El proyecto de la Unidad Popular planteó un cambio fundamental de estructuras en la sociedad chilena a saber, la Nacionalización del cobre, la Reforma agraria y el Área de propiedad social en la economía. Los mil días del gobierno del presidente Allende develaron un elemento clave en la formación social de Chile, sin el que era imposible realizar los cambios propuestos en el proyecto de la Unidad Popular. Debía existir un pacto del Pueblo trabajador con la realización del Programa. Compromiso que debía llegar más allá de una elección. Esto se traducía en la participación efectiva en las empresas del área social, en los campos bajo la reforma agraria y en los planes de producción y, vigilancia ante el sabotaje de los equipos de producción de los yacimientos nacionalizados del cobre.
Los sectores medios
La historia social y política de los 30 años anteriores a la Unidad Popular es testigo de un proceso de industrialización, donde la interacción entre las fracciones dominantes de la burguesía y los sectores medios, aseguran la reproducción de la formación social chilena y de la clase política. Otros segmentos de los sectores medios, de preferencia, profesionales, dirigentes de empresas, profesorado, estudiantes, críticos al sistema capitalista, se pliegan a alianzas esporádicas con la izquierda partidaria.
La radicalización de las posturas en el Congreso desemboca en acuerdos (temporales) en la presidencia de Frei Montalva para la chilenización del cobre y la reforma agraria. La revolución en libertad de la democracia cristiana suscita, más allá de posturas iniciales al margen de la clase política, un proyecto de desarrollo basado en el sector moderno de la economía, donde no están ausentes algunas categorías del campesinado y de la población rural – inquilinos, aparceros, sectores locales de compra – ligadas a las grandes propiedades agrícolas anteriores a la reforma agraria.
Estas alianzas aseguran el desarrollo estable del sistema con antagonismos sociales esporádicos pero sin perder la necesidad de acuerdos y consensos relativos en favor de minorías desheredadas y marginadas, aquellos sin trabajo, sin habitación, sin escuela, sin servicios de salud, et cetera…área a la que se suma la Iglesia tradicional que en los años 60 realiza un aggiornamento de su vieja tradición social, actitud que la lleva a la denuncia de las injusticias sin profundizar las causas.
De la misma manera, los marginados no ponen en cuestión la estructura del sistema, bregan por sus necesidades inmediatas; los líderes populistas, se unen a estas denuncias por el desabastecimiento y la carestía, porque según este análisis, los mayores responsables son los banqueros, latifundistas, dueños de grandes yacimientos mineros, intermediarios del campo-ciudad… El capitalismo es criticado por los abusos que genera, pero al formularlos, se condena, a renglón seguido, al socialismo y al comunismo por preconizar “la lucha de clases, y la dictadura del proletariado”, lo que para sus censuradores revela un desprecio fundamental a la persona humana. No queda sino entonces unirse, sin mayores críticas, en una cruzada por el bien de los marginados.
Las apuestas de la clase política en las tres décadas anteriores a la Unidad Popular
La derecha ortodoxa reconoce las carencias sin mencionar los baches del sistema, manifiesta su fe en el mercado y fija su mirada en el Presupuesto Público nutrido especialmente por impuestos indirectos y personales. El impuesto a la renta de las empresas no se menciona, o se proponen tratamientos especiales, como exenciones o gasto tributario; esporádicas propuestas del impuesto a las fortunas naufragan en los debates parlamentarios, pues se supone, la derecha económica lo afirma, que el mercado resuelve en una lógica irrefutable, las necesidades de la Nación.
Seis presidencias, en los tres decenios anteriores a la Unidad Popular, 3 radicales, un ex militar putschista de la década de los 20, un empresario derechista independiente y un demo cristiano, constituyen la oferta de los grupos dominantes, en las tres décadas anteriores a la elección de Salvador Allende. Es sobre este pasado que deberán enfrentarse los grandes cambios postulados en el proyecto de la Unidad Popular. En dicho pasado predominan las dificultades de las finanzas públicas cuando crecen las demandas sociales y la Derecha económica niega una base tributaria acorde con el desarrollo. El sector externo, basado en la cuenta dólar de la minería del cobre, se ve atenazado por la sub evaluación y las garantías que el capital extranjero impone a Corfo como aval de los industriales del sector moderno.
