Saúl Escobar Toledo, México
Un grupo de académicos amplio, plural e interdisciplinario publicó recientemente un
documento “Propuestas para los próximos años” (disponible en
www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx). Abarca distintos temas incluyendo las relaciones
internacionales de México; la democracia; la política social; el trabajo; la seguridad y la
paz; la cultura; la política económica; la energía; la infraestructura; el desarrollo
sustentable; la gestión del agua; el México rural; y el territorio.
No se trata de un “compendio enciclopédico de los grandes problemas nacionales” y por
lo tanto no están incluidos todos los temas que dificultan a México. El documento es, más
bien, un conjunto de propuestas desde distintos campos del conocimiento para abrir un
diálogo amplio con actores políticos, sociales y académicos. Un resumen que fue resultado
de un intercambio de puntos de vista y ponencias que se presentaron durante varios
meses auspiciados por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y como respuesta
a una convocatoria del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El propósito consiste en promover “cambios estructurales que permitan consolidar la
recuperación tras la crisis de la pandemia de la Covid-19, y que, a la vez, nos encaminen a
la superación de los rezagos que históricamente han marcado nuestra realidad, algunos de
los cuales se agravaron después de la recesión de 2008-2009”. La introducción agrega:
“A las consecuencias de un largo periodo de bajo dinamismo económico, elevados niveles
de pobreza y desigualdad, precariedad hacendaria, degradación ambiental, inseguridad y
violencia generalizadas, incumplimiento de los derechos reconocidos y otros rasgos que
caracterizan desde hace tiempo nuestra condición nacional, se suman ahora las
incertidumbres globales caracterizadas por fluctuaciones económicas muy marcadas, las
nuevas tensiones generadas por la guerra en Ucrania (y ahora la que ocurre en Palestina),
el agravamiento del cambio climático y otros referentes planetarios”.
El tema 5 “Trabajo, ingreso y protección social ante un nuevo entorno mundial”, estuvo a
cargo de Norma Samaniego, Claudia Schatan y el autor de estas líneas. Consideramos que
el trabajo es un elemento central para definir la estrategia de desarrollo para México ya
que es un factor de crecimiento y la fuente de ingresos más importante de los hogares
mexicanos. Por ello, el objetivo primordial de dicha estrategia debe consistir en la
generación de empleos de calidad.
Las oportunidades que ofrece el T-MEC y las tensiones geopolíticas (el nearshoring)
pueden ser aprovechadas si se adopta una mayor intervención del Estado para orientar
esas inversiones tanto a nivel regional como en actividades productivas específicas.
Advertimos, sin embargo, que hay factores que pueden dificultar la creación de empleos
de calidad en México: “en el plano externo… el bajo crecimiento esperado en la economía
mundial, y en el plano interno la restricción del gasto social en aspectos esenciales como
la educación y la salud, y la limitada expansión de la inversión pública”.
Frente a estos riesgos, México necesita hacer cambios estructurales que son
impostergables; proponemos varios ejes de una nueva estrategia del mundo del trabajo
en México:
Se requerirá en primer lugar impulsar una estructura productiva “generadora de mayor
valor agregado y de empleos de mayor nivel de calificación e ingreso, con una distribución
territorial más equilibrada de la actividad productiva y del empleo, y que favorezca a los
jóvenes y las mujeres de manera prioritaria…”
En segundo lugar, mejorar constantemente los ingresos y las condiciones de trabajo lo que
incluye, entre otras cosas, continuar incrementando el salario mínimo y reducir la jornada
laboral. De esta manera se promovería un aumento de la productividad y, al mismo
tiempo, una mejoría de la calidad de vida de los trabajadores.
También se propone evolucionar hacia un régimen de protección social universal lo que
implica construir un sistema público universal de salud, financiado por medio de
impuestos generales; fortalecer los actuales sistemas de protección frente a los riesgos de
enfermedades profesionales, incapacidad, y edad avanzada; en particular y de manera
descarada, un seguro de desempleo orientado a mitigar el impacto negativo de la pérdida
del trabajo y del ingreso laboral ante situaciones críticas.
Igualmente, establecer las bases legales e institucionales para un ingreso vital como
mecanismo de apoyo focalizado y temporal en momentos de crisis para trabajadores no
asalariados que impida que caigan en la pobreza extrema (como en el caso de Acapulco
debido a los estragos del huracán Otis, agrego, tal como lo expuse en un artículo previo
publicado en estas mismas páginas de El Sur).
En el capítulo respectivo del documento, advertimos que “El cambio tecnológico ha dado
lugar a nuevas modalidades laborales que cobraron presencia y se multiplicaron desde el
inicio de la pandemia, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo híbrido y el trabajo
asociado a las plataformas digitales”. Por ello, resulta indispensable brindar protección a
quienes laboran de estas maneras ya que en muchos casos han quedado fuera de los
esquemas de protección social vigentes. En lo que concierne por ejemplo a los empleados
por plataformas digitales ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo
que los deja completamente indefensos y sin seguridad social.
Otro eje se refiere al sistema de pensiones contributivas, el cual requiere atención
urgente: es necesario definir un esquema incluyente y sustentable que no represente,
como el actual, una creciente carga fiscal y que, además, ayude a solucionar el grave
problema estructural que ha impedido que una gran parte de los adultos mayores gocen
de una pensión digna o suficiente para su retiro.
Asimismo, proponemos “repensar la educación y la formación continua ante la presencia
de la cuarta revolución industrial”, lo que implica superar problemas ancestrales como el
analfabetismo y encontrar respuestas oportunas a la brecha digital y nuevas formas de
extender el aprendizaje y su actualización durante toda la vida laboral.
También se propone consolidar las nuevas instituciones en materia de impartición de
justicia laboral, libertad y democracia sindical con base en la reforma laboral de 2019. Y
asegurar el cumplimiento de las reformas en materia de trabajo doméstico y de
subcontratación fortaleciendo la inspección y la difusión intensiva y lo más amplia posible,
de los nuevos ordenamientos para orientar a los trabajadores y patrones.
Igualmente, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de
género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores
salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo;
y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se
necesitará también poner atención al fuerte déficit de instituciones del cuidado, lo que ha
implicado mayores cargas para las mujeres.
Finalmente, consideramos que se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que son
los más afectados durante los periodos de crisis; tienen altos índices de desempleo y, para
la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación
remunerada.
El documento completo trata un conjunto de asuntos que se enumeran y explican de
manera sucinta pero que, consideramos, deben formar parte de una agenda más amplia
para la transformación del país. Ahora que las campañas electorales están comenzando,
deseamos que sirva para que la competencia enriquezca sus contenidos y no sea un mero
concurso de siglas y personas. Sabemos que existen otros espacios similares. Nuestra
contribución, entonces, puede ser un puente de entendimiento para impulsar una causa
común: un México más democrático, justo e incluyente.
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