El tránsito de miles de migrantes ha originado un negocio que genera ganancias millonarias en Honduras. A los migrantes hondureños ahora se suma la ola de migrantes que pasan por el territorio en su camino de huida de Cuba, Nicaragua, Haití o Venezuela, y se han convertido en la materia prima para “coyotes” que, según fuentes consultadas por este medio, ganan hasta 50 mil lempiras diariamente, y ahora utilizan a niños para ciertos trabajos. Pequeños y pacíficos municipios fronterizos del país están siendo impactados por el paso de estos migrantes, ante la pasividad del Estado.
Allan Bu
Divergentes, 14-11-2023
A cuatro kilómetros de Agua Caliente, la frontera entre Honduras y Guatemala, hay un grupo de personas que, como fieras esperando a su presa, aguardan la llegada de migrantes. En ese lugar hay decenas de vehículos particulares que pertenecen a personas que se dedican al lucrativo negocio de trasladar migrantes por puntos ciegos hacia el territorio de Guatemala. Este negocio mueve miles de dólares diariamente.
Ese es el último eslabón del jugoso negocio que representa para algunos el tránsito por Honduras de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, cubanos y haitianos. Al llegar a este punto, las personas en movilidad han sido extorsionadas por autoridades, y muchas también han sufrido cobros abusivos por el comercio.
Desde que comenzó el masivo flujo migratorio por Honduras, el comercio ha cobrado precios diferentes a aquellos que van en la ruta migratoria; esta práctica se ha dado desde Danlí hasta Ocotepeque. Como ejemplo, el secretario municipal de Santa Fe, Jhony Oliva, nos manifestó que para los migrantes «una taza de café cuesta cinco dólares». Para tener una idea, en la zona, un poblador local hondureño puede conseguir un café por 10 o 15 lempiras (unos 60 centavos de dólar), pero si el paladar es más exigente puede gastar entre 50 y 60 lempiras por una taza de café (unos 2.4 dólares).
Este movimiento migratorio comenzó a ser notorio a finales del 2020, cuando un grupo de haitianos quedó varado en Trojes, El Paraíso, en la frontera de Honduras y Nicaragua. Desde entonces, el flujo de migrantes no ha parado, y por el contrario ha aumentado. El mayor pico comenzó en la segunda semana de julio de 2023, pues a partir de esa fecha el Instituto Nacional de Migración (INM) registra que más de cinco mil personas en tránsito han ingresado diariamente al país.
El 5 de noviembre, el medio Divergentes publicó que el régimen de Daniel Ortega abrió las puertas del aeropuerto internacional de Managua para miles de migrantes haitianos, que llegan al país vecino en vuelos chárter para continuar la ruta hacia Estados Unidos. Ortega también hace negocio, pues según Divergentes cada vuelo chárter paga 2,000 dólares por utilizar el aeropuerto, y cada migrante paga casi 45 dólares como impuesto de salida.
En Honduras, el paso inusitado de miles de migrantes, por un lado, ha desbordado la capacidad de atención de un Estado que no puede atender a su propia gente —el índice de pobreza es de 52 % según el Banco Mundial— y también se ha convertido en la oportunidad para cientos de personas de ganar miles de dólares mensuales, gracias a los servicios como el transporte, hoteles o bienes de consumo, que ofrecen a los migrantes a precios abusivos.
En el caso del transporte, la operación es tan rentable que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), una dependencia del Estado, emitió permisos para que comenzará a operar una «ruta migrante», exclusiva para trasladar a personas en movilidad. Cada uno de los migrantes paga 40 dólares, por lo que cada unidad de transporte de este negocio privado produce 50,000 lempiras o más a diario. Cada día, por la ruta pueden circular 40, 50 o quizá más autobuses. Es un negocio gigantesco en el que hay funcionarios involucrados directamente, que incluso son dueños de unidades de transporte, según denunció elmedio Reporteros de Investigación.
A lo largo de la ruta —que comienza habitualmente en puntos fronterizos entre Nicaragua y Honduras en el suroriente del país y termina en Agua Caliente, Ocotepeque, zona occidental— los migrantes son esquilmados de todas las formas posibles. Miembros de organizaciones que trabajan en derechos humanos denunciaron que los conductores de autobuses ya tienen indicados los restaurantes y gasolineras en donde se detienen, y en los que aplican «precios especiales» para los migrantes. Además, durante el trayecto entre Danlí y Ocotepeque hay varios operativos de las fuerzas de seguridad del Estado en los que, de acuerdo con reiteradas denuncias de migrantes y organizaciones de DD.HH., se extorsiona a quienes van en tránsito por Honduras, pese a que la mayoría cuenta con un salvoconducto que le permite circular libremente por el país durante cinco días.
A unos 4 kilómetros de la frontera de Agua Caliente, los autobuses de la ruta migrante dejan a sus pasajeros. Ahí entra en operación el grupo de personas dedicadas a la trata de personas con las que iniciamos este relato, ahí esperan a los migrantes para ofrecerle el servicio de transporte y llevarlos fuera de Honduras. «Ya traen línea», dicen en Ocotepeque. Como la «línea» se le conoce en la zona a la red nacional o internacional que traslada a los migrantes hasta la frontera y luego los deja en manos de socios en territorio de Guatemala.
Cada migrante paga 20 dólares para que lo acerquen a la frontera, y todavía tendrá que pagar otros cinco dólares a los guías o coyotes que los llevarán por puntos ciegos a Guatemala.
Es un negocio lucrativo. En Nueva Ocotepeque hay peleas entre las redes de tráfico de personas para prevalecer en este mercado. Hay miles de dólares que diariamente están en juego y cientos de personas de la zona dedicadas a esta labor, cuyos nuevos ingresos les han permitido un salto social. ¿Cómo este movimiento de dinero inusitado puede cambiar la dinámica en comunidades tan pequeñas? Una de las fuentes con las que hablamos expresó: «Mire, uno de mis vecinos tenía una mototaxi, y ahora tiene tres camionetas enfrente de la casa».
Ocotepeque, la «capital de la hospitalidad»
Nueva Ocotepeque, la pequeña ciudad hondureña ubicada en la triple frontera de Honduras, El Salvador y Guatemala, es conocida por sus habitantes como la «capital de la hospitalidad». Lo dicen con orgullo. El pueblo tiene amplias calles y su clima es fresco, pues se encuentra a pocos kilómetros de la montaña del Güisayote, uno de los pulmones del occidente del país. En ese municipio pacífico, donde su gente presume de ser hospitalaria, hay cosas que han cambiado por efecto de los dólares que dejan los migrantes.
Por ejemplo, todo el día, pero más cuando llega el atardecer, potentes bocinas retumban con música de todos los gustos. Esto no pasaba hace un año. Diversas personas con las que hablamos asocian este tipo de gastos superfluos al dinero que están obteniendo algunos individuos por trasladar migrantes. «Se han incrementado los problemas sociales. El consumo de drogas y alcohol está desbordado. Están recibiendo mucho dinero y no hallan en qué invertirlo. Por eso [el tráfico de migrantes] ya han habido muertes», dijo una trabajadora de la Municipalidad de Nueva Ocotepeque.
Esta afirmación nos deja otra pregunta: ¿por qué razones hay muertes? Para responder, basta decir que, según pobladores de la zona, una persona involucrada en este negocio puede ganar de L 10,000 hasta L 50,000 (de USD 404 a USD 2,000), ingresos muy superiores a los de la mayoría de la población en Honduras, donde el salario mínimo oscila entre L 8,114 y 15,770 mensuales. Y Ocotepeque, además, por tratarse de una zona del interior en donde predominan la agricultura y ganadería, los salarios de un obrero al día representan 200 o 250 lempiras (USD 8). Entonces, en la frontera de Agua Caliente opera un negocio que todos los días puede mover cifras cercanas a un millón de lempiras, porque a la frontera llegan cerca de 5,000 migrantes todos los días y la mayoría paga 25 dólares para llegar a Guatemala. Tanto dinero en juego tarde o temprano puede llevar a disputas: «Ya hay balaceras», manifestó un empleado municipal, sin dar muchos detalles.
En este negocio participan guatemaltecos, y son quienes tienen el control. Se cree que hay alrededor de 200 personas involucradas de las comunidades de Nueva Ocotepeque, Concepción y Santa Fe. El negocio se ejecuta a vista y paciencia del Estado, representado visiblemente por policías y militares. Según una empleada gubernamental, en el negocio no solo hay policías, sino también representantes de migración y empleados de la Municipalidad de Nueva Ocotepeque. «Hay diferentes redes; quien lidera es una familia de Guatemala, con el permiso de ellos actúan las redes», dijo.
Hace un año, por las calles de Nueva Ocotepeque caminaban cientos de migrantes. En ese entonces, los autobuses dejaban a las personas en tránsito muy cerca de la ciudad y casi a 30 kilómetros de la frontera. Ahora esto ha cambiado y la última estación de los autobuses fue movida a unos 4 km de Agua Caliente, así que es más fácil avanzar a Guatemala, en lugar de permanecer en Nueva Ocotepeque u otros sitios fronterizos.
En la Municipalidad de Nueva Ocotepeque conversamos con el secretario municipal, Carlos Marzuca. El alcalde Isrrael Aguilar y el vicealcalde José Villeda no estaban en sus oficinas. Marzuca manifestó, aunque no tenía las estadísticas a mano, que el tránsito de migrantes ha tenido un «impacto negativo» en la seguridad porque hay un «leve» aumento en los asaltos. Además, aseguró que el número de trabajadoras sexuales ha crecido. «Hay personas que se dedican a este ejercicio de la prostitución en el parque o en diversos puntos», manifestó.
El funcionario expresó que en los últimos meses Nueva Ocotepeque ha estado en menos apuros de aglomeración de migrantes en las calles, y que se aprecian menos personas acampando en lugares públicos, como el parque central, sitio que el equipo de Contracorriente visitó por dos noches consecutivas, encontrando solamente una familia. No obstante, el funcionario municipal señaló que hay un daño ambiental, especialmente en el sector donde desembarcan los autobuses, pues «hay mucha basura» y la descarga de sanitarios móviles –que hace un año no existían— es algo negativo para el ambiente.
«Estas municipalidades son pobres y hemos enfrentado esta tarea por humanidad», explicó Marzuca, quien durante la entrevista recalcó en varias ocasiones que en las municipalidades no existe un renglón presupuestario para atender a los migrantes, ya que los lineamientos han sido establecidos desde la Secretaría de Finanzas (Sefin). Sin embargo, dijo que se ha apoyado de diferentes formas; puso como ejemplo que en Nueva Ocotepeque hay una clínica y en ella se atiende a los migrantes, aunque recalcó que esto termina impactando las finanzas municipales, «porque es medicamento que puede servir para las personas del municipio y se está utilizando para los migrantes. Se puede pensar que somos egoístas por pensar así, pero es una realidad», dijo.
Saúl Dubón, facilitador de proyectos de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) en la zona, mencionó que encontrar el equilibrio entre el respeto a los derechos de los migrantes y la reducción del impacto en las comunidades por las que hay tránsito no es fácil: «luchamos para que a las personas en movilidad se les respeten sus derechos, queremos sensibilizar a las autoridades, pero también luchamos porque las comunidades por donde pasa el flujo migrante no tengan un impacto de daño. Es casi imposible que ese tránsito de miles no ocasione algún impacto», dijo.
«La xenofobia es uno de los temas que estamos trabajando, que la población hondureña no vea con ojos de desprecio a los migrantes. Es que migrar es un derecho. Lo tienen ellos y lo tienen nuestros compatriotas que van de aquí para allá. Esto también es una lucha que estamos haciendo», agregó.
¿Qué hacer con la basura?
Santa Fe es el último municipio de Honduras antes de llegar a Guatemala. Tiene unos 4,500 habitantes y los principales rubros de su economía son el cultivo de granos básicos, hortalizas y café. Es un pueblo muy pequeño, con un diminuto parque y una amplia oficina municipal, en donde el tránsito diario de cinco mil migrantes es más visible y su influencia en la dinámica del pueblo es evidente.
Una de las fuentes anónimas contó una historia que tuvo lugar en la frontera, que despierta alertas sobre los indicios de que la niñez puede estar siendo utilizada en este negocio. La fuente sostuvo que un menor, en una acción marcada por la inocencia, le ofreció trabajar en la trata de personas a un funcionario estatal. Primero, el niño preguntó cuánto ganaba el funcionario y luego, al escuchar una respuesta —inventada, porque el número triplicaba los ingresos que en realidad gana el empleado público—, provocó una respuesta insólita de parte del niño, quien replicó: «Eso, trabajando conmigo, se lo gana en un día».
Una servidora municipal de la zona mencionó que una persona involucrada, con uno o más carros para transportar migrantes, puede ganar hasta 2,000 dólares al día, que serían alrededor de L 50,000.
En una visita del equipo de Contracorriente al puesto de atención humanitario ubicado en un sector denominado Machuca, a cuatro kilómetros de la frontera, se observó a un pequeño de unos nueve años deambular entre los migrantes. «¿Estás perdido?» le preguntó un voluntario de derechos humanos. «No, estoy buscando a la gente de un amigo», respondió; y alguien más, que estaba presente en el lugar, infirió: «Es un niño coyote».
La fiebre por trabajar en el rentable e ilícito negocio de trasladar migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y de hondureños que salen en busca del mismo destino, ha dejado a Santa Fe con escasez de mano de obra. Según el secretario municipal Johny Oliva, «si usted quiere un trabajador, le va a costar. Ahora las personas se dedican más que todo a llevar migrantes, ellos le llaman trabajo. Ya cuesta bastante [conseguir trabajadores] y se ha aumentado la paga para ellos».
El 25 de octubre de 2023, Oliva atendió al equipo de Contracorriente y a representantes de la Asonog, porque el alcalde José Rosa no se encontraba, y la vicealcaldesa Liliam Moreira se excusó indicando que se encontraba atendiendo un negocio, ya que sus empleados renunciaron para emprender la ruta hacia Estados Unidos. «Casi no viene», dijo Oliva en referencia a la funcionaria.
Oliva agregó algo que parece ha generado preocupación en todo el sector productivo: «En las comunidades el tema de relevo generacional es crítico y la juventud ya no quiere trabajar aquí, lo que quiere es irse o dedicarse a esto de trata de personas», señaló.
Hace algunos años, para la temporada de cosecha del café, miles de guatemaltecos ingresaron al país porque Honduras ya no tiene mano de obra para cubrir esa demanda temporal; ahora, en cultivos como la cebolla y otras hortalizas, también los jornaleros son escasos. Y es que un día de jornal se paga a 200 o 250 lempiras, pero en la trata de personas, el salario diario podrían ser miles. Oliva reiteró que «ahora en tres horas, ya ganaron algo que les sirve mucho más. Hay muchas personas que se están dedicando a eso».
Este no es el único inconveniente generado en Santa Fe por el tránsito de miles de migrantes. Johnny Oliva manifestó que en la corporación municipal están preocupados por la basura que se acumula en su jurisdicción, mayoritariamente como consecuencia del paso de migrantes. «Siempre ha habido basura porque es algo cultural», reconoce el funcionario, pero expresó que en los últimos meses ha aumentado al punto de que la corporación hizo una declaratoria de emergencia.
Oliva mencionó que la llegada de 3,000 a 4,000 personas a la frontera está provocando un ambiente insalubre en el sector denominado como Machuca, muy cercano al casco urbano de Santa Fe. Además de la basura, mencionó que la zona se ha convertido en un enorme inodoro público, pese a que hay cinco sanitarios portátiles que resultan insuficientes. «Esta es una municipalidad pequeña. Es difícil, el viernes [27 de octubre] tenemos cabildo abierto y no dudo que se va a tocar lo que está sucediendo ahorita en la comunidad», dijo.
Otro tema de conversación es el hecho de que cientos de personas utilizan la zona cercana a la carretera como sanitario. Oliva aseguró que algunas organizaciones que trabajan en el sector temen que la exposición de heces fecales genere una epidemia. «Hay preocupación de que se llegue a producir un virus que no se haya presentado en la zona y nos afecte».
Por último, el secretario municipal de Santa Fe se quejó de que los pobladores que no tienen vehículo propio se han visto tan afectados por el servicio de transporte que ahora trabajan sin horario, pues lo adaptan a la llegada de migrantes. «Los [conductores de] autobuses ya no le toman importancia a los hondureños, ellos quieren llevar migrantes», dijo.
Los migrantes
Siguen llegando por miles todos los días, de las más diversas nacionalidades: chinos, rusos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, senegaleses, afganos, venezolanos, etc. Todos son vulnerables de una u otra forma. «Los que sí vienen perdidos son los rusos, chinos y afganos, andan desorientados y se comunican con el traductor de Google», dijo un empleado de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya base se encuentra en la frontera.
Al llegar a Machuca son esperados por coyotes o guías, que ante la pasividad de la Policía Nacional cobran a los migrantes 20 dólares por llevarlos en un tramo de cuatro kilómetros. Después tendrán que pagar cinco dólares más para que los crucen por puntos ciegos. Muchos de esos migrantes son acompañados o traen indicaciones de las redes de trata de personas; en este caso suelen ir bien vestidos y con teléfonos de alta gama. Otros van avanzando poco a poco, solicitando ayudas o trabajando temporalmente. A la mayoría, según los testimonios de migrantes y organizaciones de derechos humanos, antes de salir de Honduras sus derechos les fueron vulnerados.
La respuesta humanitaria del Estado no ha sido suficiente. Si bien se permite casi sin contratiempos la circulación de los migrantes por territorio nacional, tampoco existe control de la extorsión y los abusos de las autoridades a lo largo de ese camino.
En la frontera también hay muerte. Recientemente, cuatro migrantes murieron luego de que el autobús que los trasladaba en la madrugada se accidentó en Copán. Esto fue una noticia nacional e internacional, pero en la frontera también en los últimos años murieron otros cuatro migrantes, dos hombres y dos mujeres. La muerte les alcanzó cuando estaban por dejar Honduras.