El rol de los sectores dominantes en la política de transferencias
La escasa relación entre el gasto público y el sistema de impuestos revela la existencia de transferencias que se operan desde las capas de trabajadores hacia el segmento de los empresarios, propietarios urbanos y terratenientes. El gasto público crece según la masificación de los consumos, vía efecto de demostración orientado por los sectores sociales dominantes. Baste decir que los impuestos directos sobre los ingresos personales en el período de Frei Montalva alcanzaron 18,3% de los ingresos fiscales. En cambio los impuestos indirectos – que afectan indiscriminadamente a la población consumidora – representaron 26,3% de los ingresos fiscales.
Durante el gobierno de Frei Montalva, las exenciones de impuestos para las ganancias de capital, las franquicias aduaneras para bienes de capital importados, los créditos de inversión a tasas de interés negativo, constituyen beneficios para los propietarios del capital, lo que determina un financiamiento público regresivo. Por tanto, el residuo afecto al consumo, después de deducir los impuestos directos a las ganancias, intereses y rentas (tanto de los empresarios como de las personas) no queda sino un 20% del Producto Nacional Bruto.
La importancia de ese 20% reside en que vastos sectores sociales del consumo urbano se reagrupan en torno a los modelos de consumo de los sectores dominantes de la economía. Esto se refleja en la tercerización de la economía, en el llamado efecto de demostración, que implica un proceso de desvalorización del capital, y desperdicio social financiado por el gasto público, lo que por una parte revela, la amplitud del consumo encaminado por las clases dominantes y, por otra, la naturaleza de los fenómenos de consumo adicional financiados mediante deuda. Comparado este consumo con igual cifra del Reino Unido, 7,4%, se observa la importancia del consumo en la economía chilena y su bajo nivel de inversión.
El Gasto Público y su efecto en los bloques de izquierda y de derecha
El Presupuesto Público, es el mecanismo indemnizatorio clave del discurso izquierdista, que al mismo tiempo, reivindica el Plan como alternativa correctora del mercado. En su defecto están los préstamos que se piden al Banco Central, que mediante emisiones inorgánicas, paga la factura. En el largo plazo, quedan las atrevidas reformas estructurales, pero atenazado por la realidad de los presupuestos familiares el mejor esfuerzo se vuelca a controlar la inflación. Es el punto de encuentro con la Derecha pues si la producción y el ingreso de los hogares no van a la par, será necesario disponer de una suma adicional de dinero para enfrentar un mercado inmisericorde. El bolsillo de la población no espera el cambio de las estructuras de la producción y de la banca, sobre todo si éste atenta a la paz social.
Entre las necesidades presentes y las transformaciones del futuro que los gobiernos postulan en sus propuestas, se genera un interfaz que permite actuar de consuno entre los bloques de izquierda y de derecha. Surge así la integración política de las clases medias como factor capaz de absorber el conflicto social y, elemento central, la posibilidad misma de integrar las capas de trabajadores objetivamente no beneficiarias del sistema. Si los gobiernos privilegian el corto plazo, la solución populista está siempre a la mano, donde el Presupuesto Público y el Banco Central, juegan un papel preponderante.
Estas alternativas financieras de gobierno y la permanente flexibilidad de izquierdas y derechas, para sumar a las clases medias aspiracionales a las ventajas adquiridas por las clases dominantes, especialmente en puestos de privilegio de la maquinaria productiva y comercial, es la base social del proyecto reformista que garantiza la paz social en el cambio. “Esta incorporación de nuevas capas capitalistas emergentes – afirma Kalki Glauser – es uno de los factores que explican la extraordinaria estabilidad política que ha caracterizado nuestra “democracia” y que ha permitido realizar en este país todas las revoluciones en libertad”.
