Héctor Vega
En su Segundo Mensaje presidencial ante el Congreso el presidente Salvador Allende resumía así su pensamiento: “la gran cuestión que tiene planteado el proceso revolucionario que decidirá la suerte de Chile, es si la institucionalidad actual puede abrir paso a la de transición al socialismo” (21 de mayo de 1972).
Esa institucionalidad revolucionaria podía suceder a la institucionalidad burguesa siempre que se “mantenga abierta al cambio y a las fuerzas sociales que le den su contenido. Sólo si el aparato del Estado es franqueable por las fuerzas sociales populares, la institucionalidad tendrá suficiente flexibilidad para tolerar e impulsar las transformaciones estructurales sin desintegrarse”.
Esa era la clave del proyecto institucionalista de transición al socialismo propuesto por Salvador Allende. Se trataba de un programa antiimperialista, anti monopólico y anti oligárquico, dentro de la institucionalidad burguesa (la itálica es mía –HV).
Propuesta de cambios estructurales: un destino fallido
En ese marco había dos campos de actividad cruciales en la práctica de la tesis allendista, uno, era la ley de Reforma Agraria y el otro, la creación y desarrollo del Área de Propiedad Social (APS). En ese contexto surgen dos tipos de organización del trabajo, que en un sentido lato la ley de Reforma Agraria admite sin explicitarlos y aún menos reglamentarlos. Ellos son los Centros de Reforma Agraria (CERA) y los Centros de Producción (CEPRO). Las dificultades se incrementan cuando paralelamente a estas nuevas formas de organización en el área social de la agricultura, se constituyen los primeros Consejos Comunales Campesinos (CCC). Aunque estos últimos tenían una existencia más bien burocrática y afectaban sólo tangencialmente a los campesinos –sobre todo de aquellos más apartados del valle central–, no dejaban de ser mirados con temor por la oligarquía rural. La derecha acusaba de ilegales a los CCC, como asimismo a toda la nueva organización cuyas bases se originaban en los CERA y los CEPRO.
En relación al APS, las bases jurídicas para su creación provienen de la llamada República Socialista de 1932 a saber, el Decreto Ley N° 520 de 1932 que se invoca en el caso de las requisiciones y, diversos artículos del Código del Trabajo que resolvían casos en el proceso de las intervenciones. Existiendo un argumento jurídico incontestable, los propietarios afectados se concentraron en la prueba de situaciones de hecho que a su juicio eran ficticiamente creadas por la Unidad Popular (UP) para justificar de esa manera la intervención y posteriormente la requisición de las industrias que luego debían pasar al Área Social.
En el curso de 1971 el gobierno envió un proyecto de ley en el que se definían tres áreas: estatal, mixta y privada. En el proyecto se contemplaba la estatización posible de todas las empresas cuyo capital y reservas, más utilidades, excediera en 1969, los 14 millones de escudos (un millón de dólares a curso oficial de ese entonces). En 1971 ya se habían estatizado 79 empresas las que representaban menos de un cuarto de los grandes monopolios. Además, tres sociedades anónimas, con un capital superior a 200 millones de escudos permanecían fuera de todo control por parte del gobierno. Con respecto a dos de ellas, Cía Manufacturera de Papeles y Cartones y la Sudamericana de Vapores, CORFO abrió poderes compradores de acciones. Esta operación a la postre fue boicoteada por la Derecha y nunca llegó a materializarse su incorporación al APS. De la lista de 79 empresas estatizadas en forma total o mayoritaria, 5 eran de la Gran Minería del cobre, 14 de la industria, 5 de infraestructura y 10 bancos. De las 45 restantes, 38 eran industrias intervenidas o requisadas, de las que 8 eran textiles y otras tantas alimenticias. Circulaban rumores, alimentados por la oposición, sobre la cantidad de empresas que debían pasar al APS, los que nunca fueron desmentidos oficialmente por el gobierno. Se sembraba así la incertidumbre entre los empresarios. ¡Se llegó a hablar hasta de 200 empresas! ¡En nuestros días (junio de 2023) he leído en la prensa de Derecha la cifra de 375 empresas!
