Quito, 14 nov (Prensa Latina) El traslado a prisión de la joven ecuatoriana Gabriela Gallardo causa hoy rechazo de colectivos sociales y de derechos humanos, amigos y familiares, que la consideran una perseguida política.
Organizaciones exigen justicia para Gallardo, a quien en octubre pasado se le revocó el hábeas corpus otorgado previamente por haberse vulnerado su derecho a la salud al ser una persona con enfermedad catastrófica.
La Coordinadora Por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ) criticó a la Fiscalía General por influir en la revocatoria del arresto domiciliario y encarcelamiento de Gallardo, pese a los informes y certificados médicos de persistencia del tumor cerebral.
“El cambio de medida no tiene justificación jurídica. Privar de la libertad a una persona que tiene una enfermedad catastrófica es demencial. ¿Qué tipo de jueces autorizan esto? (…) Expresamos nuestro repudio al mal uso del sistema judicial, expresó el colectivo Acción Jurídica Popular.
Gallardo integra el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad y es activista social. Fue detenida en mayo de 2022 bajo cargos de delincuencia organizada, reclutamiento y trata de personas, aunque ha denunciado que todo esto es una persecución política por su activismo.
En conversación con Prensa Latina, su hermana, Claudia Gallardo, explicó que desde 2022 el Estado la acusa de participar en actividades ilegales sin pruebas suficientes.
Comentó que como supuestas evidencias se llevaron de la casa libros de marxismo, sociología, una revista que publica el Movimiento Guevarista al que ella pertenece, banderas de la organización y panfletos.
Finalmente, la acusaron por “trata de personas con fines de reclutamiento”, precisó Claudia.
Mientras, su esposo, Omar Campoverde, también permanece encarcelado, acusado del mismo delito.
Actualmente Gabriela Gallardo se encuentra en la Cárcel de Cotopaxi, donde su vida corre grave riesgo debido a la falta de condiciones médicas adecuadas en el sistema penitenciario ecuatoriano, lamentó su hermana.
Los familiares de la joven presentaron una apelación ante la justicia ecuatoriana, pero aún así buscarán apoyo en instancias internacionales, «porque necesitamos justicia, reparación y evitar que casos como estos de persecución política vuelvan a darse en Ecuador».
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