Las transformaciones preconizadas por el proyecto se sitúan en una zona de poder social donde la incorporación de nuevos sectores y las ventajas del sistema, se hace sin atentar contra las ventajas adquiridas por las clases dominantes. Toda solución democrática deberá tener en cuenta este verdadero “equilibrio reformista” logrado por las clases dominantes.
Cabe preguntarse: ¿Por qué la integración política de las clases medias es necesaria para el Frente popular, los gobiernos radicales y también para los populismos de Ibañez, Alessandri, y Frei?
La respuesta es clara. La consistencia socio-económica de las clases medias se confunde con la acción del Estado y, con la lógica del populismo. Si bien es cierto que en gran parte su desarrollo corresponde a las medidas proteccionistas y subsidiarias tomadas por el Estado, el desarrollo del Estado mismo no se hace sin una estrecha relación con las clases medias.
A medida que el proceso de sustitución de importaciones se hace más y más complejo, la acumulación de capitales tiende a apoyarse en la acción del Estado. Estrechos lazos unen la burguesía monopolista nacional a la acción del Estado. En el curso de los años 60, y sobre todo en el período de Frei Montalva, esta burguesía vive de los subsidios del Estado que define los límites del desarrollo del capitalismo dependiente.
Complicidades de toda índole, al nivel del empresariado del sector moderno de la economía, se alzan en defensa del status quo. Es práctica corriente que los empresarios, que acceden a la gestión del Estado, se mantienen conectados con sus anteriores negocios. Una encuesta señala que 75% de ex empresarios, en puestos ejecutivos de la administración del Estado, en el período 1968-1969, manifiesta su deseo de volver a sus empresas si pudieran hacerlo. El servicio público es considerado como un paso transitorio en vista de otras alternativas más brillantes en los negocios.
La influencia ejercida por el sector privado en agencias de diferentes ministerios se manifiesta en la negociación, de gastos variables, como arriendo de inmuebles, transporte, compra de materiales e inversiones – formación de capitales, aportes de capital, préstamos, amortización de deuda, etc. (Pizarro, Op. cit., p. 11).
¿Cómo puede explicarse que el populismo en Chile haya logrado crear una zona posible de acuerdo en la sociedad chilena donde se combinan las formas políticas más diversas – véase el populismo de Ibañez, la alianza con los agrario laboristas, la cohabitación de políticos nacionalistas, de derecha y fascistas, con los socialistas populares-marxistas-leninistas? ¿Cómo se explica tal fenómeno? que abarca gran parte del período 1940-1970. Esta secuencia de 30 años de reformas dentro del status quo social del sistema capitalista muestra familias políticas que se repiten incesantemente durante tres y más décadas.
El factor externo. Un Estado garante de los sectores dominantes
La dependencia de la economía no es extraña a las transferencias que se producen entre los segmentos sociales de la economía. Es lo que ocurre (1) cuando el Estado, a través de Corfo, se constituye en garante de los inversionistas nacionales y extranjeros, en el caso de bonos que finalmente le serán debitados a la institución; (2) situación de inversores extranjeros cuando el capital de operación se constituye con recursos nacionales; (3) canalización de recursos mediante el diferencial en la tasa de convertibilidad del dólar-cobre o impuestos (implícitos) percibidos por el Estado de Chile. Estas relaciones de dependencia con el exterior, genera, desde el Estado, una compleja red de poder y negocios que, en lugar de asegurar el desarrollo de la economía, reproducen la estagnación y las diferencias sociales.