En Machuca, Santa Fe, están ubicadas varias casetas de ONG que brindan ayuda humanitaria a las personas en tránsito hacia Estados Unidos. Los migrantes hacen una pausa para que les revisen sus documentos y usar los baños portátiles instalados en esa zona, para luego avanzar hacia la frontera entre Honduras y Guatemala. Foto CC/Amílcar Izaguirre.
Inmersos en este camino lleno de amenazas avanzan cientos, quizá miles de niños. Al puesto de atención humanitaria en donde personal voluntario de Asonog, Cruz Roja, Comisión de Acción Social Menonita (CASM) y Dinaf, entre otras, los niños llegan con problemas de deshidratación, diarrea y enfermedades de las vías respiratorias.
En ocasiones los infantes son separados de sus padres, pues en la frontera se permite el paso libre de los núcleos familiares, pero en el retén de la Policía Nacional casi nunca se deja pasar libremente al padre, quien es enviado a cruzar por los puntos ciegos. La vulnerabilidad intrínseca del migrante hace que muchas madres y sus niños avancen caminando por las montañas para no separarse del padre; de hecho, la mayoría prefiere no separarse, aseguró el personal de la Dinaf.
Aunque a la familia se les explica que madres y niños pueden cruzar a Guatemala sin rodear, organismos de derechos humanos estiman que al final la decisión es forzada, pues en el retén policial se señala que el padre «está bien» y debe irse por el punto ciego. «En ese momento es donde la familia se bloquea, se siente vulnerable y prefiere rodear», dicen.
La conclusión del personal de la Dinaf en el sector es que al permitir que los niños caminen más de 30 minutos entre matorrales, no se les está protegiendo: «Si nosotros permitimos eso también estamos poniendo en riesgo a los niños. Se ha tratado de hablar con la policía, pero en ese tema sí están bien cerrados», mencionaron.
Saúl Dubón, de Asonog, sostuvo que uno de los ejes de las organizaciones humanitarias en la zona es informar a las personas en movilidad que su condición no los hace perder sus derechos: «A quien exige sus derechos, es raro que se los vulneren, pero son muy pocos que exigen sus garantías», dijo.
El Estado, por medio de sus instituciones, debería proteger los derechos de aquellos más vulnerables, ya sea por falta de recursos, por la barrera del idioma o por estar en una tierra desconocida, que , pero no es lo que ha pasado. «Nosotros [las oenegés] hacemos incidencia para que asuma ese rol. Probablemente en algunos aspectos [el Estado] está ausente en su totalidad, y [en] otros, lejos de brindar esa protección, son los que violentan derechos», reclamó Dubón.
Representantes de oenegés se reunieron el jueves 26 de octubre en Ocotepeque con la intención de confeccionar un plan de respuesta humanitario ante el flujo sostenido de migrantes. Por ahora no existe una forma estructurada de atender diligentemente a las personas que requieren atención humanitaria en los puntos fronterizos. El objetivo de la reunión, coordinado por Asonog y Oxfam en Honduras, era disponer de una coordinación operativa y fundamentada en enfoque de género y derechos humanos. «Esto nace de una necesidad que no está siendo cubierta, hay organizaciones que ya tienen protocolos internos, pero en la zona dudo mucho que exista un plan de respuesta para la mitigación del riesgo o la respuesta inmediata», expresó Dubón.
Por ahora, el flujo de migrantes continúa. Las comunidades resienten el impacto y es necesario que el Gobierno intervenga para aminorar los efectos. Los migrantes siguen cruzando por Honduras; al hacerlo, son extorsionados y van dejando miles de dólares en su camino. Y las cosas no cambiarán más adelante. Apenas ingresan a territorio de Guatemala, los «guías» ya los esperan para llevarlos por 20 dólares a Esquipulas, un municipio a 15 kilómetros de la frontera. Así comienza su tránsito por otro país.
(Publicado originalmente en Contracorriente, https://contracorriente.red/2023/11/14/ocotepeque-honduras-la-ultima-parada-de-los-migrantes/)
****
El infierno de cruzar Guatemala: “Habría preferido pasar dos veces el Darién”
Decenas de migrantes y organizaciones denuncian extorsiones continuas y agresiones sexuales por parte de la policía del país centroamericano
Andrés Arnal Martínez y Martina Madaula Munt, desde Tapachula (México)
El País, 18-11-2023
Mayra está sentada en el Parque Bicentenario de la ciudad fronteriza de Tapachula, en el sur de México, un lugar que en los últimos años se ha convertido en un punto de encuentro de migrantes. Entre 40.000 y 50.000 personas, según organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno, esperan en esta ciudad a que pasen los meses eternos en los que las autoridades mexicanas tramitan su solicitud de asilo, un papel con el que podrán cruzar el país hacia el norte, al menos con alguna garantía legal y de seguridad. Por la noche, el parque se llena de esterillas y tiendas de campaña de muchas personas que han huido de sus países. Una de ellas es Mayra, una hondureña que en realidad no se llama así, pero pide que se cambie su nombre, como todos los migrantes citados en este artículo, para proteger su identidad.
