Declaración Pública
La Mesa de Trabajo de DDHH de Valparaíso, espacio de coordinación de diversas organizaciones
y colectivos de derechos humanos, memoria y sociales de diversos ámbitos, manifiesta lo siguiente:
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que Gendarmería de Chile ha configurado un gravísimo acto de desacato al Poder Judicial, vulnerando de manera sistemática los derechos humanos del interno Mauricio Hernández Norambuena y quebrantando el principio fundamental de separación de poderes.
Los Hechos
1. Orden Judicial
El 24 de junio de 2026, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, basándose en un informe del propio Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería que advertía riesgo de trato inhumano, ordenó el traslado inmediato de Mauricio Hernández Norambuena desde el REPAS al Complejo Penitenciario de Rancagua.
2. Desacato
A la fecha, Gendarmería ha incumplido dos resoluciones judiciales (24 de junio y 6 de julio).
La jueza Carla Capello Valle ha debido poner los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Suprema ante el «nulo cumplimiento» de la autoridad penitenciaria.
3. Persecución a los funcionarios de Derechos Humanos de Gendarmería
Aún más grave: como represalia por la elaboración de dicho informe, Gendarmería abrió un sumario administrativo y suspendió al Jefe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Fernando Mardones, quien firmó el documento. La medida, que no cuestiona el contenido del informe sino el hecho de haberlo presentado sin autorización previa de sus superiores, llevó a Mardones a presentar su renuncia, efectiva desde el 1 de julio.
Esta acción constituye un acto de intimidación y castigo contra quienes, cumpliendo su deber, constataron y denunciaron las condiciones degradantes que se viven en el REPAS. El mensaje enviado por la autoridad institucional es claro: quien informe sobre vulneraciones de derechos
humanos en las cárceles será sancionado. Diversas Organizaciones e Instancias han calificado esto como una persecución injusta contra un funcionario por las conclusiones de su análisis.
4. Daño consumado
Durante su reclusión en el REPAS, Hernández Norambuena (68 años) ha sufrido:
• Interrupción de tratamientos médicos por artrosis, pancreatitis crónica e hipertensión.
• Uso permanente de esposas y allanamientos constantes, gatillando «flashbacks» del trauma carcelario vivido en Brasil, que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
• Privación de libros, frío extremo, ausencia de programas de reinserción.
• Condiciones que, según el propio informe oficial de Gendarmería, «no fomentan un envejecimiento activo y saludable» y podrían constituir trato inhumano.
Violación de Derechos Humanos y Desacato al Estado de Derecho
Lo ocurrido evidencia una subversión del orden constitucional en dos niveles:
En primer lugar, una autoridad administrativa decide desconocer la autoridad del Poder Judicial,
arrogándose la facultad de definir si una orden judicial se cumple o no.
En segundo lugar, se persigue y sanciona a los propios funcionarios públicos que, en el ejercicio
de sus funciones, documentaron violaciones a los derechos humanos, lo que constituye un acto de censura que compromete la independencia técnica del Departamento de DDHH y envía un mensaje de impunidad frente a la tortura carcelaria.
El desacato no es un tecnicismo legal. Al mantener a Hernández Norambuena en el REPAS pese a
la orden de traslado, y al castigar a quien informó sobre su situación, Gendarmería:
1. Viola el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige trato digno a toda persona privada de libertad.
2. Desconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que establece que los regímenes de seguridad extrema para personas mayores pueden constituir tratos crueles e inhumanos.
3. Quebranta el artículo 76 de la Constitución, que establece la obligación de los demás órganos del Estado de acatar las resoluciones judiciales.
4. Atenta contra la libertad de denuncia y el derecho a la verdad, al sancionar a quienes documentan vulneraciones en el sistema penitenciario.
Nuestras Exigencias
1. Cumplimiento inmediato de la orden judicial: traslado de Mauricio Hernández Norambuena a Rancagua.
2. Cese de la persecución y reintegro de Fernando Mardones en sus funciones, garantizando la independencia del Departamento de DDHH.
3. Sanción a los responsables del desacato y de la represalia contra los funcionarios de DDHH, por parte de la Fiscalía de la Corte Suprema.
4. Restitución de las atenciones de salud y programas de reinserción que mantenía en Rancagua.
El respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho no admite excepciones. Gendarmería no está por encima de la ley.
Castigar a quien informa sobre tortura es el primer paso para encubrirla.
¡Libertad a Mauricio Hernández Norambuena!
¡No más tortura carcelaria!
¡Alto a la persecución de los defensores de DDHH!
Mesa de Trabajo de DDHH de Valparaíso
Valparaíso, julio de 2026