Los dos niveles de acción mencionados llevaban a cambios estructurales que les permitirían a los trabajadores acceder a la dirección del Estado, lo que situaba la estrategia al nivel de la dirección de la UP para en primer lugar entender lo que ocurría, y luego pavimentar la ruta para obtener apoyo popular al proyecto institucionalista de Allende. Fue un tiempo demasiado corto para acercar posiciones entre trabajadores, el gobierno y los partidos de la UP. Ya en el segundo semestre de 1972 y 1973, período de paros patronales y graves conflictos era evidente para los sectores de trabajadores más conscientes que el proyecto institucionalista se encontraba agotado.
¿Qué había pasado? La dinámica de los hechos sociales y el desarrollo de la conciencia en el sujeto social de los cambios a saber, los trabajadores, difícilmente se acomodaban a las respuestas tardías de la clase política con su proyecto de nueva institucionalidad. Los objetivos económicos y sociales sobrepasaban con mucho la organización y funcionamiento de los ministerios, de la administración de justicia y de la gestión legislativa.
Estas contradicciones se pusieron especialmente en evidencia cuando se trató de imponer la ejecución directa en el rubro de la construcción, – esquema a través del cual el Estado programa y ejecuta sus proyectos – contratando directamente la mano de obra, los profesionales y los materiales, en un medio en que las grandes empresas constructoras monopolizaban el mercado.
En un comienzo las modalidades públicas y privadas, convivieron, era el caso de proyectos de la Caja de Empleados Particulares, la Caja Bancaria de Pensiones entre otros y aquellos de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales (SCEE), estos últimos con proyectos experimentales, escuelas “tipificadas” que respondían al déficit de establecimientos que existían a la fecha.
En la segunda mitad de 1972 y en 1973, frente a un déficit de materiales de construcción y la necesidad de resolver situaciones críticas en los campamentos – proyectos que se habían instaurado en la época del presidente Frei Montalva – surgían situaciones de enfrentamiento, entre militantes de la izquierda revolucionaria, que propugnaban la “agudización de las contradicciones”, y militantes de los partidos de la Unidad Popular que desde la estructura del Estado buscaban cumplir con las metas de los ministerios.
En esa época crítica era habitual el desabastecimiento de materiales, las inasistencias injustificadas y el abandono lisa y llanamente de las obras en construcción. Frente a esta situación no quedaba otro recurso a los pobladores que la denuncia ante obras paralizadas en los campamentos. Al igual que hoy en día, 50 años después de la Unidad Popular, cuando se busca justificar un cargo de mando, aún sin la experiencia necesaria, la militancia se anteponía a las competencias necesarias. Situación común en todos los ámbitos de la administración pública y que se prestaba para casos dramáticos en la atención al público. Fue el caso del ministerio de la Salud cuando el Colegio Médico decide boicotear, aún a costa de la salud de la población el plan de medicina social del presidente Allende. El apoyo a la democratización de la salud alcanzaría su punto fuerte cuando comienzan a operar coetáneamente al paro de los camioneros de octubre de 1972, las brigadas de vigilancia y los comités de defensa de hospitales y centros de salud primaria por los trabajadores del sector – los comités enfrentaban las urgencias de la población, vencían mal que bien el vértigo de una actividad fuera de los límites del tiempo, en un espacio donde ya nada podía causar asombro.
Al boicot en la urbe se suma el boicot en el campo. Fue el caso de los poderes compradores de ganado organizados a través de SOCOAGRO (mercado mayorista de carnes y operadora de las Plantas Faenadoras de Carnes en el territorio nacional), entidad estatal que intenta, en la temporada de compras de ganado 1970-1971, sustituir masivamente los monopolios de compra de los ganaderos particulares, evitando la tradicional situación de especulación y desabastecimiento. Para sorpresa de los funcionarios encargados de las compras, pese a llegar billete en mano, el ganado desaparece y no hay vendedores. Las antiguas ferias, en connivencia con los grandes ganaderos, deciden no vender y sacrificar el ganado antes que entregarlo a los poderes compradores estatales. En lugar de actuar conforme al estado de emergencia que se vivía en ese instante la reacción de SOCOAGRO era lenta y burocrática.
