por El Porteño
La medalla entregada en Francia a Héctor Llaitul ha producido un efecto político mucho mayor que el de una ceremonia protocolar. El reconocimiento, recibido por su hijo Ernesto de manos del diputado franco-chileno Rodrigo Arenas, integrante de La France Insoumise, ha trasladado nuevamente al escenario internacional una cuestión que el Estado chileno insiste en procesar fundamentalmente mediante las categorías del orden público, la seguridad interior y el derecho penal. T13 informó este miércoles que el dirigente histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) recibió la distinción mientras cumple en Chile una condena de 23 años de cárcel. El propio Arenas presentó el homenaje como un reconocimiento a la lucha del pueblo mapuche y ha reconocido a Llaitul como un preso político.
La reacción de El Mercurio resulta por ello reveladora. Bajo el título «Por ser una “legitimación de la violencia”, critican medalla francesa otorgada a Llaitul», el diario organiza su información alrededor de las declaraciones de dirigentes gremiales, representantes de víctimas y otros actores que interpretan el reconocimiento como una legitimación de la violencia. La operación editorial consiste en desplazar inmediatamente la discusión desde aquello que Arenas pretende colocar en primer plano —la existencia de una cuestión nacional mapuche, con dimensiones históricas, territoriales y culturales— hacia la caracterización penal de Llaitul y de la CAM. La controversia, sin embargo, no desaparece por cambiarle el nombre: precisamente lo que está en disputa es si el llamado «conflicto de La Araucanía» puede comprenderse exclusivamente mediante las categorías de la criminalidad y la seguridad interior del Estado.
La CAM, Llaitul y la construcción del enemigo interno
La CAM se define políticamente a partir de una estrategia de reconstrucción nacional mapuche, autonomía y recuperación territorial. Desde esa perspectiva, puede ser caracterizada políticamente como una organización de liberación nacional, caracterización que sus adversarios rechazan y sustituyen por la de organización terrorista. Pero existe aquí una precisión jurídica fundamental: Héctor Llaitul no fue condenado por terrorismo ni bajo la Ley Antiterrorista. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo condenó por delitos previstos en la Ley de Seguridad del Estado, además de usurpación violenta, hurto y atentado contra la autoridad. La Corte Suprema confirmó posteriormente la sentencia. Esa es la realidad judicial sobre la cual debe desarrollarse cualquier discusión seria, y no sobre la base de atribuirle una condena por terrorismo que simplemente no existe.
Precisamente allí aparece uno de los aspectos más controvertidos del proceso. Una parte decisiva de la condena —quince años— proviene de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a declaraciones públicas que los tribunales consideraron constitutivas de incitación, promoción o apología de acciones violentas. La defensa de Llaitul sostuvo durante el proceso que la persecución penal vulneraba garantías fundamentales y que debía ser considerada a la luz del Convenio 169 de la OIT y de la condición de dirigente perteneciente al pueblo mapuche. Los tribunales chilenos —dando cuenta del carácter político de la persecución contra Llaitul— rechazaron esa interpretación. Por ello, sostener que estamos frente a una condena incompatible con garantías constitucionales, con la libertad de expresión y con los estándares internacionales sobre pueblos indígenas constituye una impugnación jurídica y política de la sentencia, no una declaración efectuada por los propios tribunales.
Lo mismo debe decirse respecto de los restantes delitos. Existe una condena judicial por hurto de madera y sería absurdo pretender ocultarla. La cuestión políticamente relevante consiste en determinar en qué contexto se producen esos hechos y cómo deben ser interpretados dentro de un conflicto territorial en el cual las organizaciones mapuche cuestionan precisamente la legitimidad histórica de la propiedad constituida sobre territorios reivindicados como ancestrales. Los tribunales resolvieron ese problema mediante las categorías del derecho penal chileno. La cuestión política consiste precisamente en preguntarse qué conflicto histórico está siendo procesado por medio de ellas, qué relaciones territoriales protege ese derecho y por qué una controversia nacional, territorial y política termina administrada mediante fiscales, policías, legislación de seguridad, cárceles y Fuerzas Armadas.
