El Porteño
por Valeria Menéndez
La revelación de una conversación telefónica autorizada judicialmente en la que Juan Carlos Morstadt habría reconocido haber quemado el cuerpo de Julia Chuñil antes de enterrarlo estremece por su brutalidad y confirma lo que desde hace meses denuncian las comunidades mapuche y las organizaciones de derechos humanos: este caso no es un hecho aislado, sino parte de la sistemática política de criminalización, violencia e impunidad que el Estado chileno despliega contra el pueblo mapuche.
Este horror no podría existir sin el amparo del régimen. Desde el gobierno de Piñera hasta el de Boric, con el voto de todas las fuerzas parlamentarias del sistema, la ocupación militar del Wallmapu ha mantenido a cientos de comunidades bajo control policial, con más de un centenar de presos políticos mapuche tras las rejas. Ese es el contexto en el que se produce el crimen de Julia Chuñil: un escenario donde la represión es política de Estado, y donde los asesinos actúan protegidos por las instituciones.
La verdad ignorada: el rol cómplice del Ministerio Público Durante el proceso judicial, la abogada Karina Riquelme fue tajante al señalar que el Ministerio Público ha mantenido en segundo plano evidencia clave. En una llamada interceptada, Morstadt se refiere explícitamente a que “la quemaron”. Este y otros registros similares han sido tratados apenas como “indicios” de su conocimiento o participación en el crimen, sin que se profundice en esa línea investigativa.
Mientras tanto, la Fiscalía ha centrado sus esfuerzos en criminalizar a la familia de la víctima. El caso más indignante ocurrió cuando la hija de Julia, Jeannette Troncoso, fue sometida a apremios ilegítimos por parte de la fiscal Tatiana Esquivel y del Labocar para que se autoinculpara. Este intento de encubrimiento fue repudiado masivamente y denunciado en múltiples marchas, especialmente durante el 8M, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
La persecución no terminó ahí: testigos con identidad reservada han sido utilizados para intentar culpar a los hijos de Julia, sometiéndolos a una doble victimización. En lugar de ser protegidos como víctimas, se les trata como sospechosos, violando el debido proceso y transformando la investigación en un montaje.
Pese a que Juan Carlos Morstadt ha sido considerado “sujeto de interés prioritario” desde el inicio de la investigación, no se ha formalizado ningún cargo en su contra. El móvil del crimen está claramente relacionado con un conflicto territorial previo con Julia y su familia, y se le vincula incluso con armas no declaradas y movimientos financieros sospechosos. Sin embargo, la Fiscalía no ha dado un solo paso efectivo hacia su imputación.
Este actuar negligente es una violación directa de las obligaciones del Estado. Rodrigo Bustos, de Amnistía Internacional, recordó que Chile debía cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que exigían “redoblar los esfuerzos” para encontrar a Julia. El incumplimiento agrava la responsabilidad estatal en este caso emblemático de violencia contra una defensora ambiental mapuche.
A ello se suma una abierta obstrucción a la justicia: el equipo legal denunció que fue bloqueado del sistema judicial en línea, lo que les impidió acceder a la carpeta investigativa. Además, el caso quedó en manos de un fiscal recusado por su conocido sesgo ideológico contra el pueblo mapuche, anulando cualquier apariencia de imparcialidad.
“Nos están haciendo un montaje. Queremos encontrar al verdadero culpable, no inculpar a inocentes”, declaró Pablo San Martín Chuñil, hijo mayor de Julia. Sus palabras reflejan la doble batalla que enfrenta la familia: el dolor de la desaparición y el enfrentamiento con un sistema que los criminaliza para proteger al responsable.
Frente a esta situación, la familia ha convocado a una marcha nacional el próximo 8 de noviembre, junto con una asamblea de coordinación nacional para organizar movilizaciones simultáneas en todo el país. En Santiago, la concentración será frente a La Moneda, símbolo del Estado que ha permitido este crimen.
Por Julia Chuñil, por el Wallmapu: ¡Justicia ahora!
El caso de Julia Chuñil es una herida abierta en la conciencia del país. Su desaparición y asesinato no son un hecho aislado, sino parte de un sistema estructural de violencia colonial y racista contra el pueblo mapuche. Es el resultado directo de una política de Estado que militariza territorios, persigue a comunidades, protege a terratenientes y garantiza la impunidad a los asesinos.
Por ello, el camino no puede ser otro que profundizar el apoyo popular, masificar las movilizaciones, coordinar las luchas regionales y denunciar con fuerza el operativo de encubrimiento. La demanda es clara y urgente:
