(360Noticias) Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, actualmente enfrenta acusaciones por cuatro delitos de abuso sexual contra menores. Ante esta situación, ha tomado medidas para evitar las consecuencias de una eventual condena, destacando el nivel de impunidad que algunos sectores privilegiados pueden alcanzar.
El empresario del sector vitivinícola, con un historial marcado por el abuso sexual reiterado contra niñas menores de 12 años, movilizó primero sus recursos financieros para eludir la prisión preventiva, desembolsando 150 millones de pesos.
Es relevante subrayar que la estrategia legal adoptada no busca probar la inocencia de Eduardo Macaya, sino más bien construir un entramado jurídico que le permita eludir la cárcel tras ser sentenciado en el juicio. Este enfoque se manifiesta claramente en su recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), que tiene como objetivo cuestionar el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. Dicha ley restringe la imposición de sanciones privativas o limitativas de libertad a quienes sean declarados culpables de delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra menores de 14 años.
La defensa de Eduardo Macaya, liderada por el licenciado en derecho Juan Carlos Manríquez, busca abrir la puerta a alternativas a la privación de libertad, como la remisión condicionada, la reclusión domiciliaria nocturna o la libertad bajo vigilancia. Es decir, pretenden asegurar que, en caso de ser condenado, Macaya no pise la cárcel, evidenciando así el nivel de impunidad al que algunos individuos acaudalados pueden aspirar.
Resulta preocupante observar cómo el sistema legal, representado en este caso por el TC, ha aceptado a trámite la solicitud de Eduardo Macaya, otorgándole hasta el 4 de enero para emitir un veredicto. Este episodio resalta la necesidad de reflexionar sobre la equidad y justicia en el tratamiento de casos judiciales, especialmente cuando la posición económica y social de los involucrados parece tener un peso determinante en el acceso a la impunidad.