Presentar, entonces, a Llaitul simplemente como un «terrorista» o un «ladrón» no constituye una descripción jurídicamente rigurosa de la sentencia y, sobre todo, elimina deliberadamente el conflicto político dentro del cual aquella condena adquiere significado. Tampoco la CAM puede ser convertida mediante una operación periodística en una organización jurídicamente declarada terrorista. Otra cosa es que determinadas autoridades, asociaciones gremiales o adversarios políticos utilicen esa caracterización. La distinción no es menor: cuando el lenguaje de la guerra contra el terrorismo reemplaza el análisis de un conflicto nacional, la categoría penal termina desempeñando una función política mucho más amplia que la descripción de conductas individuales.
De Piñera a Boric y Kast: la excepción convertida en régimen
Ese contexto represivo difícilmente puede considerarse secundario. Y aquí la cronología resulta decisiva. La militarización contemporánea del Wallmapu mediante el Estado de Excepción no comenzó bajo Gabriel Boric, sino durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El 12 de octubre de 2021 Piñera promulgó el Decreto Supremo N.º 270 —publicado el día siguiente— que declaró Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y Cautín y Malleco, en La Araucanía. La medida fue sucesivamente prorrogada durante los últimos meses de su gobierno.
Existió una interrupción al asumir Gabriel Boric. El nuevo gobierno no renovó inmediatamente el estado de excepción heredado de Piñera, pero esa discontinuidad fue breve: en mayo de 2022 volvió a establecerlo en la denominada Macrozona Sur y desde entonces la excepcionalidad se transformó progresivamente en permanencia. De esta manera, desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2026, con aquel breve intervalo durante los primeros meses de Boric, el despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas se ha convertido en una característica estructural de la política estatal hacia el territorio mapuche.
La continuidad atraviesa gobiernos políticamente distintos, unidos por una vocación antimapuche. Piñera inició este ciclo; Boric lo restableció y prolongó; y la administración posterior lo ha mantenido. En marzo de 2026, un informe de la Cámara de Diputados identificaba expresamente la solicitud presidencial entonces sometida al Congreso como la prórroga número 66 del Estado de Excepción en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.
Estamos, por consiguiente, ante casi cinco años desde la primera declaración de octubre de 2021 —descontando aquella breve interrupción— durante los cuales una institución constitucional concebida como excepcional y temporal ha terminado adquiriendo los rasgos de una forma normalizada de administración territorial. La cuestión excede por completo a un presidente o una coalición. La continuidad entre gobiernos de signos diferentes permite identificar una política de Estado: frente a la cuestión nacional mapuche, el Estado chileno ha privilegiado crecientemente un dispositivo en el que convergen legislación especial, persecución penal, policías, inteligencia y presencia militar.
Es dentro de ese escenario, y no fuera de él, donde debe analizarse la persecución penal de Llaitul y de otros dirigentes mapuche. El conflicto no nació con la CAM ni con los atentados incendiarios de las últimas décadas. Remite a la ocupación militar de la Araucanía durante el siglo XIX, a la reducción territorial de las comunidades, al desarrollo posterior del latifundio y, durante la dictadura, a una reorganización económica y territorial que favoreció decisivamente la expansión de la industria forestal. La resistencia contemporánea aparece sobre esa estructura histórica. Comenzar el relato por el incendio de una máquina forestal significa comenzar la historia por su último capítulo.
Una medalla que rompe el cerco nacional
Es precisamente ese cuadro el que desaparece detrás de la nota de El Mercurio. El reconocimiento francés es presentado primordialmente como un problema de «legitimación de la violencia», mientras el conflicto histórico por la tierra, la cuestión nacional mapuche y la excepcionalidad constitucional prolongada quedan relegados al fondo del escenario. Se trata utilizar el derecho penal para sustituir completamente el análisis histórico y político del conflicto.
