano común puede terminar financiando una cadena de incrementos sobre la cual tiene escaso o ningún control.
¡El consumidor no participó en las negociaciones, pero podría recibir la factura!
¡EL MERCADO TIENE MUCHOS ABOGADOS Y EL PUEBLO, CADA VEZ MENOS DINERO!
¡LA DESINFORMACIÓN TAMBIÉN SE PAGA EN LA CAJA!
El fraude silencioso no consiste necesariamente en una estafa ilegal. Consiste, en su dimensión política, en ocultar las consecuencias sociales de las decisiones económicas, presentar los intereses particulares como si fueran intereses colectivos y evitar que la ciudadanía comprenda quién termina pagando.
La operación es sencilla: se habla del precio internacional del petróleo, de las dificultades de los camioneros y de la necesidad de reajustar las tarifas. Todo puede sonar técnicamente razonable.
Pero ¿cuánto aumentará realmente el costo de los alimentos? ¿Qué parte del incremento se trasladará al consumidor? ¿Cómo se controlarán los posibles abusos? ¿Qué medidas protegerán a los hogares de menores ingresos?
Estas preguntas deberían ocupar el centro del debate público.
Porque la desinformación no siempre necesita una mentira monumental. A veces le basta con una verdad incompleta, repetida hasta que la población deja de preguntar.
¡CUANDO SE OCULTA QUIÉN PAGA, LA DESIGUALDAD SE DISFRAZA DE NECESIDAD ECONÓMICA!
¡LAS PÉRDIDAS BAJAN POR EL ASCENSOR Y LAS GANANCIAS SUBEN POR LA ESCALERA!
La contradicción es evidente: los costos pueden trasladarse de un sector a otro, pero los ingresos de las familias no aumentan automáticamente con ellos.
Si suben los fletes y los comerciantes elevan los precios, mientras los salarios permanecen estancados, el poder adquisitivo disminuye.
El mismo sueldo compra menos pan, menos verduras, menos carne y menos dignidad material.
Y cuando el hogar popular reduce sus compras, no está participando en una sofisticada estrategia macroeconómica: está renunciando a necesidades concretas para sobrevivir.
¡A LOS PODEROSOS LES BASTA REAJUSTAR SUS TARIFAS; A LOS POBRES LES TOCA REAJUSTAR SU ALIMENTACIÓN!
He ahí la desigualdad en su expresión cotidiana: unos disponen de mecanismos para negociar sus costos; otros solamente disponen de la posibilidad de consumir menos.
No se trata de afirmar que todos los empresarios obtienen ganancias extraordinarias ni de negar que existen transportistas al borde de la quiebra. Se trata de exigir que las soluciones no conviertan a los sectores más vulnerables en la variable de ajuste de la economía.
¡LA DEMOCRACIA NO PUEDE TERMINAR EN LA PUERTA DEL SUPERMERCADO!