“Ven, ven, siéntate con nosotras”, le dice Mayra a otra hondureña. “Es de confianza. Se llama Evelyn”, dice y poco después se acerca una tercera migrante, Daisy. “También le pasó lo mismo”, explica mientras las presenta. “A nosotras nos pasó lo que nunca pensamos que nos pasaría. A mí me violaron… me bajaron del autobús y me violaron en Guatemala. Junto a otras cinco mujeres, y una menor, de 10 años”, cuenta Mayra. Después de un silencio, Daisy se atreve a preguntarle quién cree que lo hizo: “La misma policía. Detuvieron el bus y nos bajaron a los que no pudimos pagar la mordida [extorsión]. A las mujeres nos violaron. Fueron tres agentes con capuchas negras”, cuenta.
Mayra lleva toda su vida luchando por los derechos de las mujeres. En su San Pedro Sula natal, su activismo la acercó a las historias más descarnadas perpetradas por la violencia de las maras en Honduras. Su lucha la animaba a continuar, hasta que un día ella fue el blanco y, en su huida, se convirtió en superviviente de una violación masiva cometida por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala. El mismo activismo por el que tuvo que huir la lleva hoy a denunciar su propio caso y acompañar a otras mujeres como Evelyn y Daisy.
Todas ellas, además de escapar de la amenazas y extorsiones por parte de las pandillas en Centroamérica, la violencia machista y la homofobia también tuvieron que usar su cuerpo como moneda de cambio para cruzar Guatemala.
Según coinciden más de 50 migrantes entrevistados para este reportaje en las fronteras de Guatemala, este país ha sido para ellos el más duro de la ruta migratoria por las extorsiones y la violencia de sus autoridades, unos testimonios que corroboran organizaciones que trabajan sobre el terreno. “En estos últimos tiempos, casi a diario atendemos a mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ que han sido agredidas sexualmente en Guatemala por parte de autoridades, pandillas o crimen organizado”, declara Caro Cocunubo, técnica de asesoría legal en género del Centro de Derechos Humanos Fray Matias.
“Cuando un grupo de migrantes indocumentados ingresa al país, son detenidos y extorsionados por elementos policiales a cambio de dejarlos continuar su camino, violando varios derechos humanos fundamentales”, le dice a El País Pavel Catavi, investigador en derechos humanos de la organización Cristosal. Las formas de extorsionar son diversas, desde insultos y amenazas a tocamientos indebidos para requisar su dinero.
“Habría preferido pasar dos veces la selva del Darién antes que por Guatemala”, sentencia una joven venezolana que acaba de llegar a Tapachula con su marido y su hija de 2 años. Pese a la dureza que representa para los migrantes el cruce de la selva que divide Colombia y Panamá, muchos coinciden en que, en los últimos años, Guatemala se ha convertido en un infierno, en especial para las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+. “Es uno de los peores países de tránsito y no solo por la extorsión. Las violaciones a derechos van en aumento y sobre todo afectan a las personas con mayor riesgo de estar en situaciones de vulnerabilidad”, sostienen desde el CDH Fray Matias.
La violencia en Centroamérica se acentúa en el camino
Mayra salió de su país natal un 12 de febrero de 2023 a las 10 de la mañana. “No fue por decisión propia, salí obligada, amenazada”, asegura. Ella empezó su carrera en el activismo y la defensa de los derechos de las mujeres y niños cuando asesinaron a su primo. Todavía iba al instituto. No pertenecía a ninguna de las maras predominantes de Honduras, pero era homosexual. Las pandillas lo torturaron antes de matarlo.
Ella ya estaba en el punto de mira por su labor como defensora. Pero un caso en particular le llevó a dejar su hogar de un día para otro. “¿Qué me trajo a México? Una nena, una nena de apenas 14 años”, cuenta. Mayra colaboraba con ONU Mujeres y el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras dando talleres en escuelas. En uno de ellos, se le acercó una niña que le confesó que llevaba dos días sin comer y durmiendo en la calle por miedo a volver a casa porque su padrastro abusaba de ella y su novio, un pandillero, la obligaba a prostituirse.
