Desde sus inicios, el gobierno de la UP había decretado requisiciones e intervenciones, valiéndose de leyes antiguas entre ellas el Decreto Ley n° 520 de 1932, para la requisición y diversos artículos del Código del Trabajo en el caso de las intervenciones. Ese procedimiento sin embargo, no representaba según la legislación burguesa un traspaso al Área Social. En el programa de gobierno se definían las tres áreas como sigue: a) Área de propiedad social, área dominante formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropian; b) Área de propiedad privada, aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción y c) Área mixta, se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado con el de los particulares.
Con el objeto de detener la constitución del APS, los senadores Hamilton y Fuentealba de la democracia cristiana presentaron un proyecto de ley cuyo objetivo central consistía en paralizar el proceso de formación del APS. Ese proyecto tenía por objeto impedir que el Estado pudiera traspasar algunas grandes empresas al Área Social por la vía de la compra de acciones o derechos en ellas. Eso significaba desconocer prácticamente la gestión que la CORFO había venido realizando desde su creación (1940) y bajo gobiernos que nada tenían de revolucionarios. Según la artimaña derechista, sólo nuevas leyes podrían autorizar al Estado para efectuar tales compras. Junto con privar al Estado los medios para formar el APS, tampoco se determinaba el campo del APS y se remitía a leyes futuras la incorporación de las empresas que debían integrarla. En el hecho lo que se perseguía con el proyecto era la protección del capital monopolista.
La estadística elaborada por Odeplan señalaba que de la lista en discusión, 79 empresas, a fines de 1971 y comienzos de 1972, 19 de éstas significaban 18% de la producción industrial del país, 10 accionistas representaban 63% del capital de las empresas, siendo aquellos apenas un 0,5% del total de los accionistas de dichas empresas. El capital extranjero controlaba 32% del total del capital de dichas empresas. En cuanto al sector comercial afectado, las empresas de la lista, representaban según cifras de ventas el 9% del total sectorial. En el proyecto de 1971 se contemplaba la estatización posible de todas las empresas cuyo capital y reservas, más utilidades, excediera en 1969 los 14 millones de escudos (un millón de dólares a curso oficial de ese entonces).
Ya a comienzos de 1972, el proyecto del gobierno aparecía como conservador frente a la realidad del gran capital su poder orientador en la economía chilena. En un estudio de C. García, publicado en Punto Final, se comparaban las 79 empresas estatizadas en el curso de 1971 con el total de empresas que según el criterio del gobierno de la UP y de los antecedentes que se disponían en relación a otras empresas que no entraban en el proyecto pero que según el criterio del capital debían entrar, las 79 de la lista representaban menos de un cuarto de los grandes monopolios. Además, tres sociedades anónimas, con un capital superior a 200 millones de escudos permanecían fuera de todo control por parte del gobierno. En definitiva, ninguna de estas últimas entraría a formar parte del APS en el período anterior al golpe. CORFO abrió poderes de compra de acciones para la Papelera (CMDT) y la Sudamericana de Vapores, operación que a la postre fue boicoteada por la Derecha, no llegando a materializarse su incorporación al APS.
La viabilidad del APS
Un lento proceso de ampliación del APS significa que por un largo período se mantiene el proceso productivo según los estándares de la empresa capitalista. Eso tiene relación con el tipo y cantidad de productos que se canalizan al mercado. Es a partir de la realidad de la empresa que se construyen las diferencias en los ingresos y las oportunidades de consumo de la población.
La realidad social implicaba mantener un nivel de gastos importantes para financiar bienes públicos postergados a saber, educación, salud, vivienda… y además de ello bonificar remuneraciones. Estos gastos, trasladados a costos, constituían la expresión económica de los intereses de la clase dominante. Intereses reflejados en la realidad de la oferta y demanda del mercado. Cualquier compensación monetaria a las clases postergadas debería regirse por los precios que finalmente imponían las clases dominantes en el mercado. De esa manera el gasto social de la población, en un mercado cruzado de imperfecciones, se canalizaba hacia las estructuras productivas controladas por las clases dominantes, o margen de apropiación de dichas clases. Existiendo grandes diferenciales de ingreso, el poder de compra superior de un segmento de la población, neutralizaba cualquier intento social compensador desde el gobierno.
En definitiva, la práctica nos enseñó que un lento proceso de formación del APS atentaba contra la viabilidad misma del APS. En una obra clásica en su género (1935), Oskar Lange, escribía a propósito del gobierno socialista:
“Debe ir adelante resueltamente con su programa de socialización con la mayor rapidez posible. Cualquier vacilación, cualquier duda o indecisión, provocaría una catástrofe económica inevitable. El socialismo no es una política económica para los tímidos”. Y refiriéndose a las áreas intocadas por el proceso de socialización escribía: “por otro lado, como complemento de su resuelta política de rápida socialización el gobierno socialista debe declarar de manera inequívoca, que toda propiedad y empresa no incluidas explícitamente en las medidas de socialización permanecerán en manos particulares, y garantizar su seguridad absoluta…”
En definitiva, un lento proceso de formación del APS, implica la existencia permanente de un área privada distorsionante del sistema de precios y de la distribución de ingresos. Se elimina de partida la creación de un mercado de consumo popular masivo. Se impide la generalización de nuevas relaciones sociales de producción basadas en los principios socialistas de acumulación y remuneraciones. Cualquiera lentitud en el proceso abría la alternativa de suplir los efectos reales de las políticas distributivas de ingreso, por una política de gastos fiscales.
