por Saúl Escobar Toledo
Una marcha nutrida y pacífica que transitó por el Paseo de la Reforma hasta llegar al zócalo capitalino culminó con una violenta acometida por grupos anónimos contra la policía de la Ciudad que duró varias horas. Como ha sido documentado por diversos medios de comunicación, así como por testimonios y videos que han circulado en las redes sociales, no hay duda de que la agresión fue desatada por esas personas, la mayoría encapuchas o con cascos. Aun más, es evidente que los agresores iban bien preparados para el cometer el asalto. Se trató, por lo tanto, de un “movimiento contra la autoridad constituida”, un motín, que buscaba dejar patente su inconformidad mediante la gresca. Es crucial dilucidar cómo se desató la violencia pues ello explica los orígenes de la manifestación, los acontecimientos del sábado y sus secuelas. A pesar de las evidencias, ahora los simpatizantes de esa movilización alegan que la agresión fue iniciada por los uniformados, lo que revelaría el carácter represivo del gobierno de México.
En realidad, este argumento busca justificar la provocación y dar nuevos argumentos para continuar las movilizaciones.
La disputa por la narrativa seguirá durante un tiempo; no obstante, resulta interesante entender los objetivos que intentaron alcanzar ese día. De acuerdo con declaraciones de algunos asistentes, lo que se propusieron era “entrar a Palacio Nacional” (o por lo menos a la Suprema Corte y al edificio del gobierno de la Ciudad). Algunos más, simplemente buscaron agredir a la policía. Todos, con el propósito fue debilitar al gobierno. En parte lo lograron: los niveles de violencia fueron muy aparatosos.
Por otro lado, también destaca que las razones que movieron a los manifestantes fueron varias, pero no claramente expresadas. En esto se diferenciaron de muchas marchas, con diversos signos político e ideológicos que han llegado al Zócalo. Desde luego pusieron el acento en la inseguridad,sin embargo añadieron consignas que desdibujaron ese propósito.
Muchos participantes afirmaron simplemente “fuera Morena” y que “todo estaba mal”. Asimismo, dijeron simpatizar con estrategias como las de Trump y Bukele. Y, para colmo, no escatimaron consignas hirientes y misóginas contra la presidenta. Importa esto porque se trata entonces de un movimiento iracundo que carece de un programa o un conjunto de demandas que puedan ser atendidas en un diálogo con la autoridad. Esa posibilidad, por lo pronto, no existe con estos inconformes.
Finalmente, y quizás más importante, los agresores recibieron un apoyo constante de los asistentes a la marcha, algunos de los cuales los azuzaban para seguir agrediendo a la policía.
Aunque hubo otros que llamaron a la calma y al cese de hostilidades, se impuso la voluntad de prolongar la refriega. Algunos simpatizantes de la marcha relataron que hubo señoras que “dieron su bendición” a los agresores. Los uniformados tuvieron que enfrentar, en estas condiciones, no sólo a pequeños grupos sino a una muchedumbre. Varias horas duró el combate, lo cual llevó a excesos policiacos que deben ser investigados y castigados, así como a revisar los sistemas de inteligencia, capacitación y preparación de los elementos.
Lo anterior no debe llevarnos a subestimar la importancia de la protesta del sábado 15. No ayuda mucho discutir si esa marcha y el tumulto posterior refleja el sentir de la juventud mexicana. Tampoco si fue alentada, preparada y financiada por empresarios, políticos, ideólogos de derecha y ultraderecha, y bots pagados con millones de pesos. Importa más reconocer que fue una manifestación numerosa, con mucha rabia, y convencida de que esta administración, electa en 2024, debe ser destituida ya que no puede ofrecer soluciones a los problemas del país y, al contrario, es cómplice del crimen organizado.