En muchas instituciones de la época no se concebía la participación de los campesinos, pequeños productores y pobladores, quienes eran los directamente afectados con el boicot de los ganaderos. En las crisis de octubre 1972 y agosto-septiembre 1973, la ofensiva de los gremios patronales se traducía en el desabastecimiento sistemático de la población y la organización activa del mercado negro de la carne. La capacidad organizativa del estado era sobrepasada. Su ineficacia era manifiesta frente a la organización del enemigo en acciones directas, apelando a métodos terroristas, desconocidos hasta entonces en la lucha social.
Acciones desde la base en el territorio de Aysén: Estado y pobladores
Problemas técnicos en las planchas aislantes de las cámaras frigoríficas de difícil reposición en el corto plazo redujeron la capacidad instalada de frigorización de la Planta Faenadora de Carnes de Chacabuco Aysén (PFC) administrada por SOCOAGRO en puerto Chacabuco, en un 50%. El ganado excedentario debía ser trasladado a los mercados del norte, antes que las nevazones cerraran el acceso al puerto de embarque de Chacabuco.
Siendo Jefe del Equipo de Operaciones Zonales de la Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura me correspondió dirigir a comienzos de 1972, la evacuación de 12 mil bovinos y 60 mil ovinos hacia los centros de consumo del norte del país. Sin la sacrificada colaboración de los trabajadores de los servicios del agro en labores de dirección y control de faenas y las asociaciones de pobladores, la comercialización de la producción excedentaria no habría sido posible. El ganado debía ser trasladado a la PFC de Chacabuco a más tardar a fines de febrero pues ya en marzo por efecto de las nieves era imposible evacuarlo del Baker, Alto Río Cisnes, Emperador Guillermo, lago Elizalde, Ñirehuao, zonas de veranadas, etcétera. El ganado del Baker se transportó en camiones a través Argentina canalizándose finalmente hacia la PFC de Osorno. Con el personal de SOCOAGRO abrimos un poder de compra del ganado que debía ser embarcado desde el puerto de Chacabuco. De no realizarse esa operación las pérdidas para los pobladores de la zona por falta de poder comprador habrían sido incalculables.
Una operación compleja, venciendo la burocracia local (me tocó despedir los jefes zonales de INDAP, CORA, y SAG) se hizo cargo del abastecimiento de la Planta, verificación de oferta de los productores, organización de los embarques y transporte (líneas navieras locales a Puerto Montt y la motonave Lago General Carrera a San Antonio), y recepción del ganado en el puerto de San Antonio.
Esta experiencia demostró que un equipo gubernamental, en colaboración con los pobladores de la región de Aysén podía en condiciones difíciles, reemplazar operaciones de mercado privado que no solo aumentaban los costos sino que además incumplían plazos restringidos considerando las dificultades del terreno y las urgencias del transporte. La planificación del Estado reemplazaba operaciones que por años habían sido realizadas por privados. Nótese que debí requisar los buques de la línea local, cuya disposición se negaba por la administración de Empremar sin motivo justificado. El apoyo de los pobladores fue crucial en esta operación. Al igual que la experiencia de la construcción evocada más arriba, la planificación por el estado era posible, aun en el caso de desconexiones con las instancias centrales de ODEPA y SOCOAGRO, en problemas que finalmente fueron decididos en el terreno. A casi 50 años de los acontecimientos aún pienso que esta planificación en el terreno podría haberse generalizado ante el boicot al gobierno planteado por la Derechay los gremios patronales.
La lógica del golpismo
El sector freísta de la democracia cristiana actuaba en esa época en dos vías, en una buscaba acusar constitucionalmente a Allende y en otra, intentaba socavar la base social que había permitido su elección. Algunos de los sacristanes más fieles de Frei, como el sociólogo y periodista Claudio Orrego Vicuña y su ex ministro Andrés Zaldívar, llaman desembozadamente a los gremios y a la clase media a pasar a la ofensiva.
Orrego formula una estrategia que califica como la táctica de los generales rusos es decir, permitir el avance en territorio enemigo de tal manera que le sea imposible abastecer sus líneas de vanguardia, quebrantando así el centro de estabilidad de sus operaciones. En este caso el Moscú de Allende era la paralización del transporte y del comercio. La tesis de Orrego plantea sin eufemismos el pensamiento de Frei que lo inspira desde el Senado, “no se apuren, el sistema tiene sus propios gérmenes de destrucción. No es necesario ir a un ataque frontal, el desgaste llevará a deponer a Allende a un costo mínimo”. Patricio Aylwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano, vocero de Frei, lleva adelante conversaciones sin destino con el presidente Allende, que a medida que avanzan acumulan sistemáticamente mayores exigencias, inaceptables, si se tiene en cuenta que ya en esa época, los elementos fascistas del golpe se movían en la sombra, controlando primero el cono sur del territorio central (provincias de Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue) y posteriormente el resto del territorio, esta vez mediante el Ejército (1973).
