Le Monde Diplomatique – edición chilena
Hay quienes creen que el poder político descansa en las instituciones tradicionales de la República. Que éste, opera ajustado a la idea del “estado de derecho”, esa teoría que Montesquieu, hace más de dos siglos formuló en la división de poderes, de forma que el Estado permitiera la existencia de tres poderes fundamentales, independientes uno del otro. La idea era que estos poderes actuaran con pleno equilibrio y así evitar la tiranía, la corrupción y se garantizara la libertad individual.
Veamos si esto es realmente así, o si no es más que un mito que durante años han promovido quienes detentan el poder, con el objetivo de mantener a toda costa el statu quo, domesticar y encauzar la protesta social de quienes reclaman y exigen derechos.
En la actualidad ha quedado en evidencia que la mayoría de las instituciones que conforman el Estado tradicional capitalista han sido mancilladas por graves actos de corrupción. La vieja respuesta del poder, que sostiene que no hay que generalizar porque se trataría de hechos aislados, se derrumba completamente ante la prueba de la podredumbre existente en casi todas las instituciones estatales: congresistas, gobernantes, jueces, fiscales, iglesias, policías; prácticamente todas, en las últimas décadas, han mostrado un nivel extremo de descomposición moral.
El deterioro de las instituciones tradicionales ha cobrado relevancia en la actualidad, porque el poder político, el real, no se asienta en lo que creemos observar. El verdadero poder, está donde se toman las importantes y relevantes decisiones. Está en el poder que ejercen las grandes compañías financieras, entiéndase bancos, fondos de inversión, corredoras de bolsa, compañías de seguros, compañías mineras… que imponen sus intereses por encima de los de la nación.
El destino del país, las normas que se acuerdan y que finalmente se votan y promulgan, son redactadas, revisadas y visadas por los operadores de las grandes corporaciones privadas. Ocurrió con la famosa ley de pesca, o ley Longueira, donde la evidencia demostró sin derecho a refutación, que tanto el Ejecutivo, como el Legislativo, para este caso, operaron como simples facilitadores de leyes espurias que afectan hasta el día de hoy, el interés patrimonial del país.
El acuerdo entre Soquimich y Codelco, por ejemplo, cuyas consecuencias para el interés nacional evidencian de qué lado están quienes dirigen las instituciones del Estado, velando más por congraciarse con los intereses de las corporaciones internacionales que por resguardar el bienestar del país.
La famosa ley de reforma previsional, que tanto la candidata Jara, como Matthei celebran y valoran, fue previamente debatida en los famosos encuentros realizados fuera del país, conocidos como Chile Day, entre Mario Marcel, ministro de Hacienda de Boric, y las compañías de seguros que a la vez son las dueñas de las AFP. El broche de oro fue que los ajustes finales de esa tan celebrada reforma, que dejó más fortalecidas a las AFP se resolvieron en la casa de Zalaquett, lobista de la derecha y de los grandes grupos económicos, entre ellos, las AFP.
Cuando Ricardo Lagos al inicio de su gobierno fortaleció la lógica del Estado subsidiario entregando a licitación privada carreteras, hospitales, terminales portuarios, financiamiento de la educación universitaria (CAE), entre otros, fue aplaudido por los grandes empresarios que vieron en esa política un nuevo nicho de negocios en el que podían, con platas públicas extender sus inversiones y lograr suculentas rentabilidades. Pero, cuando Lagos quiso reformar la legislación laboral impuesta en dictadura en 1979, la cosa cambió, hasta ahí no más le dijeron. Los grandes empresarios estaban dispuestos, incluso, a pagar un poco más de impuestos; pero, a lo que jamás estuvieron y no han estado dispuestos, es a ceder un milímetro de poder. Modificar el ordenamiento jurídico, que actualmente regula la relación trabajo capital, otorgando o restituyendo parte del poder que los trabajadores y sus organizaciones -entiéndase sindicatos- perdieron bajo la dictadura es inaceptable para la clase patronal, implicaría perder algo del poder que por décadas han logrado, además, alteraría las correlaciones de fuerza actualmente existentes en el país y el gran empresariado criollo y foráneo a eso no está dispuesto.
¿Qué significa esto, entonces? Que el poder verdadero “está detrás del trono”. En el gran empresariado, en los que manejan las grandes compañías financieras. No reside en la persona o autoridad que ocupa la presidencia; esa es solo la apariencia del fenómeno político. Por eso, distinguir correctamente dónde está el poder puede ayudar a que quienes aspiran a transformaciones estructurales elijan el camino adecuado y no se equivoquen. En todo caso, dependerá de disputar el poder real a quienes lo ostentan, sin dejarse engañar pensando que, con uno o más congresistas, se puede alcanzar el poder, ya que este no radica allí.
La tarea siempre es compleja; la hora presente exige un compromiso mayor de quienes reivindican sustentar de verdad ideas transformadoras y no dar crédito a aquellos que, en tiempos electorales, ofrecen miles de mentiras que, una vez electos, desconocen sin ningún pudor, pues eso, lo del pudor, también es algo escaso en estos tiempos.
