El Porteño 05/08/2026
por Valeria Menéndez
Claudio Crespo no podría haber sido absuelto sin la Ley Naín-Retamal y sin la consistente campaña política desarrollada por Gabriel Boric, Carolina Tohá y el conjunto del progresismo en favor del fortalecimiento de la capacidad represiva de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Aquella campaña —que llevó a Boric y Tohá a ponerse literalmente de rodillas frente a Carabineros—fue presentada bajo fórmulas aparentemente neutras: “estabilizar el país”, “recuperar el orden público”, “fortalecer las instituciones” y “respaldar a las policías”. Su contenido material, sin embargo, consistió en reconstruir la autoridad de los mismos organismos que durante el levantamiento popular de 2019 asesinaron, torturaron, mutilaron y cegaron manifestantes.
La confirmación de la absolución por la Corte de Apelaciones de Santiago no representa, por ello, una anomalía judicial ni un error aislado. Es la consecuencia coherente de una política de Estado construida transversalmente por la derecha, la extrema derecha y el progresismo gobernante. El fallo establece una verdad material —Claudio Crespo efectuó el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica—, pero elimina toda consecuencia penal mediante la aplicación de la legítima defensa privilegiada introducida por la Ley Naín-Retamal. La justicia reconoce al autor, reconoce el daño irreversible y, simultáneamente, declara que la mutilación se encontraba permitida por el derecho.
La Ley Naín-Retamal y la construcción jurídica de la impunidad
La sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal tuvo por establecido que Crespo portaba la escopeta antidisturbios, que se encontraba en el lugar desde donde se realizó el disparo, que Gatica estaba aproximadamente a 24,5 metros y que sus lesiones fueron ocasionadas por munición TEC utilizada por Carabineros. La tesis principal de la defensa —que Crespo no había sido el autor— fue rechazada. No hubo, por tanto, absolución por falta de identificación del responsable. Hubo absolución porque el tribunal consideró jurídicamente justificado que un policía disparara contra la parte superior del cuerpo de un manifestante y lo dejara completamente ciego.
La Ley Naín-Retamal fue decisiva para producir este resultado. Promulgada en abril de 2023 por el Gobierno de Boric, amplió las hipótesis de protección penal para policías y estableció una presunción favorable respecto de la racionalidad del uso de la fuerza. Al ser considerada una norma penal más favorable para el acusado, fue aplicada retroactivamente a hechos ocurridos en noviembre de 2019. De esta forma, una legislación aprobada después del crimen terminó proporcionando el fundamento jurídico para absolver a su autor material.
El tribunal no identificó una amenaza concreta, actual y potencialmente letal ejecutada por Gatica contra Crespo. En su lugar, convirtió a la manifestación completa en una “masa agresora” y transfirió a cada uno de sus integrantes la responsabilidad por los actos atribuidos a terceros. Gatica dejó de aparecer jurídicamente como víctima de una violencia estatal desproporcionada y fue transformado en parte de un peligro colectivo que habría autorizado el disparo policial.
Esta construcción tiene consecuencias que exceden ampliamente el caso particular. Si la presencia de enfrentamientos en una manifestación permite atribuir a todos sus participantes la condición de agresores, la policía ya no necesita justificar el empleo de la fuerza frente a cada persona afectada. Le basta invocar la peligrosidad general de la multitud. El derecho de reunión queda así subordinado a la calificación policial del manifestante como enemigo y el uso de armas potencialmente mutiladoras se vuelve jurídicamente tolerable.
El Gobierno de Boric no fue un espectador de este proceso. Promulgó la Ley Naín-Retamal, fortaleció institucional y presupuestariamente a Carabineros, creó un Ministerio de Seguridad Pública, militarizó territorios mapuche, recurrió reiteradamente a estados de excepción y convirtió la defensa de las policías en una política permanente de gobierno. Carolina Tohá desempeñó un papel central en esta orientación, presentando el reforzamiento de los aparatos coercitivos como requisito para la estabilidad democrática.
En los hechos, “fortalecer las instituciones” significó fortalecer a las instituciones armadas del Estado. “Recuperar el orden público” significó reconstruir las condiciones políticas y jurídicas para reprimir las futuras irrupciones de trabajadores, estudiantes y pobladores. “Estabilizar el país” significó cerrar el ciclo abierto en octubre de 2019, preservar las relaciones de propiedad existentes y restaurar la autoridad del régimen amenazado por la movilización popular.
Boric y Tohá coincidieron así con la extrema derecha no solo en determinadas leyes, sino también en una misma concepción del orden social. Para ambos sectores, el problema central surgido del levantamiento no fueron las condiciones de explotación, desigualdad y desposesión que provocaron la rebelión, sino la pérdida de autoridad de las instituciones patronales. La tarea común fue reconstruir esa autoridad.
La diferencia residió fundamentalmente en el lenguaje. Mientras la extrema derecha exigía abiertamente mano dura, el progresismo justificó la represión en nombre de la democracia, el Estado de derecho y el fortalecimiento institucional. Pero ambas corrientes trabajaron sobre el mismo objetivo material: dotar a las policías de mayores facultades, reducir los controles sobre el uso de la fuerza y asegurar protección política y judicial a los agentes estatales.
Kast celebra el resultado de una política preparada por el progresismo
Las declaraciones de José Antonio Kast después de que la Corte de Apelaciones confirmara la absolución revelan el significado político del fallo. El mandatario sostuvo que la justicia había hablado “fuerte y claro”, que Crespo había sido “exonerado de todos los cargos” y que se confirmaba que actuó en legítima defensa.