En los primeros meses de gobierno la Derecha busca desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular, lo que obliga al gobierno a tomar el control de la economía y organizar una estrategia de emergencia que impida la virtual liquidación de las divisas y una devaluación catastrófica de la moneda. El crédito público debía restablecerse; los contratistas se encontraban prácticamente impagos desde hacía tres meses y el país afrontaba una seria paralización de las obras públicas. A la virtual neutralización de los grupos derechistas en la primera hora del triunfo electoral de Allende, sucede la rápida reorganización del enemigo. A medida que se avanza en las soluciones económicas de emergencia, la dirección superior de la UP entiende que las instituciones resolvían de manera insatisfactoria las exigencias del programa de 1970. Se notan serias discrepancias entre la dirigencia de la UP y sectores de la izquierda no integrados a tareas de gobierno. Entre estos se encontraba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Estos sectores encuentran respuesta en el sector altamiranista y los Elenos del Partido Socialista) y, sectores del MAPU y de la Juventud Radical Revolucionaria (JRR).
Políticamente se planteaba la creación de un poder popular capaz de asegurar la conducción del proceso al socialismo. Fuera de la UP, el MIR postula que debe irse a la toma inmediata y total del poder. Se argumenta que si no se marcha rápido, identificando y asilando al enemigo de clase, se corre el riesgo de convertirse en prisionero de la legalidad burguesa, frustrando el naciente poder popular – tarea a emprender por los trabajadores y no por funcionarios. O se crea el poder popular o se arriesga la viabilidad del proceso. En síntesis, es la institucionalización de los cambios versus la creación del poder popular.
La reunión del Arrayán
Esta contradicción central condujo a la crítica interna dentro de la UP, autocrítica formulada en la reunión del Arrayán. El tema de la izquierda revolucionaria aparece abordado elípticamente en los acuerdos que allí se toman. Podría considerarse como una referencia el análisis de los puntos críticos del desarrollo de la experiencia de la UP. El tema del MIR es silenciado, quizás como un esfuerzo por aparecer al exterior como un bloque sin grietas internas. Otro tema excluido son las relaciones entre la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano. De haberse abordado ambos temas habrían revelado las diferencias entre el Partido Comunista, que ponía el énfasis en “ganarse las clases medias” y lo que llamaba la “batalla de la producción” y, los sectores del Partido Socialista integrantes de las posiciones y prácticas de la izquierda revolucionaria. Con estas omisiones se cometía un grave error, pues por una parte, se negaba la posibilidad de discutir cara a los trabajadores las diferencias de fondo, y por otra, se sugería que cualquier antagonismo debía cargarse a la cuenta de “las provocaciones de la ultraizquierda”.
Al excluirse el tema del MIR y de la izquierda revolucionaria, las declaraciones más importantes del Arrayán se quedaban en un puro formalismo. Resulta difícil ver cómo las proposiciones de avance revolucionario contenidas en la Declaración Final podían realizarse sin definir concretamente las fuerzas y el papel que ellas jugaban en la realización de los acuerdos.
Al no definirse las relaciones con el PDC, la Declaración falla en lograr una abertura hacia el partido mayoritario de Chile. Esa situación, más que una debilidad del oficialismo en la UP, o una eventual victoria de la tendencia revolucionaria, revelaba la incapacidad de lograr un diálogo que comprometiera realmente a la clase trabajadora. Un examen de los puntos de discrepancia con el PDC habría significado enfrentar al freísmo con la base demócrata cristiana que ya desde el comienzo mismo del pasado régimen había iniciado una trayectoria, y que difícilmente podía estar de acuerdo con las prácticas de la clase patronal.