(1) Las inversiones extranjeras se canalizan a través de Corfo y recursos favorables para la inversión nacional. El Estado se constituye en deudor de las instituciones extranjeras, de manera que en el caso de no pago es sobre la garantía de Corfo que se ejercen las acciones de los acreedores. Entre otros, es el caso del Eximbank para la compra de maquinaria agrícola y la importación de máquinas eléctricas. Los créditos con el aval de Corfo, se convierten finalmente en bonos en dólares del gobierno. Operación que subvenciona los grupos de poder puesto que las condiciones originales de la deuda, que ya no son con los organismos de crédito del extranjero sino con Corfo, en condiciones más favorables para los deudores nacionales. Además si la deuda se transforma en emisiones de acciones, la preservación de las ganancias de la empresa, impide a Corfo vender las acciones en el mercado de capitales y recuperar así la apuesta. De esa manera se socializan los costos y se canalizan las ganancias hacia los sectores dominantes. Esta cobertura de operaciones privadas impide el total de las recuperaciones por la incapacidad de pago del sector privado y se traduce en mayor dependencia de los financiamientos del Banco Central.
Al materializarse en dólares, la lógica de las operaciones Corfo, equivale a estar sustentadas por la actividad minera. Los recursos del exterior llegan a los sectores dinámicos de la economía y empresas del sector público, con lo que se acentúa la diferencia del sector moderno de la economía, orientado hacia el exterior, con el resto. Este juego de transferencias consolida la economía de los grupos de poder y sus alianzas políticas para mantener el financiamiento de sus empresas. Además justifica su alianza con los sectores medios urbanos, segmento clientelístico en lo económico y aspiracional en lo social y político. La heterogeneidad de la economía en sectores moderno, tradicional e intermedio, da consistencia económica (empleo e ingresos) es decir, una estructura productiva y social, capaz de absorber diferentes segmentos del mercado del trabajo.
(2) La inversión directa privada extranjera regulada por el artículo 16 del Decreto 1272 de 1961 y el Decreto con Fuerza de Ley, 258 de 1960 denominado el Estatuto del Inversor, controla entre 40 y 65% de la inversión privada extranjera destinada a la industria se canaliza por esta vía. Las corporaciones extranjeras controlan más recursos que los que realmente aportan. El desarrollo de la inversión extranjera se realiza ya sea mediante reinversión de ganancias en el país, o bien por créditos extranjeros. Durante el período 1960-1970 el monto de capitales efectivamente realizados en el país es de apenas 50 millones de dólares. Esto es parte de la realidad en América Latina, el Departamento de Comercio americano señala que en el período 1960-1964, por cada 100 dólares invertidos por las Compañías norteamericanas en el sector manufacturero latinoamericano, 80 fueron financiados con recursos regionales. Corfo revela que de un total de inversiones, 22 proyectos analizados, las inversiones extranjeras directas no eran más que de 24% (L. Pacheco, Op.cit. pp. 136, 137. Se trata de cálculos realizados por el Departamento de Comercio de los EE.UU y presentados en el Survey of Current Business, noviembre 1965).
Los activos fijos representaron 40% de los fondos totales invertidos por una empresa normal, por consiguiente los fondos con origen del extranjero no explican sino 30% de los recursos totales necesarios para funcionar en condiciones normales y 12% de las inversiones directas. En otros términos, las sociedades extranjeras controlan una inversión de 100 dólares por cada 12 dólares efectivamente arriesgados (Ibidem). Aporte concentrado en bienes de consumo durables, lo que favorece por una parte, el consumo de estratos de altos ingresos y por otra, desalienta el ahorro e impone ese tipo de consumo. Estudios de Cepal y la OEA demuestran que en el curso de los años 60 las sucursales manufactureras de corporaciones americanas en América Latina en alianza con los sectores locales dominantes se especializan en el mercado interno del país. De 22 empresas investigadas, 55% respondieron que no tenían intenciones de exportar, pues otras sucursales de la misma corporación abastecían el mercado de la sub región andina.
