por Gustavo Burgos. EL Porteño.
Durante esta semana la senadora Campillai destacó no haber sido convocada al proceso constituyente, señaló que sus planteamientos no fueron recogidos y aún su experto propuesto tampoco fue considerado. Señaló igualmente, que a pesar de su cerca de medio millón de votos obtenidos en la elección no se le permitió participar de ninguna forma en este nuevo proceso constituyente que se iniciara con el llamado Acuerdo por Chile. Finalmente, la emblemática senadora independiente —nacida de la lucha popular e insignia de las violaciones a los DDHH durante el estallido— señaló que esperaba que saliera una buena Constitución aunque no creía en ello. Como ocurre con las figuras de alta connotación pública, sus opiniones a menudo —esta no es la excepción— expresan ideas o aún sentimientos de profundo raigambre, en este caso de absoluto descrédito respecto del proceso constituyente y de una onda decepción.
En efecto, el sistema concebido en el actual proceso constituyente es el paradigma de la antidemocracia. La Constitución será redactada por instancias designadas por el parlamento: una Comisión de Expertos, tutelada por una Comisión de Admisibilidad y a fardo cerrado, aprobada o rechazada por una Convención Constitucional ciega, sorda y muda. Este Acuerdo por Chile del pasado 12 de diciembre alcanzado por todas las fuerzas políticas del régimen con representación parlamentaria (De la UDI hasta el PC) —que es a su turno una mera continuación del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019— es de tal espíritu antidemocrático que motivó una denuncia de la Comisión Chilena de DDHH para ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por considerar que el proceso en curso constituye una violación a los DDHH por conculcar el derecho a la libre determinación de los pueblos.
No lo decimos nosotros desde El Porteño, lo dice un órgano institucional burgués liberal como la Comisión Chilena de DDHH: el proceso constituyente en curso ni siquiera desde la formalidad de la democracia burguesa puede ser reconocido como una instancia democrática, del nivel democrático que exige la elaboración de una nueva Constitución. Lo concreto es que esto nos ofrece el régimen, lo tomamos o lo dejamos: nada.
En este escenario no han faltado las voces, principalmente desde la izquierda de lo que fue el Apruebo, que han llamado a levantar escenarios de participación que reclamen su reconocimiento por parte de la institucionalidad. El reclamo planteado —por cierto es retórico— persigue de fondo organizarse y movilizarse por una Asamblea Constituyente. Tal planteamiento provino —lo señalamos a vía ejemplar— de la Convocatoria Político Social que el pasado 21 de enero llamó a promover «la unidad y la movilización popular de base para avanzar hacia la asamblea constituyente libre y soberana de los Pueblos de Chile que abra las grandes alamedas de la justicia». A partir de esto, esta instancia en la que participan diputados del entorno oficialista tales como Hernán Palma (humanista), Viviana Delgado, Mónica Arce (ecologistas) y Camila Musante (Convergencia Social), se dispone a seguir sosteniendo una política que tenga en su centro la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Algo similar ha planteado el Partido Igualdad, aunque estos últimos convoquen a votar Nulo en el próximo plebiscito mientras que la Convocatoria Político Social llama a votar Rechazo.
Esta posición es moneda corriente en muchas organizaciones y tendencias de izquierda. Para aquellas resulta que un reclamo coyuntural como el de Asamblea Constituyente, episódico y cuya pertinencia depende directamente de la actividad de las masas y sus ilusiones en la democracia burguesa, se ha transformado en una estrategia, en el único camino para hacer transformaciones sociales e incluso la revolución. Interpelados sobre el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, tozudamente afirman que el pueblo rechazó el engendro de la Convención Constitucional, pero que el pueblo sigue reclamando una Asamblea Constituyente ahora repleta de adjetivos, a saber: libre, soberana, popular, participativa, territorial, plurinacional, sin generales, etc.
Resulta elocuente que esta política que podríamos llamar de «Asamblea Constituyente Permanente» sea sostenida aún en contextos claramente insurreccionales como el peruano, en que la convocatoria a elecciones generales es precisamente la política del gobierno criminal de Boluarte. La reducción de todo planteamiento político de fondo a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, termina en los hechos como una respuesta electoral a toda la actividad de las masas, porque la convocatoria de la Asamblea Constituyente (AC) —que materialmente le propone a las masas concurrir masivamente a las urnas— solo tiene potencial revolucionario en tanto ayude a las masas a afirmar su capacidad de gobernar, superar sus ilusiones democráticas y de tomar el poder. Por lo mismo la política de Asamblea Constituyente tuvo sentido a partir del 18 de Octubre del 19 solo en tanto fue levantada por las masas y en tanto permitía servir de correa para la unificación de las asambleas populares y cabildos que por miles puso en pie el levantamiento popular. La Asamblea Constituyente como consigna solo puede ser sostenida en tanto allane el camino hacia el poder, jamás para invitar a los explotados a la participación democrático burguesa o alimentar sus ilusiones en la institucionalidad.