La derecha del PDC quedaba así con las manos libres para conspirar y buscar el golpe. La realidad de clase del PDC llevaba a pensar en un aliado en avances importantes propuestos por la UP. De hecho el programa presidencial de Radomiro Tomic en las elecciones de 1970 era muy similar al de Allende. ¿Cómo entonces realizar esa alianza? Pues, en acuerdos, programas y acciones comunes en fábricas, predios y yacimientos mineros. Suponer acuerdos entre la directiva del PDC y la directiva de la UP era ilusorio pues ni siquiera la UP había logrado superar el sectarismo en su frente interno. En resumen, los acuerdos del Arrayán son inviables pues excluyen las relaciones de los partidos de la Unidad Popular con el MIR y el PDC.
Para el oficialismo y, particularmente el PC, la alternativa de poder popular pasaba por la política de “ganarse las clases medias”. Eso significaba la formación de un frente pluriclasista. Lo que implicaba un acuerdo entre partidos, excluida (por supuesto) la Derecha y grupos disidentes de derecha del Partido Radical. Sin embargo, la política de acuerdos parecía agotada pues cada avance en el programa o mera proposición de reformas desde la base, llevaba a una crisis correlativa de las organizaciones partidarias. De esta manera, el frente pluriclasista con amplia participación de los sectores izquierdizantes de la democracia cristiana, carecía de destino.
La crisis planteada por la paralización del transporte (octubre 1972) y del comercio impulsa a la izquierda revolucionaria a plantear en el seno de los Cordones Industriales, y de las organizaciones poblacionales, las llamadas tareas de la clase. Básicamente esas tareas se dirigen a echar las bases de la organización territorial del poder popular mediante los Cordones industriales y los Comandos Comunales. A partir de esa organización debía establecerse el transporte y la locomoción colectiva, la distribución de alimentos y otros productos de consumo. Además, debía exigirse la inmediata requisición e intervención de las industrias paralizadas, y organizar al interior de las industrias las Brigadas de Vigilancia y Comités de Defensa.
Gremios patronales y mundo del trabajo
El paro patronal de octubre 1972 tiene por virtud dar un contenido concreto a las tareas discutidas en la base social cuando se plantea la expropiación inmediata de toda la actividad del transporte, base de la acción golpista de los patrones. Igualmente se pide la toma total de las industrias por los trabajadores y su no devolución; el control total del aparataje de la distribución, administrado en solo un 30% por el Estado; sanciones contra la burocracia del Ministerio de la Vivienda y de Obras Públicas. Estas tareas resultan lógicas si se tiene en cuenta que durante el paro de octubre, la ciudadanía sin distinción de clases, debió enfrentarse al comercio, camioneros, Colegios Profesionales, profesores de la Universidad y…lumpen a sueldo.
La Declaración del Arrayán excluía cualquier línea política alternativa a la estrategia institucional de los partidos de la UP. Sin embargo, era notorio que la propia izquierda revolucionaria – fuera esta MIR o grupos dentro de los partidos de la UP – no había solucionado sus propios problemas orgánicos y malamente podía siquiera constituirse en interlocutor de un diálogo. Sus activistas visitaban fábricas, medios obreros, y pobladores en campamentos, sin entrar realmente en la experiencia de trabajo vivida por ellos. Esa experiencia tenía sus propios caminos y para los trabajadores era fácilmente identificable el problema central esto es, su participación, tanto dentro de los mecanismos de su propia empresa, como en el proceso nacional de cambios, del cual se les decía que eran los principales protagonistas.
Gradualmente, la realidad en las fábricas y los campos de la reforma agraria condujo a los trabajadores por caminos muy diferentes a los de la burocracia partidaria con un punto de duda sobre las propuestas de la izquierda revolucionaria. Esto llevó en los hechos, a la desvinculación entre las directivas políticas y los trabajadores en el seno de los Cordones Industriales. Desde su interior se apreciaba un ejército laboral de 392 mil 323 trabajadores efectivamente incorporados al Programa de la Unidad Popular. De mayor preocupación era la situación de inseguridad de aquellos que no estaban efectivamente incorporados al Programa, contingente evaluado a 1 millón 338 mil 736 trabajadores donde se incluían trabajadores precarios de la construcción, pirquineros, pequeños comerciantes, minifundistas, afuerinos, voluntarios, mapuches en comunidades empobrecidas, artesanos. Si a ese total se agregaran –subempleados y desempleados disfrazados (600.000, M. Castells denomina a este contingente “situaciones específicas de la clase obrera”), los no considerados en el Programa se cifran a 1 millón novecientos treinta y 8 mil 736 trabajadores, es decir 65% de la fuerza de trabajo (2.998.000 trabajadores. Cfr. ODEPLAN, Antecedentes sobre el desarrollo chileno. 1960-1970).[1]
Es el momento en que el presidente Allende, decide dar un golpe de timón, atrayéndose hábilmente a algunos militares y al Comandante en Jefe del Ejército el General Carlos Prats. Con esto se buscó parlamentar separadamente con los cabecillas de los gremios patronales, ofreciéndoles la garantía política de la presencia de los generales en su gabinete.
