Le Monde Diplomatique, edición chilena
En Temuco se está desarrollando un juicio en contra de los militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, Luis Guillermo Menares Chanilao, Luis Darío Fuenzalida Eneros, Jorge Andrés Caniupil Coña y Juan Carlos Mardones Sáez, quienes se encuentran en prisión preventiva en el CCP de esa ciudad. Junto al Ministerio Público actúan de manera coordinada los querellantes de la Delegación Presidencial de La Araucanía y de la empresa forestal Hancock Chilean Plantations S.P.A., lo que equivale a decir que el aparato persecutorio estatal desarrolla su labor en estrecha coordinación con los representantes de las empresas forestales involucradas en el conflicto que se desarrolla desde hace mucho tiempo en el Wallmapu o territorio ancestral del pueblo mapuche. Los comuneros mencionados han sido acusados de distintos delitos como uso de armas, robo de vehículos y herramientas forestales, incendio de camiones y maquinaria pesada, retención forzada de un trabajador forestal, entre otros, delitos graves según el ordenamiento legal vigente. No obstante, numerosos observadores, organizaciones de defensa de los derechos humanos, además de la defensa de los imputados, han denunciado una serie de irregularidades que ponen en cuestión el proceder de la Fiscalía y de la Justicia. En primer lugar, la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva durante más de tres años y medio, lo que en términos prácticos significa que la medida cautelar está siendo utilizada como una verdadera pena o castigo político previo al juicio, estrategia implementada por el Estado chileno de manera sistemática desde hace décadas para golpear y desarticular el movimiento mapuche. Cabe recalcar que esta usanza pasa por encima de normas constitucionales y una serie de obligaciones institucionales contraídas por el propio Estado en varios compromisos y acuerdos internacionales. De esta manera, se pasa a llevar la presunción de inocencia y los imputados son presentados ante la sociedad como si ya estuvieran condenados. Por otra parte, las altas penas solicitadas -más de 59 años de presidio efectivo para cada uno de ellos. A pesar de que en ninguno de los casos se les atribuye delitos como homicidio, secuestro de menores o violación que, generalmente, son castigados con penas inferiores a las solicitadas en esta ocasión. Este es el resultado de la estrategia de la Fiscalía y de los querellantes consistente en fragmentar los hechos en múltiples ilícitos autónomos, descrito de la siguiente manera por el abogado Gustavo Burgos: “cada incendio se transforma en delito separado; el desplazamiento de trabajadores forestales se convierte en robo con retención; la presencia de armas permite agregar delitos independientes de porte; los disparos atribuidos originan nuevas imputaciones autónomas; incluso la tenencia de municiones genera figuras penales diferenciadas. Mediante esa técnica de desagregación extrema, un mismo episodio es convertido en una sumatoria artificial de ilícitos acumulativos que permite elevar las penas potenciales hasta niveles propios de condenas perpetuas encubiertas”, lo que en algunos casos permite a la Fiscalía y los querellantes solicitar hasta el equivalente a cadenas perpetuas (El Porteño, Valparaíso, 12 de mayo de 2026). Así ocurre, por ejemplo, con Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa y Juan Carlos Mardones Sáez, contra los que la Fiscalía ha solicitado más de 69 años de prisión efectiva para cada uno.
Si a lo anterior se suma que la gran “prueba” exhibida por la Fiscalía son los testimonios de testigos sin rostro (“protegidos”), que no pueden ser interrogados o contrainterrogados por la defensa, es posible sostener que el principio del debido proceso -elemento básico de un Estado de derecho democrático- tampoco es respetado. No existe, a decir verdad, prueba técnica objetiva directa que vincule materialmente a los acusados con los hechos imputados, solo presunciones derivadas de su militancia, develándose así el carácter eminentemente político del proceso judicial.
Todas estas irregularidades, están por desgracia siendo “normalizadas” en Chile desde hace bastante tiempo. La acción contra estos acusados se inició durante el gobierno de Gabriel Boric y ha continuado de la misma manera durante el actual gobierno de José Antonio Kast, pero tiene antecedentes en casos anteriores en el comportamiento del aparato estatal durante las administraciones de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y aún anteriores, constituyendo una verdadera “política de Estado” contra el movimiento autonomista mapuche. Los chilenos de los sectores populares y de vocación democrática que miran con indiferencia lo que está ocurriendo con los mapuches, deberían tratar de entender que el laboratorio jurídico-represivo que se experimenta en el Wallmapu es una avanzada que, de manera más clara -más temprano que tarde- se aplicará contra cualquier forma de resistencia o de disidencia que transgreda los límites cada vez más estrechos de la tolerancia del consenso dominante.
Sergio Grez Toso, historiador, profesor titular de la Universidad de Chile