Las palabras de Rodrigo Arenas resultan especialmente incómodas porque introducen precisamente esa dimensión. El parlamentario nació en Valparaíso, integra actualmente la Asamblea Nacional francesa por La France Insoumise y entregó el reconocimiento a Ernesto Llaitul en representación de su padre. La información publicada en Chile confirma que la iniciativa fue presentada expresamente como una manera de otorgar visibilidad internacional a las reivindicaciones territoriales y de autonomía mapuche.
El reconocimiento de Héctor Llaitul como preso político corresponde a una posición política expresada por Arenas y compartida por quienes cuestionan la naturaleza de su procesamiento y condena; no es una calificación emanada de un tribunal internacional. Pero tampoco puede ser descartada simplemente como una extravagancia europea o como producto del desconocimiento de la situación chilena. Lo que hace el diputado francés es situar el expediente penal dentro de un conflicto político anterior y mucho más amplio que ese expediente. Precisamente por ello el reconocimiento irrita a quienes sostienen la interpretación contraria: internacionaliza aquello que se pretende mantener confinado dentro del paradigma doméstico de la seguridad pública.
Hay, además, una ironía histórica particularmente significativa en la propia página de El Mercurio. Al explicar la biografía de Rodrigo Arenas, el diario señala que sus padres salieron de Chile durante la dictadura. La palabra importa. El periódico que históricamente respaldó el régimen encabezado por Augusto Pinochet se encuentra hoy obligado a utilizar una denominación que durante décadas fue objeto de una gigantesca disputa política y cultural. Lo que alguna vez fue presentado sistemáticamente como «Gobierno Militar» aparece ahora, incluso dentro del lenguaje periodístico de El Mercurio, denominado por aquello que históricamente fue: una dictadura.
Algo semejante ocurre con la cuestión mapuche. El Estado chileno puede continuar describiendo el problema primordialmente mediante categorías de seguridad, y sus aparatos políticos y comunicacionales pueden insistir en reducir la resistencia mapuche a criminalidad, terrorismo, robo de madera y violencia rural. Pero las categorías no eliminan las contradicciones materiales que pretenden describir. Existe un pueblo que reivindica territorio, autonomía y continuidad histórica; existe una estructura de propiedad surgida de un largo proceso de ocupación y desposesión; existe una industria forestal cuya expansión modificó radicalmente la estructura económica del territorio; y existe, desde octubre de 2021, un recurso casi permanente a la excepcionalidad constitucional para administrar militarmente una parte significativa de ese conflicto.
Por eso la medalla francesa posee un significado político que excede largamente a la persona que la recibe. En la interpretación de Arenas, el reconocimiento afirma que detrás del expediente penal de Héctor Llaitul existe un conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que reivindica derechos nacionales y territoriales. El Mercurio responde presentando el homenaje como «legitimación de la violencia». Son dos caracterizaciones políticas radicalmente contrapuestas. Pero existe un hecho que la segunda no puede borrar: después de décadas de políticas indígenas, legislación especial, operaciones policiales, procesos penales y, desde octubre de 2021, una excepcionalidad constitucional casi permanente, la cuestión mapuche continúa políticamente irresuelta.
La medalla entregada en Francia no resuelve esa contradicción. Su importancia radica en otra parte: rompe el cerco nacional dentro del cual el Estado chileno pretende administrar el conflicto y vuelve a colocar la cuestión mapuche en el terreno internacional de los derechos políticos, territoriales y nacionales.
Eso explica buena parte de la reacción. Porque si Héctor Llaitul puede ser discutido fuera de Chile no solamente como condenado por delitos establecidos por tribunales nacionales, sino también como dirigente de una organización de liberación nacional y como preso político —categorización defendida por quienes cuestionan su encarcelamiento—, entonces la discusión deja de reducirse a aquello que hizo o dejó de hacer una persona. La pregunta vuelve a ser aquella que permanece abierta desde mucho antes del nacimiento de la CAM: qué relación pretende establecer el Estado chileno con un pueblo que continúa reivindicándose como nación y reclamando territorio, autonomía y autodeterminación.
