Amílcar Salas Oroño *
Celag, 18-4-2017, http://www.celag.org/
Si la cohesión parlamentaria-mediática-empresarial que había mostrado Michel Temer al momento de asumir el cargo de presidente permitía especular sobre los intereses que estos sectores irían a desplegar una vez que estuvieran en el gobierno, a menos de un año de realizado el golpe el panorama es ciertamente mucho más confuso: las quejas de los empresarios son cada vez más recurrentes, la imagen pública presidencial no para de caer semana a semana y hasta el propio poder de convocatoria de M. Temer en el Congreso se ha deshidratado. De aquel exultante 2/3 del impeachment no ha quedado mucho. En lo que es la principal apuesta legislativa del gobierno en esta primera parte del año – la aberrante reforma jubilatoria- ni siquiera los 64 diputados del PMDB lo acompañan: por el momento tan sólo 34 han declarado que votarán la propuesta del Ejecutivo. No se trata de un puntual “debilitamiento” del Gobierno de Michel Temer, la circunstancia es más profunda. A la luz del (des)federalismo administrativo y la casi nula capacidad de coordinación política de la agenda nacional, lo que está ocurriendo se asemeja más a una “implosión” del sistema político, con consecuencias estructurales para el capitalismo brasileño.
Presión judicial y recesión económica
Los dos últimos años –2015/2016- han sido extremadamente negativos en relación a la velocidad del crecimiento del desempleo, con el impacto que ello tiene sobre el resto de la masa de trabajadores brasileños. La “política económica” gubernamental – tanto la que le correspondió a Dilma Rousseff como, principalmente, lo administrado por Michel Temer en estos meses – ha sido determinante. Sin embargo, un factor (extra) debe ser seriamente contemplado: por la magnitud de su impacto, no son nada secundarios los efectos que ha tenido la Investigación «Lava-Jato» (autolavado a presión) sobre el escenario económico. Iniciada formalmente a principios del 2014, con una serie de denuncias acerca de coimas realizadas principalmente por empresarios de la construcción a directivos de la empresa estatal Petrobrás, esta investigación judicial modificó en profundidad la dialéctica reciente. Se convirtió en un nuevo clivaje cultural – inaugurando un nuevo discurso social moralizante -, un clivaje político – generando el “ambiente” para que prosperara el impeachment a Dilma Rousseff–, y un clivaje económico – siendo que impactaría directamente en el PBI de los años siguientes: siguiendo algunas estimaciones, en términos de empleo, los efectos negativos de la investigación Lava-Jato en la industria y en la construcción civil ascienden a casi 3 millones de trabajadores menos en esos dos sectores durante 2015/2016–.
Las retracciones económicas del PIB en el 2015 (3,8%) y en el 2016 (3,6%) tienen que ver directamente con las consecuencias que trajo esta investigación judicial. Según cálculos recientes, ha sido responsable de por lo menos un 2% de esas caídas por año; si no hubiera sido por la Investigación Lava-Jato la recesión económica de cada año hubiera sido alrededor de 1,5%. Esto se debe a que tanto Petrobras como el conjunto de las constructoras tienen un peso significativo en la economía nacional: por ejemplo, son responsables de una parte no menor de las inversiones – las de Petrobrás representan un 2% del PBI, mientras que las de las constructoras un 2,8% del PBI-, cuestión que adquiere mayor relevancia en un contexto general de retracción de la proporción Inversión/PBI (19,5% -2010- y 16,4% -2016-). Es que la investigación judicial ha impactado sobre el circuito económico en general: sobre las empresas derivadas, los puestos de trabajo, las cadenas de valor agregadas, etc. Por ejemplo, de los 120.000 empleados que registraba la constructora OAS hace dos años hoy tiene tan sólo 30.000; como ENGEVIX, que tenía 20.000 y ahora sólo tiene en plantilla unos 3.000 empleados, por nombrar dos casos no tan conocidos mediáticamente. Todas pérdidas que repercuten, siempre, en el mundo de trabajo informal, un detalle idiosincrático de la economía brasileña.
Frente al avance judicial, tanto Petrobras como las constructoras involucradas han debido vender activos, transferir competencias y realizar modificaciones empresariales de diverso tipo para garantizar su posición. Posiciones que, además, se ven modificadas por la propia acción del gobierno de M. Temer, como el nuevo marco regulatorio para la producción petrolera sancionado el año pasado, o bien por la exclusión en licitaciones abiertas bajo el pretexto de no estar “idóneas judicialmente”, dejando el escenario para que entren empresas extranjeras al mercado de la construcción civil. Este es, quizás, el objetivo central de todo el desenlace: el ingreso extranjero en sectores donde se había logrado desarrollar un complejo empresarial con capacidad tecnológica endógena (Petrobras y constructoras), con dinámicas de desarrollo para el ámbito nacional, en el marco – siempre hay que recordarlo – de las lógicas interdependientes del siglo XXI. Si le sumamos a lo ocurrido en estos dos sectores claves de la economía brasileña el “affaire” (investigación también judicial/mediática, también arbitraria y selectivamente expuesta al público) de la carne en mal estado revelado este año, que ha generado una gran incertidumbre global por la capacidad que tienen las multinacionales cárnicas brasileñas en la formación de los precios internacionales, el argumento de la “presión por la extranjerización” que ahora también alcanzaría a este sector económico pareciera reforzarse; al margen de los nefastos efectos que esto puede tener para el ámbito interno, siendo que este sector emplea a casi 500.000 personas.
En este punto, el contexto permite afinar un interrogante: ¿es casualidad que tres sectores claves de la economía doméstica brasileña, competitivos globalmente y formadores de precios internacionales en sus segmentos, hayan entrado en un tobogán de rápido deterioro de sus posiciones de mercado? Pareciera que no. Más bien pareciera que el Golpe a Dilma Rousseff vino (también) con ese objetivo: modificar los vectores de la acumulación capitalista en Brasil, para plantearlos ahora a partir de puntos externos de realización. Lo curioso, y esto se fue develando en el desarrollo de los acontecimientos, es que la tarea de limpieza de los elementos residuales del modo de acumulación previo se hiciera fundamentalmente desde el Poder Judicial, desde investigaciones judiciales – congestionadas de arbitrariedades procedimentales- acopladas en su tarea a los medios de comunicación hegemónicos (que son los que otorgan las formas de presión social). Esto es lo que está modificando Brasil, en su estructura; con la fila de desempleados y la pérdida de autonomía nacional.
* Investigador de la CELAG.
