Por Marco González Pizarro, Dr. Cs. Sociales, abogado.
El primer mes del gobierno de José Antonio Kast ha comenzado a exhibir una contradicción clásica de los ciclos de agotamiento: un poder que llegó prometiendo orden, seguridad, disciplina fiscal y reactivación, pero que en pocas semanas aparece atrapado por los mismos límites estructurales que decía venir a superar.
Kast asumió hablando de un “gobierno de emergencia” frente a un país en crisis de seguridad y finanzas; sin embargo, su arranque ha estado marcado por un gabinete descrito como inexperto, una caída rápida en apoyo ciudadano y la constatación de que el mero cambio de signo ideológico no desactiva la crisis chilena. (Reuters)
Los hechos del mes son elocuentes. En seguridad, que era el corazón de su promesa electoral, los homicidios e intentos de homicidio vinculados al crimen organizado subieron 36,8% desde su asunción en comparación con el mismo período de 2025; además, el gobierno fue criticado por anunciar recortes en el área y luego retroceder. En economía, el golpe más visible fue el alza de los combustibles, que abrió su primera gran crisis política y obligó a dictar medidas de apoyo compensatorio. En educación y política social, su ofensiva de cobro a morosos del CAE elevó la recaudación, pero también profundizó la percepción de que la prioridad del Ejecutivo está puesta en la caja fiscal antes que en la cohesión social. (El País)
Esa es la clave de fondo. Chile no enfrenta solo un problema de administración; enfrenta el agotamiento de un modelo de crecimiento sin cohesión social. La propia OECD ha advertido que Chile arrastra brechas significativas en acceso y calidad de servicios, especialmente en educación y salud, y que la confianza en el gobierno nacional se ubica por debajo del promedio de la organización. La CEPAL, por su parte, sigue describiendo a la región —y a Chile dentro de ella— como atrapada en una combinación de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. El Banco Mundial resumió la paradoja chilena con claridad: hubo progreso socioeconómico, pero fue incompleto e insuficiente, incubando frustración social. Ese es precisamente el trasfondo del quiebre de 2019-2020. (OECD)
Por eso el estallido no fue un accidente, sino una advertencia histórica. Treinta años de democracia administraron crecimiento, pero no resolvieron la fractura entre prosperidad macroeconómica y vida material de las mayorías. Y cuarenta años después de la Constitución de 1980, lo que quedó expuesto fue que la arquitectura neoliberal chilena podía producir utilidades, consumo y modernización, pero no una comunidad política integrada ni un horizonte de dignidad compartida. El mandato de cambio constitucional nació de esa ruptura y quedó refrendado democráticamente en el plebiscito de 2020. (Biblioteca del Congreso)
La pandemia no cerró esa crisis: la postergó al costo de un endeudamiento y de un gasto extraordinario masivo. Según la DIPRES, las principales transferencias directas a hogares y bonos extraordinarios sumaban hacia septiembre de 2021 montos muy elevados: IFE 2020: US$3.698 millones; bono clase media 2020: US$1.083 millones; bono de emergencia Covid: US$185 millones; bono IFE Navidad: US$321 millones; bono transportistas 2020: US$34 millones. Para 2021, los montos principales escalaron aún más: IFE 2021 (enero-junio): US$6.732 millones; IFE Universal: US$8.803 millones; bono clase media 2021: US$1.522 millones; bono pensionados: US$132 millones; bono transportistas 2021: US$178 millones. La propia DIPRES estimó que las transferencias directas a hogares durante la pandemia alcanzaron cerca de US$25 mil millones, y que, sumando otros apoyos directos, el monto superó US$28,5 mil millones. (Dipres)
Ese esfuerzo fiscal convivió con un salto en la deuda pública. De acuerdo con el Banco Central, la deuda bruta del Gobierno Central pasó de 29,9% del PIB en el primer trimestre de 2019 a 39,2% en el primer trimestre de 2021; luego siguió elevada y cerró 2025 en 41,7% del PIB, mientras la DIPRES proyectó para 2026 un nivel en torno a 42,0%. No es solo una cifra contable: es la marca de un Estado que tuvo que endeudarse para sostener socialmente un orden económico incapaz de garantizar seguridad material por sí mismo. (Banco Central de Chile)
Así, la crisis de gobernanza del primer mes de Kast no debe leerse como un simple traspié comunicacional. Es el síntoma de un problema más profundo: la derecha vuelve al mando pero pierde autoridad, pues la economía está fatigada, la sociedad fragmentada, el Estado está fiscalmente tensionado y se arrastra una larga crisis de legitimidad institucional quebrada.
Cuando un gobierno promete orden y lo que entrega son más dudas, más costos de vida, más conflicto y menos cohesión, vuelve a incubar las condiciones de un nuevo quiebre. En otras palabras: no ha desaparecido la posibilidad de otro ciclo de impugnación social; apenas está cambiando su forma de maduración. (https://elpais.com/chile/2026-04-05/el-gobierno-de-emergencia-de-kast-se-distrae-del-orden-y-la-economia-con-una-agenda-de-alto-contenido-ideologico.html#?prm=copy_link )
De ahí la tarea política de fondo. No se trata solo de resistir al gobierno de turno, sino de reorganizar una mayoría social en torno a una salida histórica: recuperar democráticamente el mandato constituyente abierto por el plebiscito del 25 de octubre de 2020 y volver a levantar una Carta Fundamental nacida de la soberanía popular y no del cerrojo neoliberal heredado.
La crisis chilena no se resolverá con más disciplina sobre los de abajo, ni con más mercado, ni con una administración más áspera del mismo modelo. Se resolverá cuando la sociedad vuelva a organizarse para imponer un nuevo pacto de derechos sociales, democratización económica, cohesión territorial y soberanía popular efectiva. Ese sigue siendo el hilo pendiente de la crisis abierta en 2019: Chile no cerró su pregunta constitucional; la dejó suspendida.
En este escenario de agotamiento estructural, la salida no podrá provenir de los mismos marcos que han producido la crisis. Se impone, entonces, una alternativa popular y democrática, capaz de reconstruir la cohesión social sobre nuevas bases materiales e institucionales.
Ello exige no solo recuperar el mandato constituyente expresado soberanamente por el pueblo de Chile, sino también reconfigurar la inserción internacional del país, abriéndolo a un orden multipolar en consolidación. En ese contexto, la articulación estratégica con economías emergentes como la China —hoy principal motor del crecimiento mundial—, así como el fortalecimiento de vínculos con Rusia y otros actores que promueven el multilateralismo efectivo, aparece como una vía para diversificar dependencias, recuperar soberanía económica y sostener un proyecto de desarrollo con justicia social.
Lo que se encuentra en cuestión no es una reforma al neoliberalismo, sino su superación. El modelo neoliberal, incapaz de ofrecer soluciones institucionales sostenibles, ha dejado tras de sí una persistente sombra de pobreza y extrema pobreza que las últimas décadas no lograron resolver.
Su continuidad solo profundiza la fragmentación social y la pérdida de cohesión. En su lugar, se impone la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo, anclado en la planificación estratégica, la centralidad del bienestar colectivo y la primacía de lo público. En ese horizonte, la experiencia de economías de base socialista con fuerte capacidad estatal, como la China, ofrece referencias relevantes para pensar procesos de transformación acelerada, capaces de revertir en pocos años déficits estructurales de pobreza y desigualdad. Chile, enfrentado a su propia encrucijada histórica, debe abrirse a estas alternativas, asumiendo con decisión la tarea de reconstruir una sociedad más justa, cohesionada y orientada al desarrollo integral de su población.
