Valparaíso | Por Alejandro Navarro, senador por la región del Bíobio
Está claro que la ciudadanía, las familias y el pueblo de Chile en general, de nuevo han adelantado por la izquierda a la clase política, indignados por las bajas pensiones y los escándalos de Gendarmería, han instalado en la Agenda Pública, la necesidad de un nuevo sistema de pensiones.
Es así como el 24-J en todo Chile, cientos de miles de personas salieron a las calles para exigir el fin de las AFPs. Tal como ocurrió con el movimiento social por la educación el año 2011, hoy estamos frente a un nuevo movimiento social que tiene como objetivo derrocar el actual sistema y establecer uno nuevo que asegure pensiones dignas, movimiento bautizado por los propios trabajadores como “no más AFP”.
Hoy en democracia, bajo este contexto social e histórico, y a tras treinta y seis años de la instalación del actual sistema privado de pensiones, es necesario que la institucionalidad política, de una respuesta satisfactoria a esta histórica demanda ciudadana, a través de una nueva política pública, responsable, pero no por ello menos decidida a cambiar estructuralmente este sistema, el cual no fue diseñado para brindar pensiones a los cotizantes, sino más bien como la piedra angular para la instalación del sistema económico de la dictadura, sirviendo como instrumento para capitalizar a la banca.
Porque tenemos la convicción de que una AFP Estatal no garantiza pensiones dignas, sino más bien tienda a perpetuar el actual sistema de capitalización individual, es que lamentamos la posición asumida por la presidenta Michelle Bachelet, en un contexto donde la correlación de fuerzas es abismalmente desigual y está hegemonizado por los sectores conservadores de la Nueva Mayoría y de la derecha.
Sin embargo, es necesario hacer ver al gobierno, que está perdiendo la oportunidad de recuperar el apoyo y la confianza de los chilenos, tomando una iniciativa, que por lo demás, fue planteada en los primeros 100 días de Gobierno.
En este sentido, considero que es necesario, desde el progresismo y la izquierda chilena, plasmar estas seis propuestas base, para la discusión sobre un nuevo sistema de pensiones para Chile.
1.- Fin a las AFPs y la creación de un sistema de reparto moderno. Para ello es necesario la derogación del decreto 3.500, para reemplazarlo por una nueva ley que cree un nuevo sistema de acuerdo al principio de la Seguridad Social como un derecho según los estándares internacionales de la OIT. Este nuevo sistema debe tener como eje central la solidaridad (concepto de solidaridad internacional), por tanto su principal pilar será de reparto.
La viabilidad de este nuevo sistema de reparto está sustentado en la investigación científica realizada por la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones[i], plasmado específicamente en la propuesta global C, elaborada y respaldada por la profesora Leokadia Oreziak[ii]. Puede considerar instrumentos complementarios como APV y estímulos tributarios.
2.- Un sistema que avance a la universalidad, para esto las personas que se incorporen por primera vez a la fuerza de trabajo deberán participar en el sistema público con el objeto de que en el largo plazo el Sistema de Previsión Social se transforme en uno universal. Este sistema considera la posibilidad de que los afiliados a la AFP puedan transferir sus fondos al nuevo sistema de pensiones, a cambio de una mejora significativa a sus pensiones.
3.- Un sistema tripartito, es decir, con aporte del trabajador, el empleador y el Estado. En el caso del empleador el aporte debe ser de manera gradual, comenzando por un 0.5% el primer año, para llegar en un plazo de 5 años, a un 5% más de aportes para el fondo solidario de pensiones. Esto se suma al aporte que actualmente hace el trabajador y el Estado.
4.- Un sistema público, a través de la creación de una nueva institución pública, que actúe como ente recaudador y administrador de los fondos. Para los efectos de fiscalizar este nuevo sistema de pensiones, se debe crear una nueva Superintendencia del Sistema de Pensiones, de carácter autónomo, con amplias funciones fiscalizadoras, alta tecnología, y funcionarios adecuados, elegidos bajo el sistema de Alta Dirección Pública. Asimismo, estos fondos serán custodiados por el Banco Central, tal como ocurre hoy con los fondos soberanos.
5.- Un sistema sin fines de lucro. A diferencia de las AFP, este sistema no hará retiro de utilidades, por lo que solo se cobrarán comisiones mínimas que garanticen el funcionamiento y pago de los funcionarios a cargo de la administración de este nuevo sistema.
6.- Un sistema con sustentabilidad financiera. Como no nos podemos abstraer del sistema económico globalizado, los excedentes del pago de pensiones podrán ser invertidos, especialmente en infraestructura, como la construcción de carreteras en nuestro país. Es así hoy lo hacen las administradoras de fondos de pensiones como el canadiense que invierte en nuestras carreteras a 25 años y en los 3 primeros, ya tienen su inversión recuperada.
Las ventajas de reemplazar el sistema actual, convirtiéndolo en un esquema de reparto son las siguientes:
- Una pensión mejor, definida, de por vida y no discriminatoria.
- La PBS y las pensiones más bajas del sistema de reparto antiguo serán incrementadas de forma inmediata en al menos un 100%.
- El monto completo de contribución será usado como ingreso para pagar las pensiones contributivas, sin usar subsidios estatales, por lo tanto es una propuesta responsable fiscalmente.
- La edad de retiro efectiva (actualmente en 70 años) se reduce a sus límites legales (65/60), y se mantiene así (en un escenario alternativo se aumenta gradualmente por dos años desde 2030).
- En promedio, los beneficios de pensión se incrementarán en un 75% – 100%.
- Las tasas de contribución no se aumentan hasta el año 2035, y luego se incrementan a un 25%. No se requiere de impuestos adicionales, todo lo contrario, como se pone fin a los subsidios monetarios directos e indirectos, se genera un ahorro fiscal anual del orden del 1,8% del PIB.
