En el marco de una movilización en las cercanías de La Moneda, la vocera de la organización, Marta Valdés, destacó que «la justicia no puede operar de manera diferenciada, no puede ser para unos de una forma, y para otros, simplemente, impunidad».
Pilar León
Diario Universidad de Chile Martes 30 de abril 2024
La remoción y formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, es la principal demanda de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, agrupación que este martes al mediodía realizó una manifestación cerca de La Moneda.
La vocera de la coordinadora, Marta Valdés, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, afirmó que: “Nosotros queremos que se cumpla con lo prometido, que era la formalización el próximo 07 de mayo del director general de Carabineros”.
“Lamentamos lo sucedido respecto de los tres Carabineros, pero creemos que esto no debiera inhibir a la justicia en realizar las acciones que son necesarias para quienes fueron violentados en el estallido social (…) Creemos que es legítimo que las violaciones a los derechos humanos durante el estallido sean esclarecidas y se determinen los responsables”, subrayó la dirigenta.
En ese sentido, Valdés se refirió a la posición del Ejecutivo respecto de mantener a Ricardo Yáñez en su cargo y no aplicar el llamado “criterio Tohá”, considerando el asesinato de tres uniformados el pasado 27 de abril en Cañete.
“No ha existido la mejor disposición del Gobierno para entregarnos la tranquilidad de que va haber verdad y justicia. Y lo lamentamos porque es algo que se había comprometido, es decir, que se iban a hacer todos los esfuerzos para tener justicia, reparación y no repetición de estos hechos”, expuso.
En esa misma línea, añadió: “La verdad es que tenemos un país de memoria corta y simplemente se ha querido olvidar lo que sucedió, que fueron las violaciones a los derechos humanos en el estallido social”.
Para la dirigenta, “la justicia no puede operar de manera diferenciada, no puede ser para unos de una forma, y para otros, simplemente, impunidad. “Los tribunales tienen que operar para todos de igual forma y creo que aquí es donde se falla, es aquí donde se discrimina nuevamente a las víctimas del estallido social y se nos vuelve a revictimizar con estas actitudes que tiene la justicia, pero también el Gobierno”, lamento la vocera de la coordinadora.
Recordemos que según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fueron alrededor de 460 casos de víctimas de trauma ocular los que fueron registrados en nuestro país en contexto del estallido social.
Asimismo, entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, el INDH interpuso ante los tribunales 3 mil 216 querellas en favor de 3 mil 777 víctimas. Y en cuanto a los delitos de estas acciones, 2 mil 252 corresponden a apremios ilegítimos, 582 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 a algún otro tipo de vulneración.
