360 Noticias
(Bolivia) (360Noticias) La escalada de hostigamiento político contra el expresidente boliviano Evo Morales ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciando una estrategia del gobierno de Luis Arce para neutralizarlo de cara a las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Tras un intento de asesinato que puso en peligro su vida, ahora la Fiscalía ha emitido una orden de detención en su contra, vulnerando flagrantemente sus derechos fundamentales.
La defensa legal del líder indígena, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha rechazado categóricamente la reciente imputación por presunto tráfico de personas presentada por la Fiscalía boliviana el pasado lunes. El abogado de Morales, Nelson Cox, denunció las irregularidades del proceso judicial en contacto con medios locales: “Es una acusación minada de arbitrariedades e ilegalidades, que es nula. Una imputación donde ni siquiera el expresidente Morales presentó su declaración en calidad de sindicado. En Bolivia ningún boliviano puede ser imputado sin antes haber presentado su declaración; se vulnera la presunción de inocencia”.
Cox subrayó que el proceso judicial en contra del exmandatario carece de sustento legal y responde a presiones políticas del gobierno actual: “Esta imputación, por donde se la mire, vulnera los derechos y garantías constitucionales. No existe argumento para la apertura de este proceso, sino la presión del gobierno de Luis Arce”.
La investigación en contra de Morales por trata de personas se remonta a 2016, cuando este cumplía su tercer mandato presidencial. Sin embargo, dicha causa fue reactivada de oficio por la Fiscalía de Tarija en octubre de 2024, pese a que ni la supuesta víctima ni sus familiares presentaron denuncia alguna. El hecho ha suscitado serias dudas sobre la intención de la justicia y el trasfondo político de la medida.
Como parte de esta ofensiva judicial, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión alegando que Morales no se presentó a declarar el pasado 2 de octubre. No obstante, la defensa insiste en que las garantías del debido proceso están siendo pisoteadas, generando un escenario de indefensión que viola la presunción de inocencia consagrada en la Constitución.
Este nuevo episodio de persecución política contra Evo Morales se suma al grave atentado contra su vida ocurrido hace más de un mes. En aquella ocasión, Morales denunció que su caravana fue atacada con disparos dirigidos a los vehículos en los que se encontraba. “Hace más de un mes intentaron matarnos disparando contra los vehículos en los que nos encontrábamos. Luis Arce, en lugar de instruir una investigación, encubrió e intentó enterrar el tema, permitiendo que uno de los principales responsables del atentado se investigara a sí mismo”, declaró en aquella ocasión Morales.
El lawfare y el uso de la justicia como herramienta de persecución política no solo atenta contra los derechos fundamentales de Evo Morales, sino que también erosiona los pilares democráticos de Bolivia. La reactivación de causas judiciales y el intento de desacreditar al exmandatario responden a un evidente interés de impedir su participación en la arena política y acallar su liderazgo.
Evo Morales denunció en la red social X “Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU. Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso”.
Agregó “El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano; haber expulsado al embajador de EEUU y sus agencias saqueadoras y represoras”.
La comunidad internacional y los sectores democráticos dentro de Bolivia deben estar alertas frente a esta situación. La persecución política no puede ser normalizada ni legitimada. Lo contrario sería retroceder hacia prácticas autoritarias que deben ser condenadas en cualquier democracia.