Si muchos de los marchistas consideran que no hay posibilidad de entendimiento, la única salida es la revocación de mandato. Esta posibilidad, por la vía electoral, está cerrada hasta el 2027 o 2028, así que sólo la manifestación callejera puede hacerlo posible. Como afirmaron el día después, algunos participantes, “la inconformidad de una sociedad que estuvo muy cerca de llegar a Palacio Nacional, lo volverá a intentar”
Frente a esta postura, el gobierno no puede simplemente descalificar los acontecimientos. La inconformidad, en buena medida de orientación ultraderechista, debe ser respondida con eficacia y contundencia para lograr una mayor seguridad de los ciudadanos. No deja de ser paradójico que este gobierno, el de Sheinbaum, más decidido que su antecesor a dar la lucha frontal contra el crimen organizado, sea acusado de estar aliado con las bandas del narcotráfico.
Y es que, precisamente, el que se haya mostrado la penetración del crimen organizado en diversas instituciones del Estado mexicano ha aumentado la cólera en lugar de disminuirla. Porque fue esta administración la que sacó a la luz la complicidad de elementos de la Marina en el llamado huachicol fiscal y la verdadera identidad delictiva del secretario de seguridad del gobierno de Tabasco. A esto hay que agregar, por supuesto, el crimen del alcalde de Uruapan y las disputas al interior de Morena que llevaron a Manzo a la oposición.
Algunos comentaristas que, por cierto, no son simpatizantes de la Cuarta Transformación como Ricardo Raphael han especulado que “el contingente de personas armadas” que actuaron el sábado podrían ser “sujetos bajo las órdenes de los carteles criminales que operan en la Ciudad de México”.
Hasta ahora no hay pruebas de esos dichos. En cualquier caso, el gobierno no puede ceder, y está obligado a sanear las instituciones de la república y perseguir la corrupción, fundamentalmente aquella que ha permitido la penetración del crimen organizado. No ha sido suficiente perseguir y encarcelar a las bandas. Romper los vínculos entre funcionarios
y delincuentes es quizás el paso más difícil pero indispensable no sólo para los intereses políticos de la 4T; también para el mantenimiento del estado de derecho.
En otros países hemos visto rebeliones contra gobiernos electos legítimamente. En algunos casos han tenido éxito y los funcionarios, incluyendo presidentes, han tenido que irse. Así sucedió, por ejemplo, Argentina en el 2001 o Chile en el 2019. Se trató de movimientos sociales que hicieron uso de la manifestación callejera e incluso de la violencia; sin embargo, habían levantado un conjunto de demandas claramente reconocidas. Un caso muy distinto fue el de los simpatizantes de Bolsonaro en Brasil, los cuales trataron de impedir la transición de gobierno: fracasaron y fueron castigados posteriormente.
En México, estamos presenciando manifestaciones de inconformidad diversas, con pliegos petitorios como los maestros de la CNTE o de las organizaciones campesinas. Los manifestantes del sábado, en su gran mayoría, no tienen inspiración social. Lo que los distingue es su rabia, su oposición, sin concesiones, al gobierno actual. Y, en el futuro, si no hay respuestas convincentes a ese clamor, las movilizaciones pueden resurgir con más fuerza e incluso traducirse en votos contra Morena y sus aliados.
Los éxitos de la ultraderecha en América Latina no han sido producto solamente de la manipulación. Han respondido a serios errores de la izquierda gobernante y a su incapacidad de entender el malestar de la sociedad. Muchas de las personas que se manifestaron el sábado, lo hicieron, en efecto, con la idea de que se requiere un gobierno de mano dura.
Hay que construir, por lo tanto, una nueva mayoría que no se reduzca a los aparatos burocráticos de la Cuatro T y que incluya a muchos contingentes que buscan la transformación pero que no quieren ser sometidos políticamente.
El reto del gobierno de la presidenta Sheinbaum puede formularse de esta manera: más contundencia para acabar con la corrupción, y más apertura al pensamiento y a los actores sociales que buscan construir un país en paz y con una vida digna para todos y todas.
saulescobar.blogspot.com
