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El Caso Convenios no solo ha colocado en la palestra un enriquecimiento basado en fraudes a las arcas públicas, sino que también incluyó cuestionados convenios entre privados. En esta columna, el autor profundiza en el caso de ProCultura y la transnacional minera Anglo American, y en cómo el concepto de valor compartido, ampliamente difundido por las empresas, ha generado un nuevo punto de inflexión.
Por Javier Arroyo Olea | Integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
A mediados de octubre de este año, Interferencia.cl hizo pública la querella presentada por la transnacional minera Anglo American contra la cuestionada Fundación ProCultura, la cual se encuentra involucrada en el denominado «Caso Convenios» relacionada a la malversación de recursos públicos. Sin embargo, en este caso, la querella de la minera es en base al no rendimiento de casi $300 millones transferidos por la empresa y cuya utilización no se encuentra rendida ni justificada, siendo fondos que irían dirigidos a «diagnósticos patrimoniales» y un programa de «bienestar y salud mental».
Como respuesta, la transnacional con origen en Reino Unido salió a referirse al tema señalando que desde 2017 sostienen convenios con ProCultura, los cuales tendrían como objetivo «beneficiar a comunidades en las zonas donde la compañía tiene operaciones, con foco en las áreas de medios de vida (turismo y patrimonio), plan de montaña, salud y bienestar». Ahora, con el «rabo entre las piernas», la empresa minera plantea irregularidades en el uso de sus propios recursos, siendo reflejo de una desprolijidad total el monitoreo de sus recursos pese a plantear que mantienen trabajos permanentes para «contribuir activamente al desarrollo socioeconómico de las comunidades».
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Esta lógica que han adoptado las empresas guarda irrestricta relación con el concepto tan manoseado de «valor compartido» (ex Responsabilidad Social Empresarial), donde los capitales foráneos, en su intento de legitimar sus proyectos extractivos, plantean la fórmula win-win; si la empresa gana, la comunidad también. Así, iniciativas entre Anglo American y ProCultura tales como la exposición fotográfica de historia e identidad de Colin, o cápsulas informativas durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19, o el proyecto de «puesta en valor de identidad de Til Til» forman parte de aquel relato que las empresas buscan instalar casi como cobijando a las comunidades.
Así las cosas, las empresas han elaborado y empujado esta idea de valor compartido, omitiendo, a destajo, el hecho de que son las mismas comunidades las que viven con los impactos de sus proyectos. Incluso, corriendo el cerco, durante los últimos años el empresariado ha llamado a ser parte de sus proyectos en términos de asociatividad. Así, llamando a ser «socios», las empresas no solo buscan legitimar su actuar, sino que también aportan a la fragmentación y tensión en la población. De igual forma, las empresas han levantado voladeros de luces respecto a la relación que existiría entre Empresa-Comunidad, omitiendo las diversas asimetrías que han sido profundamente estudiadas.
En este sentido, la política de valor compartido que ha intentado instalar Anglo American calza perfectamente con el enfoque del trabajo «Institucionalidad del Diálogo Territorial: La privatización del diálogo«, donde ésta «se constituye entonces en una estrategia de la gestión corporativa, que integra al territorio mediante un diálogo sostenido en el tiempo y transforma los problemas sociales en posibilidades de negocio de mutuo beneficio». En este caso, ProCultura, actuando como empresa que vivía de aportes del empresariado privado como también del Estado para levantar actividades culturales y patrimoniales, fue caja de resonancia de la política de valor compartido instalada por Anglo American en los diferentes proyectos que sostiene en Chile.
Expuesto lo anterior, hoy Anglo American se enfrenta a un tapaboca que la misma empresa creó, mientras que ProCultura vive las consecuencias de no solo sus irregularidades financieras, sino también el enfoque con el cual abordó los elementos culturales y patrimoniales facilitando la privatización de elementos comunitarios. Esto, bajo la vista gorda de un Estado que ha dejado en los últimos eslabones un abordaje profundo y constante de las políticas culturales del país.
