por Rucio R.
La política chilena atraviesa un momento de profunda reconfiguración. Tras décadas de predominio neoliberal llevado adelante por la ex concertación negociando con la derecha, el país ha experimentado una creciente polarización social y política. El estallido social de 2019 evidenció el agotamiento del modelo de acumulación heredado de la dictadura, mientras que los posteriores procesos constitucionales reflejaron las dificultades de las distintas fuerzas políticas para construir un nuevo pacto de legitimidad. En este contexto, el ascenso de la derecha más conservadora y el gobierno
encabezado por un pinochetista como José Kast, representan un escenario que merece ser analizado desde una perspectiva de clases, entendiendo que las transformaciones políticas no pueden comprenderse únicamente desde la
disputa ideológica, sino principalmente como expresión de las contradicciones materiales del capitalismo chileno.
La teoría materialista marxista nos enseña que, el Estado no constituye un árbitro neutral entre intereses contrapuestos, sino una forma específica de organización del poder político que garantiza la reproducción de las
relaciones sociales de producción. Por lo tanto, la llegada de José Kast al gobierno, no significa simplemente un cambio de administración, sino la expresión política de los intereses de la clase dominante que busca recomponer las condiciones de acumulación del capital frente a un escenario de desaceleración económica, incertidumbre internacional y creciente conflictividad social.
El capitalismo chileno enfrenta hoy tensiones estructurales. Durante décadas, el crecimiento económico descansó sobre la exportación de materias primas, la apertura comercial, la deriva financiera de la economía y la conversión de derechos sociales como la educación, la salud, las pensiones y la vivienda, como una mercancía más. Este modelo permitió importantes tasas de crecimiento durante ciertos períodos, pero también produjo elevados niveles de desigualdad, concentración de la riqueza y precarización laboral. La expansión del crédito permitió sostener artificialmente el consumo de amplios sectores de la población, mientras el endeudamiento reemplazó progresivamente al aumento de los salarios como mecanismo de reproducción social.
Sin embargo, las condiciones que hicieron posible ese ciclo de crecimiento muestran signos evidentes de agotamiento. La desaceleración de la economía mundial, la menor demanda por materias primas, la transformación de las cadenas globales de producción y la creciente competencia geopolítica reducen el margen de maniobra de economías dependientes como la chilena. Estas dificultades no corresponden a errores coyunturales de gestión, sino a contradicciones inherentes al propio sistema de acumulación capitalista.
En este escenario, diversas propuestas impulsadas por el sector político representado por Kast pueden interpretarse como un intento de restaurar las condiciones de rentabilidad del capital mediante una profundización de las políticas de mercado. Entre ellas destacan la reducción del gasto público, la revisión de programas sociales considerados excesivos o ineficientes, la disminución de la carga tributaria sobre las empresas, el fortalecimiento de la inversión privada como principal motor del crecimiento y diversas iniciativas orientadas a flexibilizar el mercado laboral.
Estas propuestas responden a una lógica conocida: cuando la rentabilidad enfrenta dificultades, el capital busca restaurar sus tasas de ganancia mediante la reducción de costos laborales, la disminución de impuestos, la privatización de espacios anteriormente gestionados por el Estado y el debilitamiento de la capacidad de negociación de la fuerza de trabajo.
La discusión sobre las leyes laborales resulta especialmente significativa. Las propuestas de flexibilización suelen presentarse como mecanismos destinados a aumentar la competitividad, reducir el desempleo o facilitar la
contratación. Sin embargo, estas reformas modifican la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. Una mayor facilidad para despedir trabajadores, ampliar la negociación individual por sobre la colectiva, flexibilizar jornadas o disminuir regulaciones puede incrementar la capacidad empresarial para extraer más ganancias, al tiempo que debilita la organización sindical y reduce el poder negociador de los trabajadores.
No se trata únicamente de un problema jurídico. Las relaciones laborales constituyen uno de los principales escenarios donde se expresa la lucha de clases. Cada modificación normativa altera el equilibrio existente entre quienes venden su fuerza de trabajo y quienes controlan los medios de producción. Por ello, las reformas laborales no pueden analizarse únicamente desde indicadores de productividad o crecimiento económico, sino también desde sus efectos sobre la distribución del poder dentro del proceso productivo.
Algo similar ocurre con la política de recortes sociales. Desde una perspectiva liberal, la reducción del gasto público suele justificarse mediante argumentos de eficiencia fiscal, equilibrio presupuestario o responsabilidad económica.
Sin embargo, es necesario entender que, el gasto social constituye también una forma de reproducción de la fuerza de trabajo. La educación pública, la salud, las pensiones, los subsidios y diversas políticas sociales permiten sostener las condiciones materiales necesarias para la reproducción cotidiana de la población trabajadora.
Reducir dichos mecanismos implica trasladar nuevamente esos costos hacia las familias, incrementando la mercantilización de necesidades básicas. En otras palabras, actividades anteriormente cubiertas parcialmente por el
Estado vuelven a transformarse en mercados donde predominan la capacidad de pago y la rentabilidad privada. Este proceso profundiza las desigualdades existentes y fortalece la acumulación de capital en sectores que proveen estos servicios.
No obstante, limitar el análisis únicamente a las consecuencias económicas sería insuficiente. Toda recomposición del modelo de acumulación requiere también una recomposición de la hegemonía política. En este sentido, el discurso del orden, la seguridad pública, el combate contra la delincuencia y el fortalecimiento de las facultades policiales ocupan un lugar central dentro del proyecto político de la ultra derecha.
“Desde la tradición inaugurada por Antonio Gramsci, la hegemonía combina consenso y coerción. Cuando las condiciones materiales generan crecientes conflictos sociales, el Estado tiende a reforzar simultáneamente los
mecanismos ideológicos que legitiman el orden existente y las capacidades represivas destinadas a contener la protesta social. La seguridad deja entonces de ser únicamente una política pública para transformarse también en un instrumento de estabilización del modelo económico.”