La opinión pública entiende que se ha logrado un acuerdo transitorio y basado en el cumplimiento de acuerdos que la presencia de los generales avala. El gabinete conocido como el “gabinete UP-Generales” (4 de noviembre de 1972) es una solución superestructural. Se entiende que la pacificación social se hará bajo la dirección de los militares. La Derecha gana puntos importantes pues el gobierno se compromete en el Acta de acuerdo con los gremios patronales en el título de Política Permanente, excluye de la lista de las empresas monopólicas que debían entrar al Área de Propiedad Social, a la central de compras y distribución más grande del país, CENADI (ex CODINA).
Esto fue una concesión en una materia crítica de la que la oposición se había servido para poner al gobierno contra la pared. De hecho la Confederación del Comercio detallista y de la Pequeña Industria y Artesanado declaró haber asumido el control de CENADI. Se salvaban las apariencias expresando que CENADI estaría ligado a la Comisión Nacional de Abastecimiento, organismo burocrático por crearse. Ni siquiera en la distribución directa al consumidor era admitido el control del gobierno, pues se leía en el acuerdo que las JAP (Juntas de Abastecimiento y Control de Precios) “no tienen como función expresa la venta directa de productos al público”. Se acuerda además que la comercialización y venta directa al público correspondía al “comercio detallista inscrito en el Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos de Chile o en el Rol Nacional de Comerciantes de Ferias Libres, Ambulantes y Estacionados de Chile o por las cooperativas, y de acuerdo con este criterio se reprimirá toda manifestación de mercado negro y de clandestinaje” (Declaración del gobierno 4 de noviembre 1972).
Con ello se detenían las acciones y la experiencia de los trabajadores del Cordón Cerrillos, hecho no menor, pues éstos habían logrado vender directamente al público, productos de las industrias de la comuna en la plaza de Maipú.
En cuanto a la toma de empresas, el gobierno limita dicha acción a aquellas que correspondan a abandono de estas por parte de los propietarios y/o ejecutivos; asegura la protección de los propietarios que se sienten amenazados y dispone las medidas administrativas para la restitución de sus derechos en caso de haber sido objeto de una toma infundada.
En resumen, quedaba en manos de los patrones parar la empresa, alegar falta de garantías y exigir al gobierno el cumplimiento del Acta de acuerdo y pedir la represión contra los trabajadores. Se ignoraba el lock-out patronal, arma utilizada por la oposición patronal en los dos últimos años. Una frase parecía zanjar el problema “(el gobierno) actuará con energía ante el sabotaje patronal contra la producción”. Al no explicarse con el mismo detalle que el de la toma, en que se definía un criterio, la Declaración quedaba convertida en una expresión verbal sin mayor alcance en la realidad.
En relación a la huelga de los camioneros se reconocía que “no existe el control del capital extranjero y no existen empresas monopólicas, sino una gran cantidad de camioneros propietarios de uno dos camiones, y un número muy reducido de empresas medianas”. Se destacaba que “los legítimos intereses de los transportistas privados han sido y serán respetados por el Gobierno, pues coinciden con los intereses de la mayoría del pueblo de Chile”.
Sorprendentemente se echaba tierra al hecho comprobado y notorio que el paro de los camioneros había sido financiado por la CIA. Se les ofrecía garantías en nombre de “las exigencias de la seguridad nacional y a la responsabilidad que tiene el Gobierno de garantizar el abastecimiento de la población en cualquier circunstancia”. La respuesta de los camioneros no fue otra que demandar que todo el Programa de la Unidad Popular debía someterse a la institucionalidad vigente. Concluían “los gremios sostendrán junto a las empresas, las acciones legales que procedan y esperamos que las sentencias judiciales y los dictámenes de la Contraloría sean respetados”.