El hecho que los sectores dominantes de la burguesía chilena no estuvieran en condiciones de competir con los capitales extranjeros, en el terreno de los créditos y la tecnología, la transforman en el socio local del capital extranjero. De esto sigue un activo proceso de desnacionalización de la economía, antecedente previo de toda suerte de transferencias hacia los sectores medios. Un ejemplo de ello es la asociación en el sector textil, a saber Yarur de Chile con la sociedad W.R. Grace. El capital obtenido por la Grace se invirtió en la adquisición de la Compañías Hucke Candy & Biscuit Company; L’Eperva Fishmeal Company, COIA – propietaria esta última de la compañía chilena de pinturas y de la más importante refinería de azúcar del país. Otro ejemplo del mismo proceso es de la International Basic Economy Corporation (IBEC), propiedad del grupo Rockefeller. La táctica de la Corporación IBEC se centra en el reclutamiento de altos funcionarios de empresas que pertenecen a la élite capitalista chilena, con el fin de comprar empresas nacionales, utilizando fondos internos provenientes de aseguradoras, fondos mutuos y otro tipo de negocios. Los puestos de dirección, evidentemente, eran asignados a sus hombres de confianza . Estas situaciones se multiplican en el escenario local, siendo uno de los casos más importantes, el del grupo Edwards, uno de los accionistas más importantes de la sucursal chilena de la IBEC.
M. Zeitlin, L.A. Ewen y R. Ratcliff estudiaron las conexiones entre 285 funcionarios chilenos y los directores de 50 de las más importantes sociedades no financieras. La investigación identifica, para la segunda parte del decenio de los años 60, 4 grupos de familias chilenas que controlan 25 de las 50 sociedades las más importantes que operan en Chile. Dos tercios de los funcionarios y directores de las 50 sociedades más importantes, conservan estrechas relaciones, sea de tipo personal o familiar con intereses extranjeros. Administradores y técnicos pertenecen a los estratos de la clase dominante y de la clase media y son reclutados con el fin de constituirse en representantes de los intereses del capital extranjero. Los empleados chilenos de las firmas extranjeras recibían sus salarios en dólares, no en escudos.
(3) Impuesto implícito establecido mediante el mecanismo de liquidación de dólares de las Grandes Compañías del Cobre (Chilex y Andes) al gobierno de Chile. Se establecen dos casos: (a) un impuesto directo (implícito) y (b) un impuesto indirecto (indirecto) sobre los ingresos. Las cifras de estas operaciones están basadas en la obra de M. Mamalakis sobre la estructura económica de la economía chilena.
(a) el impuesto directo (implícito). Se calcula por la diferencia en la tasa de cambio a que las compañías liquidaban sus dólares al gobierno de Chile. El diferencial se establece entre la tasa del dólar Corfo y la tasa de cambio de las compañías Chilex y Andes. En una serie de 1930 a 1964 estos impuestos implícitos se elevaron después de 1932, hasta una cima de 200% en 1952, para declinar a cero en 1961.
(b) el impuesto indirecto (implícito) sobre el ingreso se define como la diferencia entre la tasa media de venta de dólares de las compañías a Corfo y la tasa de paridad. Mientras el peso estaba sub evaluado (hasta 1942) las compañías recibían subsidios implícitos de la parte del gobierno pues los dólares de las compañías eran liquidados a un precio más elevado que el precio de paridad del mercado. La cima de esta operación fue el año 1936, con 63% sobre la paridad, ganancia percibida por Chilex, y de 66,5% sobre la paridad, percibida por Andes. Sin embargo, el Estado fue ganancioso en la operación a partir de 1941-1942, cuando la tasa de paridad sobrepasó la tasa de cambio de Chilex-Andes.
Más aún, cuando la tasa de paridad sobrepasa la tasa de cambio de Corfo (1945), el impuesto indirecto (implícito), sobrepasa el impuesto directo (implícito).
El gobierno se apropia del impuesto directo (implícito) en el momento de la liquidación de dólares. En lo que se refiere al impuesto indirecto, los recursos se convierten automáticamente en subsidios a las importaciones de bienes de consumo de consumo durable y aún de lujo. Los importadores fueron los beneficiarios directos de esta operación. La importancia de esta apropiación se mide por el hecho que esta alcanza una proporción media calculada entre 53 y 70% del valor total de la producción de cobre retornada al país entre 1952 y 1970. El 53% corresponde al período 1952-1961, estimada por Oceplan. El 70% corresponde al promedio del período 1965-1970 según datos de Codelco. Según estas cifras, M. Mamalakis (Op. cit.) estima una distribución de ingresos en que 83% retornan a Chile y 17% queda en el extranjero. Este autor no considera la diferencia entre el valor efectivamente retornado y el que se queda en el extranjero. Baste decir que los seguros, el transporte y las refinerías, entre otros ítems, se evalúan en más de 11% del valor total de la producción.
