03 de Julio de 2017
Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen, advirtió el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
En el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales «despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental».
De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.
Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses (13.2 por ciento).
Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.
El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburos «genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables», al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.
De igual manera, Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.
Fernando Camacho Servín
La Jornada, 3 de julio de 2017
Las actividades extractivas en México: Estado actual 2016
- Es preocupante la manera en la cual se está implementando la Reforma Energética, luego de las pasadas rondas de licitación.
- El aporte de las empresas mineras a las finanzas públicas es mínimo, en comparación con la gravedad de sus impactos.
En el documento “Anuario de industrias extractivas: Situación actual 2016”, investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes, presentan un panorama sobre la situación de la actividad extractiva y sus implicaciones e impactos para los territorios en México.
Este Anuario analiza el contexto en el que México está orientando sus políticas públicas hacia las inversiones en el sector energético y minero a costa del incremento de los impactos socioambientales en los territorios y en la población.
En cuanto a la Reforma Energética, la investigación muestra que pone en condiciones de vulnerabilidad a las comunidades y territorios al haberse incluido figuras jurídicas que, como la servidumbre legal, privilegian los intereses de las empresas sobre la garantía de los derechos humanos. Además, los planes del gobierno para intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica suponen un riesgo adicional para las poblaciones, el medio ambiente y el clima, y no representan una opción energética de futuro.
Al respecto, Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, apuntó que “aunque la contribución de la extracción de petróleo ha representado históricamente una importante contribución a los ingresos públicos y, en 2016 aún representó 16% de los mismos, este no puede seguir siendo el argumento utilizado para impulsar esta actividad por encima de los derechos de las personas y comunidades”.
Por otro lado, el Anuario incluye información sobre los nuevos actores privados que han entrado al juego como parte de las cuatro primeras licitaciones de la Ronda Uno. De tal forma que, para 2016, se habían entregado 38 áreas a través de contratos a 33 consorcios en los que participaron 48 empresas.
Sobre este tema, Omar Escamilla, investigador del sector energético, señaló que “uno de los aspectos más preocupantes es la participación de algunas empresas en las rondas de licitación de hidrocarburos realizadas hasta ahora, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos y degradación ambiental. En la investigación encontramos que algunas empresas tienen vínculos con políticos y grandes empresarios mexicanos, así como con exfuncionarios del gobierno mexicano”.
Respecto al sector minero, el documento ahonda en la escasa contribución que hace la minería a las finanzas públicas, esto es, alrededor de 0.32 % de los ingresos del Gobierno Federal y 0.24 % de los del sector público presupuestario, en comparación con los impactos a la salud, agua y biodiversidad que genera. Una muestra de ello es que, para el año 2015, había 1,609 concesiones en áreas naturales protegidas (ANPs), una práctica permitida por la legislación en la materia.
Por otra parte, existen mecanismos que se han conformado con el objetivo de “compensar” los impactos y garantizar condiciones más justas para las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos, pero que cuya efectividad está bajo cuestión. Al respecto, el fondo minero ha recibido 4,282.5 millones de pesos para los años 2014 y 2015, y el Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos 7,480.7 millones en 2015 y 2016.
Beatriz Olivera, investigadora de Fundar, señaló que “para ambos fondos, existe incertidumbre en el impacto que tienen a nivel local y sobre si los proyectos están siendo realmente implementados para atender de alguna manera las afectaciones socio-ambientales que generan las actividades extractivas. Encontramos vacíos importantes en la información disponible sobre estos fondos, por lo cual es urgente que sean presentados bajo estricta transparencia.”
Finalmente, el documento presentado destaca la contribución de la actividad extractiva de minerales e hidrocarburos a las emisiones de los gases que generan el calentamiento global, así como los daños que conllevan en los territorios y poblaciones, disminuyendo sus posibilidades de enfrentar los efectos del mismo. En este sentido, Mariana Castillo, coordinadora de investigación del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) señaló la importancia de que los países de la región avancen hacia modelos de desarrollo de bajo carbono, resilientes al clima.
También apuntó que el reto para México está en establecer las condiciones nacionales necesarias para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París y en las contribuciones nacionalmente determinadas. Sin embargo, señaló que “estas metas no podrán alcanzarse si los países siguen basando su desarrollo en actividades extractivas, tales como la explotación y quema de hidrocarburos.”