En el trasfondo, el Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats definía el papel de las Fuerzas Armadas en la solución política de Allende, como una “coparticipación”, de partidos políticos con las Fuerzas Armadas. Deslindaba su actividad de las soluciones políticas que era necesario encontrar para resolver los problemas económicos. Textualmente expresaba: “eso no nos compete. En la pugna de los partidos políticos nos cabe neutralidad”…“Nosotros los militares no acariciamos la idea de reemplazar al poder civil, ni es nuestra misión” (Entrevista periodística concedida a la revista Ercilla n° 1950, semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1972 por el Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats). A la época de estas declaraciones el golpismo recién comenzaba a germinar en el seno de las FFAA y el General Prats contaba con el respaldo, al menos aparente del Alto Mando. Debían transcurrir aun tres meses (elecciones parlamentarias de 1973) para que los conspiradores entendieran que sólo una aventura golpista y por traición podía derrocar al gobierno popular.
La lucha social en los últimos días de la Unidad Popular
A partir del paro patronal de octubre un nuevo factor se agrega con vigor a las demandas de la ciudadanía a saber, los pobladores de la periferia de Santiago. En el otoño de 1973 se organizan operaciones conjuntas de trabajadores y pobladores que protestan por la tramitación a que son sometidos con ocasión del Plan de Emergencia para el invierno de ese año. Los pobladores se colocan a la vanguardia de los movimientos que se gestan en poblaciones y fábricas. Pobladores y trabajadores son reprimidos en el centro de Santiago cuando protestan por la destitución de funcionarios de una agencia distribuidora estatal (Agencias Graham) y plantean un esquema de distribución directo en las poblaciones, basado en la generalización del sistema de canasta popular. A estas manifestaciones se agregan las acciones conjuntas protagonizadas por obreros y campesinos de la Comuna de Maipú que llevan a cabo tomas de predios. Las manifestaciones adquirieron relevancia en todo el territorio nacional. La disyuntiva entre el plano institucional y el plano real de la lucha social hace crisis en el seno de los partidos de gobierno.
El 21 de agosto (1973) 500 trabajadores, convocados por la CUT y los Cordones Industriales de Osorno formaron guardias obreras que apoyaron la acción del Jefe Provincial de Dirinco y del Intendente cuando se ordenó abrir los negocios ilegalmente cerrados desde el 17 de agosto.
En mi calidad de presidente del Cordón Industrial Centro Osorno me tocó encabezar la participación de los cordones de la zona en esa manifestación, la que obedecía a acciones del Regimiento Arauco N° 4 y la policía, destacando el allanamiento de la CUT de Osorno por tropas del regimiento cuya justificación era el control por la Ley de Control de Armas y Explosivos y las tomas masivas en el sector rural por recuperación de tierras de las comunidades mapuches en los fundos de Coihuería y Trosquilmo. El Cacique de Butahuillimapu declara…“los latifundistas empujan a las autoridades para que nos saquen de nuestras tierras con carabineros armados como para una guerra”.
En mi relato de los acontecimientos describo el allanamiento del vehículo de la Intendencia cuando éste se dirigía junto con funcionarios de DIRINCO al local del almacén Burnier, cerrado ilegalmente, para proceder a su apertura. Mientras se producían estos hechos, la plaza era rodeada por una compañía del regimiento. En el intertanto frente a la Intendencia se instalaban ametralladoras punto 30, apuntando directamente a los trabajadores. En un relato de la époco escribo, “las tropas avanzan y rodean las posiciones de los trabajadores. Algunos dirigentes recorremos las filas de los trabajadores imponiéndoles sobre los detalles del operativo y de los métodos persuasivos que se ponen en práctica. Nos reagrupamos en torno a la puerta principal de la Intendencia. Se escucha la voz del Intendente que da cuenta de su cometido y del vejamen que se le infirió. Se denunciarán los hechos y se pedirá la salida de los oficiales responsables. Si nadie asume su responsabilidad, discutiremos la realización de un paro total…” Pido a los compañeros que despejen y se dirijan ordenadamente a los Cordones para discutir y evaluar lo sucedido. Parte de este relato fue publicado en la edición del 9 de septiembre de 1973 de Punto Final, bajo el título de Informe Especial. “Osorno bajo la boca del fusil” (pp.12, 13).