Mayra quiso ayudar a la adolescente a poner una denuncia y ahí se dio cuenta de que se estaba metiendo con las personas equivocadas. “La pareja de la niña era uno de los que supuestamente manejaba mi sector. Desde allí, empecé a recibir amenazas”, asegura. A los pocos días, se encontró los cristales de su coche rotos con una nota dentro que le daba 24 horas para desaparecer.
Ahí comenzó su huída. En la estación de autobuses de San Pedro Sula compró un pasaje a Tecún Umán, en la frontera entre Guatemala y México, sin saber nada de ese lugar ni intuir la odisea que le esperaba en el camino. Mayra salió de Honduras por el municipio fronterizo de Corinto.
Desde 1991, Honduras, El Salvador y Guatemala son firmantes del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) por el cual los ciudadanos de esos países pueden moverse libremente por sus territorios. Pero, pese al convenio, las autoridades de gozan de impunidad a la hora de extorsionar a los migrante, independientemente de la nacionalidad. Por eso, cuando cae la noche, las estaciones de autobuses de las principales ciudades fronterizas del sur del país se llenan de migrantes que acaban de ingresar y prefieren tratar de pasar desapercibidos.
Mayra comenzó su viaje en un bus nocturno. Poco después de salir, este se detuvo y subieron varios agentes de la PNC. Tras requisar los teléfonos móviles de sus ocupantes, los policías bajaron a todas las personas que no tenían documentación. Es ahí cuando empieza la extorsión. Bajo amenazas de deportación, los agentes exigen un cobro de entre 100 y 1000 quetzales (entre 13 y 130 dólares). Unos kilómetros más adelante, en el siguiente retén, la escena se repite.
Según informaciones de Cristosal, son ocho los retenes fijos entre la frontera de Aguas Calientes, que divide Honduras y Guatemala, y la de Tecún Umán, ya en la línea divisoria de ese país con México. La información pública solicitada por El País al Ministerio de Gobernación y a la PNC revela que la policía tenía instalados 14 retenes en la ruta que transitó Mayra el día de su viaje. Ese organismo alega que, por motivos de seguridad, no puede facilitar la localización de los mismos.
A estos retenes fijos “se suman unidades policiales individuales de dos o tres agentes que siguen a los buses”, asegura Catavi, de Cristosal. Esta información ha sido confirmada con entrevistas a migrantes en las que aseguran que, “durante el trayecto, coches de la policía se situaban delante del bus y lo obligaban a parar en medio de la carretera”. Esos testimonios coinciden en que personal uniformado de la PNC sube al vehículo y exige un cobro a las personas que se encuentran en él. “Si las personas ya han dado todo su dinero a las autoridades y se encuentran con otro retén más adelante, la policía les quita los tenis, la ropa, cualquier objeto de valor que ellos puedan tener”, asegura el investigador de Cristosal.
El cuerpo como moneda de cambio
Una de las mujeres del bus en el que viajaba Mayra estaba con sus tres hijos: una chica de 14 años embarazada, una de 10 y un niño más pequeño con autismo. Mayra le ofreció a la madre cuidar un rato al menor, que estaba asustado y no paraba de llorar. “En los otros retenes nos habían extorsionado pidiéndonos dinero, pero el tercer retén fue el peor”, dice la migrante hondureña. Según el convenio CA-4, los menores sólo pueden cruzar con un permiso firmado de la madre y el padre biológicos. Pero la mayoría de las madres solteras hondureñas no tiene relación con el padre de sus hijos o incluso escapan de él.
Mayra estaba con el niño de la otra migrante en brazos poniéndole música con el móvil para tranquilizarle cuando en un desvío de la carretera principal la policía paró el bus y dos agentes subieron al vehículo y pidieron que bajaran las madres que iban con menores a cargo. “Yo traté de explicarles que el niño no era mi hijo, pero no pude… me hicieron bajar también”, recuerda.
Era de noche. Las mujeres estaban en medio de la nada y los agentes llevaron a cinco adultas y dos niñas a una caseta. A estas instalaciones se las conoce como cuartos oscuros, por su situación estratégica, oculta y solitaria para cometer los abusos con total impunidad, afirman desde Cristosal. “Primero nos extorsionaron… nos pedían un dinero que no teníamos para hacer el supuesto permiso de los niños y poder continuar con el viaje”, cuenta Marya. “Yo de verdad que no andaba nada de plata, y se lo dije a ellos. No andaba para pedir la cantidad que me estaban pidiendo porque ya estaban pidiendo 1000 quetzales (130 dólares). ¿De dónde iba a sacar yo 1000 quetzales?”