El narco tráfico y el crimen organizado unido a la delincuencia común, son fenómenos que se han ido incrementando con los años en Chile.
La ultra derecha aprovecha estos conflictos sociales para impulsar nuevas politicas de represión que, aparentemente van en camino de combatir la delincuencia, pero que sin embargo en última instancia terminan siendo articuladas políticamente para legitimar la represión de la protesta social.
No hay ninguna duda de que todas las leyes en materia de seguridad que se pretende impulsar y aprobar en el congreso, tienen como objetivo el preparar al aparato del estado para un posible nuevo estallido social producto de toda la política de recortes y ataques a los derechos sociales de la clase trabajadora.
Otro elemento relevante corresponde a la relación entre capital nacional y capital transnacional. Chile continúa ocupando una posición dependiente dentro de la economía mundial, caracterizada por la exportación de recursos
naturales y una importante presencia de inversión extranjera. Este gobierno orientado hacia la desregulación económica probablemente busca consolidar esta inserción internacional mediante mayores incentivos a la inversión
privada y menores restricciones regulatorias.
Con la situación internacional existente hoy día en el mundo, incrementar la dependencia de Chile a la inversión internacional, solo profundizará la precariedad en que vive la clase trabajadora chilena, muchas de las inversiones que se realizan no traen aparejada una gran demanda de mano de obra, por lo tanto, no crean gran cantidad de empleos. La expansión de inversiones puede generar crecimiento económico en determinados sectores, pero son empleos precarios y con bajos salarios y no necesariamente modifica la estructura productiva ni reduce la dependencia tecnológica, financiera e industrial que caracteriza a economías periféricas como la chilena.
Frente a este escenario, también cabe preguntarse por las posibilidades de respuesta de las organizaciones populares. El movimiento sindical chileno enfrenta importantes niveles de fragmentación, bajas tasas de sindicalización en numerosos sectores y un marco institucional construido durante la dictadura que ha limitado la negociación colectiva. A ello se suma la heterogeneidad creciente del mundo del trabajo, donde aumentan el empleo
informal, las plataformas digitales y diversas formas de subcontratación.
Al mismo tiempo, el propio capital enfrenta límites objetivos. Una estrategia basada exclusivamente en la reducción de derechos laborales y del gasto social puede generar mejoras transitorias en la rentabilidad empresarial, pero también profundiza las tensiones sociales, reduce la demanda interna y aumenta los niveles de conflictividad política. En este sentido, las políticas de austeridad contienen una contradicción inherente: buscan estabilizar el proceso de acumulación, pero debilitan las bases que sostienen la “legitimidad del sistema.”
La historia reciente de Chile ofrece múltiples ejemplos de estas dinámicas. El modelo neoliberal logró durante décadas combinar crecimiento económico con estabilidad política relativa. Sin embargo, el aumento persistente de la desigualdad, la concentración económica y el endeudamiento de los hogares terminaron generando un profundo malestar social que comenzó a mediados de los años 2000 con movilizaciones estudiantiles y la llamada Revolución de los Pingüinos y que encontró su máxima expresión en el estallido social del año 2019.
Hasta hoy día, transcurrido los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric con el Frente Amplio y el Partido Comunista y los cuatro meses del gobierno de José Kast, los problemas que originaron el estallido social, se mantienen exactamente igual, y hasta podemos decir que se han profundizado, entonces es muy probable que la acumulación de rabia termine por reventar nuevamente.
En definitiva, el gobierno de José Kast puede interpretarse, como un nuevo intento de la elite capitalista de volver a instaurar una “dictadura democrática” volviendo a profundizar las politicas de los “chicago boys”, fortaleciendo del orden público y la recomposición de la autoridad estatal.
Las reformas laborales, la reducción del gasto social y el énfasis en la inversión privada no constituyen políticas aisladas, sino componentes de una estrategia orientada a fortalecer la posición del capital frente al trabajo en un
contexto de crecientes crisis económicas.
La historia demuestra que las relaciones de clase son dinámicas y que toda ofensiva del capital genera, en mayor o menor medida, respuestas sociales, sindicales y políticas. Las contradicciones del capitalismo chileno difícilmente
desaparecerán mediante ajustes institucionales o reformas de mercado. Por el contrario, es posible que las tensiones entre crecimiento económico, desigualdad, legitimidad democrática y derechos sociales continúen configurando el eje central de la política chilena durante los próximos años.
Como hemos dicho en numerosas oportunidades, el drama de la clase trabajadora chilena e internacional, pasa por la falta del factor objetivo.
La atomización del movimiento social, los intereses caudillistas de los diferentes referentes de la izquierda chilena fuera de la institucionalidad, representan un problema adicional en el trabajo enorme de levantar una alternativa de clases que pueda enfrentar de manera unitaria los ataques contra los derechos sociales y laborales de los capitalistas.
Para nosotros los marxistas, la situación es clara. El sistema capitalista es el problema, no es posible ninguna solución dentro del sistema, las politicas reformistas han demostrado su bancarrota, En definitiva, las políticas del gobierno de José Kast, solo profundizarán la crisis y la precariedad de la clase trabajadora y luego de un tiempo al no ver resultados, volveremos a tener movilizaciones masivas en las calles.
Por ahora aún los llamados a movilizarse tienen poco poder de convocatoria, pero esto cambiará en un futuro no muy lejano.
Nuestra tarea, sigue siendo lograr levantar una organización representativa de la clase trabajadora con un programa revolucionario que se oriente a derribar al sistema capitalista y que luche por instaurar una sociedad socialista.
