Marcela Vera, economista
Opinión en Radio Cooperativa
El sistema previsional en Chile tiene raíces profundas, que se remontan a su instauración durante una dictadura; un período en que se buscaba controlar el mayor volumen de capital financiero del país, concentrado en los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, cualquier modificación del sistema actual que profundice las problemáticas existentes generará un costo significativo tanto para la institucionalidad como para la credibilidad de los congresistas. Es imperativo que esto se considere profundamente para garantizar la continuidad de un proyecto político que aspire a transformar el sistema vigente.
Al diseñar un sistema previsional hay tres aspectos fundamentales a considerar. Primero, se debe aumentar efectivamente las pensiones que reciben los afiliados. Segundo, es crucial abordar el lucro y el destino de los ahorros de los trabajadores. Tercero, la gestión debe ser ejecutada por una única entidad pública para garantizar eficiencia económica y que diseñe las inversiones que aseguren que no se produzcan pérdidas irreparables en el fondo global del sistema previsional. Estas pérdidas se traducen en una reducción significativa del monto individual en las cuentas de capitalización individual.
En el informe de la Comisión Técnica de Pensiones, emitido el 8 de julio de 2024, se presentan varios aspectos clave que deben considerarse para una evaluación económica, financiera y política del diseño propuesto. A continuación, se detallan los principales puntos:
- Pensión Garantizada Universal (PGU): La comisión recomienda no aumentar la cobertura del 90 al 100%, como propone el proyecto, ni aumentar la PGU a 250.000 pesos. La falta de acuerdo en este aspecto deslegitima profundamente el proceso de reforma previsional, dado que se desestima una de las demandas más sentidas por la población.
- Separación de funciones: El proyecto inicial contemplaba la separación de funciones entre la administración y el agente que realizaría las inversiones necesarias para generar la rentabilidad del fondo. Dicha fórmula ya carecía de eficiencia económica, puesto que hoy el sistema de pensiones tiene una estructura de costos cada vez más alta en la medida de que existe más competencia, debido fundamentalmente a que el costo más alto que poseen las AFP es el costo de venta y publicidad, lo que significa que a medida que existen más agentes, ello implica un alza en los costos para poder captar en especial los clientes de altas rentas.
Por ello, las diversas funciones debían ser ejecutadas por un único ente público para reducir estos costos y, al mismo tiempo, garantizar la custodia del interés público respecto a las inversiones realizadas con los fondos de los trabajadores chilenos. La solución propuesta por el proyecto ya evidenciaba un diseño no acorde con la estructura organizacional de las administradoras de fondos de pensiones.
No obstante, no separar las funciones de gestión y administración aumenta el poder de decisión de las AFP en comparación con la propuesta original del Gobierno. Es bien sabido que el poder de decisión que poseen las AFP ha fortalecido a un pequeño grupo de negocios básicamente rentistas, que no han sido lo suficientemente estratégicos como para impulsar un proceso de industrialización sectorial. Esto ha consolidado un sistema de ahorro de los trabajadores que solo ha fortalecido el acceso a un capital barato por parte de muy pocas familias, que constituyen los conglomerados económicos en Chile. Esta situación solo se agravaría con el aumento del 6% de la cotización, ya que, dado que no cambiaría la forma en que se administra e invierte, en la práctica produciría un aumento del capital barato que obtienen dichos conglomerados. - Fondos generacionales: El establecimiento de fondos generacionales presenta problemas estructurales, ya que tanto los sistemas de renta fija como los de renta variable han demostrado producir pérdidas significativas en determinados periodos. Es necesario cambiar el destino de los fondos de ahorro hacia inversiones productivas, estables y altamente rentables, más allá de simplemente distribuir el riesgo generacionalmente.
- Solidaridad intergeneracional transitoria y seguro de lagunas previsionales: Aunque se propone una solidaridad intergeneracional transitoria y un seguro de lagunas previsionales, la introducción de seguros adicionales implica que otros agentes del mercado lucren con ellos.
- Arreglos institucionales: La propuesta genera una extrema flexibilización en la Superintendencia de Pensiones y un exceso de incidencia del Consejo Fiscal Autónomo en el análisis de la sostenibilidad fiscal del sistema previsional. La decisión de aumentar la pensión mínima debería ser una decisión política y social, evitando la falsa premisa de que no existen recursos suficientes para políticas públicas eficientes y socialmente necesarias.
En conclusión, con base en mis investigaciones desde 2008, recomiendo que se retire el proyecto del Congreso o, en su defecto, que se vote en contra de la idea de legislar en el Senado. No hay avances en beneficio de los ciudadanos y se prevé que sea la coalición de gobierno la que termine fortaleciendo el actual sistema previsional. Esto es relevante en el marco del acuerdo programático de gobierno que definió que no se destinaría ni un peso más a las AFPs.