Pero los policías no aceptaron el no por respuesta. Según Mayra, eran tres agentes con uniforme negro, camisa de manga larga y su número de identificación tapado. “Nos violaron. Se decían el uno al otro de quién era su turno. La mamá suplicaba… Les imploraba que hicieran con ella lo que quisieran, pero que no tocaran a su niña. También violaron a la niña, tenía sólo 10 años”.
Tras ser violada, Mayra logró escapar. “Si me van a matar que me maten, pensé yo. Y yo corrí. Llegué a México con las plantas de los pies rasgados de tanto correr”, asegura. Un conductor que la vio por la carretera se apiadó de ella. La invitó a subir a su coche y la llevó hacia Tecún Umán, en el norte.
El miedo deja los casos en el olvido
Su caso no es una excepción. El País ha recopilado al menos tres testimonios de personas que aseguran haber sido violadas. Una de ellas es Daysi, una mujer transgénero hondureña que entró por la frontera de Aguas Calientes el 6 de junio de 2023. Tampoco se libró de las extorsiones de la policía. Su peor pesadilla la vivió tras pasar el retén policial de Río Hondo cuando agentes encapuchados de la PNC con sus identificaciones tapadas les pidieron una mordida de 600 quetzales (unos 77 dólares). A los que no pudieron pagar, los bajaron del bus. “Me metieron en un cuarto, sola. El policía me acorraló contra la pared y me dijo: ‘Si no andás dinero tenés que mamármela”, asegura. El agente abusó sexualmente de ella y le quitó todo el dinero que llevaba en la mochila. Otros siete hombres encapuchados observaban la escena. En los cuartos contiguos, obligaban a entrar a otras mujeres con niños. “No sé qué pasó con ellas, pero todas llegaban llorando al bus”, recuerda.
Al llegar a Ciudad de Guatemala, Daysi se puso en contacto con Lambda, asociación que trabaja en favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Tras contar su historia, la asociación interpuso una denuncia colectiva ante la Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH). Aunque esta avanzó y llegó hasta el Ministerio Público, el caso no tuvo más recorrido. “Las personas migrantes se encuentran con muchas dificultades de acceso a la justicia. Al miedo a denunciar se añade que se encuentran en un contexto de movilidad, ponen la denuncia y se marchan”, sostiene Alejandro Morales, coordinador de Espacio Seguro de Lambda. En el caso de Daysi, como en muchos otros, el desconocimiento del territorio y del lugar exacto donde sucedió el delito, así como el hecho de no poder identificar al agente dificulta aún más el proceso. Al ser consultada por este medio, la PDH ha negado la existencia de la denuncia —pese a contar con el número de expediente— y no ha querido hacer declaraciones al respecto.
Diversas organizaciones consultadas aseguran que llevan años reportando casos por extorsión, y estos van en aumento. Al ser consultada por este medio, Alejandra Mena, portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) asegura que tiene conocimiento de denuncias interpuestas ante la PNC y que éstas han sido trasladadas al órgano correspondiente. Sin embargo, el IGM asegura no tener reportes ni denuncias hacia funcionarios de su propio organismo “que estén involucrados en estos cobros”, y no asume ninguna responsabilidad al respecto. El País contactó con Edwin Monroy, portavoz de la PNC, el viceministro de Seguridad Carlos Franco, y con Jorge Aguilar, portavoz del Ministerio de Gobernación, pero todos rechazaron responder a las preguntas y dar explicaciones sobre el caso.
Desde el inicio de esta investigación, más de cinco organizaciones no gubernamentales que han atendido a víctimas de agresiones sexuales cometidas por las autoridades guatemaltecas han desestimado colaborar en este reportaje, alegando que esto podría obstaculizar su trabajo en terreno. Muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias y por no ser Guatemala su país de origen. Muchos casos como este quedan en el olvido.
Cuando llegó a México, Mayra pasó la primera semana en Tapachula sin dinero, sin ayuda, durmiendo en el Parque del Bicentenario. Después de cinco meses esperando, en julio de este año ha logrado la cita para su proceso de asilo en EE UU, mediante la aplicación CBPOne. “Jamás pensé que esto me podía pasar al salir de Honduras, la verdad… Por más que tú escuches historias, escuchas las historias que pasa uno en México hacia EE UU, pero no te das cuenta de que no es sólo México, en Guatemala también. Sales huyendo de lo malo y te encuentras algo casi peor”, dice Mayra que decidió contar su historia para que su testimonio ayude a que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo.
