EL PORTEÑO
por Alejandro Valenzuela Torres
La reciente excarcelación de José Octavio Zara Holger, exbrigadier del Ejército y agente de la DINA, revela con toda su crudeza los límites de la justicia chilena en materia de violaciones a los derechos humanos. Condenado a 17 años de prisión por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert —acto terrorista ejecutado en pleno Buenos Aires, con la colaboración del agente y mercenario norteamericano Michael Townley—, Zara vuelve a la vida civil, para algarabía de la «familia militar», después de cumplir su sentencia en el penal de privilegio de Punta Peuco.
Una pena leve frente a un crimen de Estado
El contraste es brutal: la muerte del excomandante en jefe del Ejército y de su mujer, en el corazón de la capital argentina, fue un atentado internacional que probó la capacidad de la DINA para operar como un aparato terrorista transnacional en el marco del Plan Cóndor. Aun así, la pena impuesta —17 años por dos homicidios y apenas 100 días por asociación ilícita— resulta irrisoria frente a la magnitud del crimen. La Corte Suprema ratificó esta sentencia en 2010, rebajando incluso condenas que en primera instancia habían sido mayores.
La familia Prats, en particular Sofía Prats, hija del matrimonio asesinado, denunció entonces la desproporción de estas penas, calificándolas de sorprendentemente indulgentes. La rebaja, señalaron, no obedecía a criterios jurídicos sólidos, sino a una política de “atenuación sistemática” hacia los responsables de crímenes de Estado.
Dos varas de medir: militantes vs. genocidas
La benevolencia mostrada con Zara contrasta escandalosamente con la dureza con que los tribunales chilenos castigan hoy a militantes sociales, activistas y luchadores populares. Jóvenes mapuche, dirigentes sindicales y activistas de izquierda enfrentan procesos judiciales donde se invocan delitos de “asociación ilícita terrorista”, “atentado contra el orden público” o incluso meras expresiones políticas, con penas que en muchos casos duplican o triplican las que cumplió Zara. En no pocas ocasiones se trata de delitos de opinión y riesgo, donde no existe pérdida de vidas humanas ni daños comparables.
Mientras a un agente de la DINA que hizo estallar un automóvil en Buenos Aires se le otorgan penas con beneficios y recintos penitenciarios especiales, los tribunales han sido inflexibles contra quienes se movilizan en defensa de derechos colectivos. Esta asimetría desnuda la esencia de clase de la justicia chilena.
El hombre de los “corvos acerados”
No debe olvidarse, además, que Zara no fue un agente oscuro y anónimo. En 1988, días antes del plebiscito que decidiría la continuidad de la dictadura, ofreció públicamente a Pinochet los “corvos acerados” de sus tropas, gesto de abierta amenaza contra quienes osaran desafiar al régimen. Este mismo hombre, que encarnó la violencia y la prepotencia de la dictadura, hoy camina libre gracias a una justicia indulgente que jamás ha aplicado con el mismo criterio a los luchadores del pueblo.
Justicia de clase e impunidad estructural
La liberación de Zara es la constatación de que la justicia en Chile no opera como un mecanismo imparcial, sino como un engranaje más de la dominación de clase. Los crímenes de Estado reciben condenas leves, rebajas de penas y cárceles especiales. En cambio, a los movimientos sociales se les aplica la mano más dura, criminalizando la protesta y castigando incluso la mera disidencia.
La liberación de Zara no solo corrobora el doble rasero, la impunidad y el carácter de clase de una justicia que orgánicamente participó de la tarea genocida de la dictadura. El silencio sobre esta cuestión en los medios es elocuente, ni hablar del Gobierno y aún de los «candidatos» del régimen. El hecho se presenta como el aséptico cumplimiento de una resolución judicial. Sin embargo que un peligroso terrorista y recalcitrante criminal de Estado que ha seguido y sigue gozando de las millonarias pensiones del aparato provisional de las FFAA, pone en evidencia una verdad incómoda para la farsesca institucionalidad republicana: en Chile, abiertamente, no hay democracia.