Se generaba así una doble área de precios, bajos precios en el área social, precios de mercado libre en el área privada. La cuota de producción de empresas del área social, que trabajaban a costos bajos, era canalizada mediante el comercio que se encontraba en manos de los gremios patronales, fomentando el acaparamiento y la escasez de productos que desaparecían rápidamente del mercado. De esa manera los excedentes del área social se canalizaban, a través de la intermediación, hacia las unidades productivas controladas por las clases dominantes. De esta operación nace el déficit de operación de las empresas del área social de la economía y el mercado negro en beneficio de la oligarquía. Los costos de dicho mercado se recuperaban con las ventas del mismo a precios evidentemente altos. Este era el mecanismo adecuado para apropiarse de los billetes que el gobierno colocaba en los bolsillos de los trabajadores. En resumen, el déficit de las empresas del área social y, los mayores ingresos monetarios de los trabajadores, multiplicaba las ganancias a cifras siderales de los controladores del mercado. En esas circunstancias se imponía un golpe de timón en la canalización de la producción del área social o bien, se recurría al déficit fiscal.
El primer camino implicaba el ejercicio de fórmulas de poder de la clase trabajadora, que siempre se miraron con reticencia por la dirigencia del partido comunista. Una de ellas era el fortalecimiento de las organizaciones territoriales de trabajadores, a saber los cordones industriales y los comandos comunales de trabajadores. Estas organizaciones postulaban el control de toda la línea del proceso productivo y de la comercialización. En esa época, se instalaron mercados populares en los días que la ofensiva patronal arreciaba en el mes de octubre de 1972. En esos días me tocó presenciar el hecho paradójico que el gobernador de la comuna de Maipú prohibiera la instalación de dicho mercado en el territorio de la comuna, “por atentar contra el comercio establecido”. El mismo comercio que le negaba la sal y el agua al gobierno y que pretendía derribarlo.
El segundo camino, consistía en recurrir al déficit fiscal para cubrir la brecha en el poder de compra de los consumidores, dejada por los precios programados y los precios del mercado negro. Se siguió este último camino y se inundó el mercado de billetes, con los que se buscaba mantener una distribución más equitativa del ingreso personal mediante una política de ingresos monetarios. A poco andar se vio, que si se intentaba una política (conciliadora), que sustituyera la profundización de los antagonismos de clase por el manejo presupuestario de la crisis, debía pagarse caro el intento. Las emisiones inorgánicas y consecuencialmente la inflación pasaron a ser el índice más dramático del precio que durante esa época debió afrontar la política de conciliación.
En los últimos meses del gobierno de la UP fue una época de grandes ganancias para los controladores del mercado negro. La canalización del capital especulativo había hecho aumentar varias veces la velocidad de circulación del dinero. Aumentó exponencialmente la creación diaria de billetes en circulación. ¿Qué había sucedido? Con el objeto de amortiguar la inquietud pública y la de los trabajadores por la carestía creciente, el gobierno mantuvo los ingresos nominales de los trabajadores. Con la carestía proliferó el mercado negro que manejado hábilmente por la derecha significó una apropiación creciente de la masa de billetes que diariamente aumentaba. El Estado administraba el presupuesto y las compensaciones sociales, cumpliendo su parte en el sainete, que desde un comienzo la oligarquía tenía totalmente dominado. Sin arriesgar un descrédito político, el centro del poder productivo y comercial, apoyado por la Derecha, se apropiaba de los billetes que el gobierno ponía en circulación. Con ello se elevaba sistemáticamente la inflación, manejo que hizo pasar al gobierno por “veranitos de San Juan” o meses de sobrevida.
En el mes de octubre (1972) se salva una etapa crítica mediante los reajustes de ese mes. Junto a la solución política del “gabinete UP-generales” se otorgan reajustes desfinanciados como un medio desesperado de aliviar la tensión social. Una segunda crisis – tancazo del 29 de junio – encuentra al ministro de Economía discutiendo un nuevo reajuste para el año 1973. En septiembre de ese año la situación se había vuelto inmanejable.
El diálogo del gobierno con la democracia cristiana buscaba una suerte de conciliación de objetivos. Ante una situación inmanejable, la oposición abandona ese juego. Las crudas cifras mostraban que ya no había posibilidades prácticas de ganar un escudo más de utilidad especulativa. El gobierno había caído en el garlito económico tendido por los centros de poder económico y político.
Al final del experimento habría sido necesario otro presupuesto de la Nación para compensar conjuntamente a trabajadores y patrones, pues estos últimos se encontraban en el extremo de la línea, absorbiendo lo que el Estado canalizaba hacia los trabajadores.
Santiago, agosto 9, 2023