En la víspera del gobierno popular la estabilización de la base social de apoyo de la oligarquía empresarial lleva al desborde social de los sectores no incluidos en el proyecto reformista
El proyecto político-sindical de Clotario Blest rompía la tradición reformista donde el límite de las negociaciones se hace al nivel del sindicato de la empresa. Es un paréntesis en la larga tradición populista de la izquierda chilena. Desde ese momento, la política reformista se impuso ya sea bajo la consigna comunista del Frente Popular o bajo la consigna socialista por la constitución de un Frente de Trabajadores. Esto es limitado porque la lucha de clases es dirigida por el sector reformista, por lo que la lucha entre la burguesía y el proletariado no puede sino terminar como un enfrentamiento entre el reformismo burgués llevado a cabo en la pura política y los obreros desde el sindicato.
Esta institucionalización de la lucha social no tiene relación alguna con el cambio de sistema puesto que la práctica populista lo neutraliza. En esas condiciones, la relación entre los extremos reformistas de la izquierda y la derecha, constituye el elemento estabilizador de la base social – eje de acción concertado que conlleva una base económica y un proceso de acumulación.
Cuando el eje de acumulación se desplaza desde las industrias tradicionales, basadas en la pequeña y mediana industria con alta composición de mano de obra – alimentaria, bebidas, textiles… – hacia las industrias dinámicas de producción de bienes de lujo, incluso suntuarios – automóviles, electrodomésticos, et cetera – con fuerte participación de capitales nacionales y extranjeros, el eje social de estabilización del reformismo se rompe porque no logra superar los intereses divergentes. Para Mauro Marini la desestabilización y posterior ruptura del equilibrio reformista surge de los intereses divergentes de la burguesía industrial y de la pequeña burguesía.
Según nuestra interpretación tal divergencia no es suficiente pues las relaciones de poder de la burguesía se fundan en una base social de apoyo, integrada por la clase media aspiracional y trabajadores del sector industrial y minero de la economía. Lo que lleva a la desestabilización social es el desborde de los sectores que no entran en la negociación del proyecto reformista – los no alineados, los marginados entienden que se trata de migajas y calmantes, en síntesis, un engaño.
En la realidad del campo, la clase de apoyo, necesaria para la estabilización reformista, está constituido por los sectores asalariados de los campesinos con una ocupación estable a saber, los inquilinos y los inquilinos-aparceros. Al final de los años 60 el proyecto reformista de la economía campesina entra en crisis. Por tanto el rol estabilizador de las negociaciones laborales pierde su eficacia frente al desempleo y la creciente sub ocupación.
En los ‘60 del siglo pasado, el residuo no absorbido por el alza de productividad del sector moderno se cuantifica en 250 mil afuerinos; trabajadores emigrados del campo en búsqueda de empleo en las grandes concentraciones urbanas; mano de obra de los talleres artesanales y de la pequeña industria; a los que se agregan los marginados de todo orden que pululan en la periferia de las ciudades, en la expresión de Henri Lefebvre se trata de un proletariado alejado de los medios de producción, sectores que en el lenguaje político de la época se les denomina “los pobres del campo y la ciudad”. Este desborde alcanza además a la clase media afectada por el desempleo.
El reformismo en su fase populista es un proyecto de la burguesía destinado a asegurar la viabilidad del sistema capitalista en las etapas más complejas del desarrollo. La base social de apoyo asegura la viabilidad del sistema capitalista en el curso del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas. Una población trabajadora de más de 2 millones de trabajadores queda fuera del proyecto modernizador de la oligarquía empresarial. Su integración es el gran desafío que deberá enfrentar el gobierno de la Unidad Popular.
Santiago, agosto 30 2023