Pero la justicia no dijo que Crespo fuera ajeno a las lesiones. Por el contrario, el juicio estableció que fue autor del disparo que terminó con la ceguera de Gustavo Gatica. Lo que el fallo sostuvo es algo mucho más grave: que aquella acción se encontraba justificada. La celebración de Kast no es, por tanto, la celebración de la inocencia de un acusado falsamente imputado. Es la reivindicación política del derecho de la policía a disparar, cegar y mutilar cuando enfrenta una protesta social.
Kast presenta la absolución como una victoria de Carabineros frente a quienes habrían intentado criminalizar su función. De esta manera, Crespo es elevado a la condición de símbolo: el funcionario que utilizó su arma contra los manifestantes y que finalmente recibió el reconocimiento del Estado. El mensaje dirigido a las policías es inequívoco. Cuando actúen contra una movilización popular, contarán con respaldo político, con una legislación diseñada para protegerlas y con tribunales dispuestos a interpretar el uso de la fuerza desde la perspectiva de los agentes armados.
Sin embargo, Kast puede celebrar esta resolución porque el camino fue pavimentado por el Gobierno anterior. La extrema derecha recibe hoy los instrumentos jurídicos, institucionales y represivos que el progresismo ayudó a construir. La Ley Naín-Retamal, la rehabilitación política de Carabineros y la transformación de la seguridad en valor supremo del Estado prepararon las condiciones para que un gobierno ultraderechista pudiera presentar la mutilación de Gatica como un acto legítimo.
Esto demuestra que no existió una oposición estratégica entre progresismo y extrema derecha respecto de la reconstrucción coercitiva del régimen. Existieron diferencias tácticas, discursivas y electorales, pero una coincidencia fundamental acerca de la necesidad de cerrar el proceso abierto en 2019 y prevenir una nueva irrupción independiente de las masas.
El progresismo cumplió una función que la derecha tradicional difícilmente habría podido ejecutar por sí sola: rehabilitar a las policías bajo un gobierno que se presentaba como heredero de las movilizaciones; aprobar legislación represiva con votos de fuerzas que se reclamaban de izquierda; y convertir la restauración del orden en una tarea supuestamente democrática. Una vez realizado este trabajo, la extrema derecha puede apropiarse abiertamente de sus resultados.
La absolución de Crespo constituye, en consecuencia, un punto de continuidad entre Piñera, Boric y Kast. Piñera dirigió la represión del levantamiento. Boric reconstruyó la legitimidad y las capacidades de las instituciones que la ejecutaron. Kast reivindica ahora sus consecuencias y transforma la impunidad policial en doctrina oficial.
El fallo consolida un principio peligroso: el agente estatal puede producir una lesión devastadora, incluso la pérdida total de la visión de una persona, y quedar exento de responsabilidad si los tribunales incorporan a la víctima dentro de una multitud caracterizada genéricamente como violenta. No se exige demostrar que el afectado representaba una amenaza letal concreta. Basta con afirmar que el policía enfrentaba un contexto hostil.
Esta doctrina no mira solamente hacia el pasado. Está destinada a operar frente a los conflictos sociales futuros. La clase dominante sabe que las causas que produjeron el levantamiento popular no han desaparecido. La precarización laboral, las pensiones miserables, la mercantilización de los derechos sociales, la concentración de la riqueza y la subordinación del país al capital financiero continúan intactas. Por eso necesita disponer anticipadamente de una arquitectura legal capaz de criminalizar y aplastar toda nueva rebelión.
La absolución de Crespo debe ser entendida también en relación con la impunidad de los agentes condenados por crímenes de lesa humanidad, las propuestas de indulto, los beneficios penitenciarios y la campaña permanente de rehabilitación de los organismos represivos. No son fenómenos separados. Forman parte de una misma orientación: borrar las responsabilidades históricas del aparato estatal y garantizar su disponibilidad para las necesidades represivas del presente.
Cuando un tribunal reconoce que un funcionario disparó y dejó ciego a un manifestante, pero declara que aquella conducta no merece castigo, la institucionalidad transmite una conclusión inequívoca: la protección de los agentes represivos se encuentra por encima de la integridad física, la dignidad y los derechos políticos de la población.
La resolución deja asimismo en evidencia los límites de las estrategias que depositan sus esperanzas en los tribunales, el Parlamento o el recambio electoral de las autoridades. Esas instituciones no se encuentran situadas por encima del conflicto social. Son parte del aparato estatal encargado de preservar las relaciones de dominación existentes. Cuando los intereses fundamentales del régimen están en juego, las diferencias entre progresismo, derecha y extrema derecha tienden a reducirse y aparece con claridad su compromiso común con la defensa del orden capitalista.
No existen, por tanto, vías institucionales para resolver el conflicto social ni para conquistar plenamente las libertades democráticas. Tampoco las hay para obtener un castigo efectivo a los responsables de la represión y a los criminales de lesa humanidad. Las mismas instituciones llamadas a sancionarlos han sido construidas, reformadas y fortalecidas para garantizar su impunidad.
La defensa del derecho de reunión, de protesta y de organización; la disolución de los cuerpos represivos responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos; la apertura de sus archivos; y el juicio y castigo de todos los responsables políticos y materiales no podrán provenir de acuerdos parlamentarios con quienes edificaron esta legalidad represiva. Solo podrán ser impuestos mediante la movilización independiente de los trabajadores y del conjunto de los explotados.
La absolución de Claudio Crespo no borra el crimen. Lo confirma y lo valida. Establece que un policía puede disparar contra un manifestante, destruirle ambos ojos y continuar siendo considerado un agente que actuó conforme a derecho. Esa conclusión revela el verdadero rostro de la institucionalidad que Boric prometió estabilizar, que Tohá se empeñó en fortalecer y que Kast hoy celebra: un régimen que garantiza la impunidad de sus agentes armados y reserva toda la fuerza de la ley para quienes se atrevan a desafiarlo.
