Contrapoder Chile
Por Boris Barrera, diputado
Durante décadas, miles de jóvenes de nuestro país escucharon la misma promesa: endeudarse para estudiar era una inversión para el futuro. El Crédito con Aval del Estado o CAE fue presentado como una herramienta de movilidad social, una puerta de acceso a oportunidades que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, para miles de familias, esa promesa terminó convirtiéndose en una pesada mochila que los acompaña hasta hoy.
En semanas recientes hemos conocido denuncias de trabajadores que despertaron con sus cuentas bancarias vaciadas producto de embargos asociados a deudas del CAE. El propio gobierno ha reconocido la existencia de estos procedimientos, defendiendo su legalidad y la necesidad de recuperar recursos fiscales.
Se dice que las deudas deben pagarse. Y es cierto: las obligaciones existen. Pero también es cierto que la educación no puede tratarse como cualquier bien de consumo. Endeudarse para estudiar no es lo mismo que endeudarse para adquirir un lujo. Se trata de un derecho social que el país decidió financiar mediante créditos, trasladando a las familias una responsabilidad que debió asumir colectivamente.
Por otra parte, la Constitución es clara al proteger el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Nuestra legislación laboral y procesal ha reconocido históricamente la especial protección de las remuneraciones, no es casualidad: el salario no es un activo cualquiera. Es el sustento con el que las familias pagan arriendo, alimentación, salud, educación y transporte. Sin remuneración, no hay vida digna posible.
