EL CLARIN DE CHILE
El hecho de que este país haya cumplido 50 años sometido a un oprobioso sistema que lo único que le garantiza es una desinformación total de la realidad nacional e internacional, constituye para los chilenos una vergüenza insoslayable de la que nadie se hace cargo y sin que tampoco asomen indicios de que esta situación vaya a ser superada en un futuro cercano.
Entre los múltiples temas pendientes con que Chile llegó al cincuentenario del golpe militar el oscurantismo informativo ocupa uno de los lugares prioritarios, porque los medios de comunicación permanecen atrapados por el poder del dinero y el mercado publicitario y siguen entregando la verdad a medias o la ocultan, la distorsionan o tergiversan, mientras que valores relevantes como la diversidad y el pluralismo pasaron al olvido.
El golpe y la dictadura quitaron la vida o hicieron desaparecer a miles de compatriotas, y la misma suerte corrieron diarios y radios disidentes (TVN fue controlada con rapidez) que rechazaban la fuerza bruta que se encaramaba al poder a sangre y fuego. Junto con el inicio de la tiranía hubo salas de redacción, oficinas administrativas y locutorios que fueron destruidos, arrasados e incendiados, en tanto su personal, sus dueños y periodistas eran detenidos, secuestrados, y de muchos de ellos no se volvió a saber.
Hasta el 11 de septiembre de 1973 circulaban los matutinos Clarín, Puro Chile, El Siglo y El Vespertino Última Hora, todo los cuales fueron destrozados por las tropas, y lo propio ocurrió con diversas revistas de contenido popular. En la época negra se consolidaron sin competencia los periódicos de las empresas El Mercurio y Copesa, voceros de la oligarquía que contaron con la generosa ayuda del pinochetismo para el pago de sus elevadas deudas e incluso su condonación. Fue la retribución golpista al duopolio periodístico – empresarial que desde mucho antes venía incitando al levantamiento artero contra el gobierno constitucional del presidente Allende.
La memoria tiene presente que Agustín Edwards, ex agente de la CIA y quien fuera director de El Mercurio fue uno de los artífices del golpe del 73 y uno de los mayores conspiradores de la historia nacional. Muerto el presidente constitucional puso su cadena al servicio de la dictadura mediante la publicación de abiertas mentiras, tergiversaciones y omisiones. Como cómplice civil de los crímenes cometidos falleció en la más completa impunidad, pero dejó herederos mercuriales que están a su altura.
En estos días, al igual que hace medio siglo, nadie en Chile puede darse “el lujo” de tener en sus manos un diario de circulación nacional, independiente, para hojearlo, leerlo e informarse debidamente, porque este tipo de medios escritos sencillamente no existe. Lo que hay es una sola voz potente que establece una dictadura del pensamiento único impuesto con soberbia por el poder del dinero. El pluralismo pasó a mejor vida desde que la oligarquía asumió el control total del país junto a los militares golpistas.
Chile es uno de los países en que hay una mayor concentración en la propiedad de los medios detentada por una minoría que se adueñó del país, ha denunciado el periodista Manuel Cabieses Donoso, director de la desaparecida revista Punto Final que en marzo de 2018 debió suspender su publicación por problemas inesperados de financiamiento. Aquellos medios independientes no cuentan con apoyo del Estado para hacer efectivo el pluralismo de información y de opinión. Los gobiernos canalizan su publicidad, franquicias crediticias y tributarias, subsidios y exenciones a la prensa escrita, audiovisual y electrónica que sirve los intereses de los grupos económicos más acaudalados.
La desinformación es funcional a la acumulación de dinero, bienes, patrimonios y redes de influencias por parte de sectores privilegiados: desde la tiranía hasta ahora los grandes consorcios financieros se han ido apropiando de todo y deciden lo que se publica o se omite, de acuerdo a sus intereses. Salvo determinadas expresiones independientes, la investigación periodística quedó de lado, y lo que la población necesita saber, es lo que menos importa.
El duopolio se dedica a escribir las “glorias” neoliberales, ensalza a los empresarios de mayores fortunas, resalta los grandes negocios de unos pocos y defiende los abusos del mercado. Se ignoran las desigualdades, la discriminación, la cesantía, la pobreza o el origen de la delincuencia, aunque ésta constituye uno de sus temas centrales, y la inseguridad provocada por el modelo ocasiona editoriales y un amplio despliegue diariamente. Las “noticias” de la farándula complementan este panorama carente de contenido.
María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo, ha señalado que “el acceso social a la información y el rol fiscalizador de la prensa se ven condicionados y amarrados a otros intereses. Muchas veces el público lector, auditor o espectador no está consciente de lo que ocurre, porque los velos y cortinas de silencio que imponen los medios ocultan lo que sucede en Chile”.
Las redes sociales constituyen un paliativo de este déficit, aunque no siempre disponen de acceso a las fuentes noticiosas. Su aporte fue vital para la convocatoria multitudinaria de hombres y mujeres que salieron a las calles protagonizando el estallido social de 2019 en demanda de mejores condiciones de vida, una nueva Constitución, derechos ciudadanos, democracia, igualdad y dignidad. Esas demandas no fueron consideradas por las publicaciones manipuladas por la oligarquía que vieron allí solo lo que quisieron, destrucción y violencia provocadas por algunos – entre millones de personas – como incontrolable protesta de los que siempre han sido invisibilizados y nunca han tenido nada salvo el olvido, la discriminación y la frustración.
En la actualidad no se dispone de información en ninguna parte sobre los movimientos sociales, sus necesidades y demandas. Cualquier nota que se publique sobre protestas populares o manifestaciones callejeras, comienza por el número de detenidos consignado por carabineros, como si se tratara de una crónica policial. El tema central de la protesta suele omitirse, porque las restricciones están marcadas por el modelo represor imperante del cual aún no puede desprenderse la sociedad chilena.
Hay expectativas ciudadanas puestas en la Comisión Contra la Desinformación, que fue creada por decreto por La Moneda. Esta comisión es una facultad y una atribución que tiene el Poder Ejecutivo, y se apega a la Constitución y las leyes. Como podía esperarse es rechazada por la derecha obstruccionista y la reaccionaria Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP, cercana al gran empresariado pero lejana de la verdad.
La dictadura militar empresarial asesinó a no menos de 5 mil personas, de gran parte de las cuales no hay rastros hasta ahora. Pareciera que lo propio ocurrió con la libertad de prensa y la libertad de expresión, cuya desaparición forzada ocasiona el prolongado bochorno informativo que se mantiene sin pudores hasta el día de hoy.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