El dilema de la Unidad Popular
La contradicción constante coloca a la masa de trabajadores y pobladores en la tensión de actuar aún al margen de los canales orgánicos de la Unidad Popular y de la izquierda revolucionaria si fuere necesario. La vanguardia de los Cordones Industriales y las poblaciones y campamentos en Santiago se sitúan más allá de los partidos de la UP. Se incorporan nuevas fuerzas que nunca antes habían actuado orgánicamente en la Central Única de Trabajadores. Esas fuerzas se agrupaban fundamentalmente en los Cordones Industriales y organizaciones de pobladores.
El hecho crucial que deja planteada la experiencia chilena es si acaso puede llegarse a una transformación de las estructuras políticas, sociales y económicas, a través de las instituciones burguesas. La experiencia de la Unidad Popular echa por tierra toda la mitología política en que creyeron los políticos de la izquierda chilena. El primer mito que cae es la prescindencia política de los militares chilenos. Otro mito que cae es la independencia política de los tribunales de justicia. Un corolario del mito –espero, definitivamente roto para los trabajadores chilenos– fue que era posible lograr una transformación gradual del contenido de clase de las instituciones económicas chilenas y de sus estructuras. A partir de ese corolario se montó la estrategia de las expropiaciones progresivas y en términos generales del gradual control de la economía. Mientras en la superficie los golpistas abren un paréntesis de negociación y regateo, en el fondo se prepara una de las más sangrientas represiones de que se tiene conocimiento en la historia de América.
La experiencia demostró que no era posible proponer cambios a medias, pues ellos inevitablemente conducían a poner en peligro la continuidad de las transformaciones que se realizaban. En esas circunstancias la frase de Saint Just resulta apropiada cuando dice: “quien hace revoluciones a medias no hace sino cavar su propia tumba”.
Mientras en el campo interno se desarrollaba esta dramática lucha, las compañías mineras norteamericanas, nacionalizadas por el gobierno de Allende, entablaban, acciones legales ante tribunales internacionales. Tres cargamentos de cobre dirigidos hacia los puertos de Le Havre (Francia), Hamburgo (Alemania) y Livorno (Italia), eran embargados en medio del Atlántico. Basado en la Enmienda González, el gobierno de EE.UU (Nixon) no renovaba líneas de crédito ya comprometidas.
Desde el exterior se cerraba el cerco sobre el gobierno del presidente Allende.
La nacionalización del cobre será materia del próximo artículo.
Notas
Este artículo está basado en mis libros: (a) “Crítica de la Unidad Popular (Chile 1970-1973)”. Editorial Fontamara. Barcelona, 1975. (b) “L’économie du populisme et le projet de passage au socialisme proposé par l’Unité Populaire au Chili”. Institut de Sociologie U.L.B. Centre d’Étude de l’Amérique Latine. Bruxelles, 1984. Este libro se encuentra en la biblioteca del Palais Beaubourg en París y en la Biblioteca del Congreso de EE.UU.
La Crítica de la Unidad Popular fue editada en Barcelona bajo el seudónimo Felipe Rodríguez, pues en 1975 aún me encontraba en prisión en Chile. No existe otra edición.
[1] El cálculo está basado en la estimulante investigación de Manuel Durán. El proceso político de la Unidad Popular. Participación y crisis del sistema dominante. (Arbeitspapiere n° 15. Universität Bielefeld. Universitätschwerkpunt, Lateinamerikaforchung, 1978). Para una determinación de las cifras entregadas consulté además de Durán, a Manuel Castells, La lucha de clases en Chile. (Editorial Siglo XXI. Argentina y España, 1974); Sergio Ramos, Chile: ¿Una economía de transición? (Casa de las Américas, La Habana, Cuba. 1972). Cifras y detalles de estas publicaciones se encuentran en mi libro, Héctor Vega. L’économie du populisme et le projet de passage au socialisme proposé par l’Unité Populaire au Chili. Institut de Sociologie U.L.B. Centre d’Étude de l’Amérique Latine. Bruxelles, 1984, pp. 299-303, 312-315. M. Castells da cifras diferentes de sub empleados a las registradas en mi libro, desafortunadamente no consigna sus fuentes.
