Reporteros del Partido Marxista de los Trabajadores
(CIT en Sudáfrica)
En noviembre, una crisis en la mina de Stilfontein, en la provincia del Noroeste de Sudáfrica, a 145 km de Johannesburgo, comenzó a ocupar los titulares internacionales. Hasta 4.000 mineros «zama zama» habían sido atrapados a propósito bajo tierra por la policía. Los zama zamas son mineros informales a pequeña escala, o «artesanales», que se introducen en minas abandonadas para extraer los minerales residuales que quedan cuando cesan las operaciones comerciales a gran escala, a menudo trabajando bajo la coacción de bandas criminales. En el momento de redactar este informe, quedaban 400 bajo tierra.
La responsabilidad de la crisis de Stilfontein debe atribuirse firmemente al gobierno dirigido por el Congreso Nacional Africano (ANC). Es el resultado directo de la operación Vala Umgodi («cerrar el agujero» en zulú) de la policía, que selló las entradas a la mina abandonada y cortó el suministro de alimentos. Cuando el asunto salió a la luz pública, gracias a la heroica intervención de la comunidad de Stilfontein, los zama zamas llevaban tres meses atrapados sin recibir alimentos ni agua, y su salud se deterioraba rápidamente.
El gobierno debe asumir toda la responsabilidad por la muerte de los ocho trabajadores cuyos cuerpos han salido a la superficie hasta ahora. El Partido Marxista de los Trabajadores condena la declaración del Ministro de la Presidencia en la que anima a la policía a «ahuyentar a los criminales». La crisis de Stilfontein debería haberse tratado como una emergencia, haciendo hincapié en el rescate de los trabajadores y ofreciendo protección a las víctimas de los mafiosos. La nacionalidad o el estatus legal de los atrapados debería haber sido irrelevante.
En cambio, la policía, respaldada por la histeria de los políticos capitalistas, trató la crisis como un caso de criminalidad orquestado por inmigrantes ilegales y acordonó la zona como la escena de un crimen. Al principio, los medios de comunicación sudafricanos sirvieron de eco al gobierno, sensacionalizando su política reaccionaria y xenófoba en nombre de la defensa de la ley y el orden. Debería compartir la responsabilidad de los retrasos que han provocado muertes innecesarias.
Sin embargo, el Estado no estaba dispuesto a desviarse de su misión de demonizar a los atrapados, incluso cuando se vio obligado a aceptar que algunos de los atrapados eran sudafricanos. Para colmo de males, el gobierno denunció a las mujeres de Stilfontein por presunta «complicidad» en la delincuencia al mantener relaciones con extranjeros. El gobierno podría haber evitado estas muertes si hubiera colaborado con la comunidad para rescatar a los trabajadores que permanecían atrapados bajo tierra por miedo a ser detenidos o porque los sindicatos criminales pudieran estar reteniéndolos contra su voluntad. Para eterno orgullo de la comunidad de Stilfontein, se mantuvieron firmes ante la avalancha de propaganda gubernamental que tergiversaba cínicamente las complejas realidades de lo ocurrido…