En el contexto actual, el descrédito del proceso constituyente alcanza también a la consigna de Asamblea Constituyente, del momento que en términos prácticos e históricos terminan proponiendo a las masas la misma tarea, repetimos: concurrir masivamente a las urnas que les instala el Servicio Electoral. En este marco proponer una nueva Constitución —en términos histórico concretos— es política de la burguesía para recomponer el régimen, en ningún caso por lo mismo una nueva Constitución o la lucha por la AC pueden ayudar a potenciar las organizaciones de base, fortalecer las movilizaciones y politizarlas con una perspectiva de poder. El régimen ha captado esto con total claridad y por lo mismo entiende que reemplazar la Constitución «de Pinochet» es un negocio redondo, máxime si con ello se logra instalar la idea de que todo cambio social depende del funcionamiento de la institucionalidad patronal, es decir bajo la dominación política del gran capital.
No hay otro camino que el de la organización desde las bases y el de la búsqueda de canales de expresión política autónomas los trabajadores. Los explotados —en esta fase de reflujo y de desmovilización— solo pueden encontrar respuesta a sus reclamos en el canal de la movilización y la misma se fortalecerá en tanto se generalice y politice como enfrentamiento de clase contra la minoría explotadora en el poder. Esta idea está asentada en amplios sectores de la izquierda revolucionaria y es el elemento el que hay que basarse, por supuesto muchos compañeros seguirán viendo en la AC en abstracto una respuesta al momento, no importa. Lo que nos debe unir hoy es la tarea política de recuperar la calle, de enfrentar al Gobierno de Boric como lo que es: un gobierno patronal, apoyado en organizaciones de la izquierda reformista y al servicio del gran capital y el imperialismo. Sobre esta base también podremos enfrentar la farsa constituyente del régimen no para mejorarla, sino que para echarla abajo.
Precisamente, sobre este punto hace unos días Sergio Grez, entrevistado en esta revista por Malte Seierth, planteaba precisamente la imposibilidad de incidir en el actual proceso constituyente agregando que «Solo una nueva rebelión popular, no obstante con dirección y alternativa política, podría generar un proceso constituyente auténticamente democrático, sin embargo, por ahora no existen esas condiciones. Los movimientos sociales no deberían emplear sus menguadas fuerzas y recursos en un proceso absolutamente controlado por las elites económicas y políticas; lo esencial hoy es desarrollar luchas por las reivindicaciones más sentidas por el grueso de la población (especialmente económicas y sociales), e ir afinando plataformas y acuerdos que permitan en una perspectiva de mediana y larga duración la convergencia y articulación de distintos movimientos».
Entendemos que el «único proceso auténticamente democrático» es la revolución y que por lo mismo toda Constitución no es más que una específica correlación de fuerzas entre las clases en pugna. Solo el gobierno de la clase trabajadora apoyado en sus propios órganos de poder será capaz de consumar las tareas políticas democráticas, nacionales y sociales que la crisis capitalista plantea. Tal cuestión —no otra— es el Socialismo.
Hoy día el régimen si pudiese poner al Guatón Romo como experto constitucional lo haría. No algo muy distinto es la llegada de Hernán Larraín, Juan Sutil y otros oscuros personajes de las letrinas del régimen. La fotografía que ilustra esta nota —una patente automotriz con la sigla JJ DC— representa de manera cómica la descomposición política de la izquierda reformista tradicional. Conversando ayer con un compañero de base del PC me explicaba que no entendía de qué forma podría el partido superar este momento y que el fraccionamiento dentro de la organización solo esta pospuesto por la ausencia de movilizaciones. El reformismo —citamos en mofa a Carlos Altamirano— no ha dejado piedra sobre piedra de las que fueran otrora las grandes organizaciones obreras del PS y el PC, las que son al día de hoy absolutamente irrecuperables para la lucha popular y cuya subsistencia tiene lugar hoy día únicamente por su ligazón con el aparato del Estado.
Nos proponen Constituciones, papelitos y normas. Nos proponen política de minorías, cuestiones de género, ambientales, animalistas. Nos proponen cualquier cosa que no sea hacerse cargo del hambre y la miseria que arrasa sobre la inmensa mayoría trabajadora . Para ellos, para los cesantes, para los que llenan las veredas vendiendo baratijas, comida, ropa usada y desechos de todo tipo la respuesta es la represión; para los trabajadores que se levantan el huelga; para el pueblo mapuche, para todos aquellos que se levantan en contra del orden social la respuesta invariablemente es la de la represión, que ellos llaman respeto de la ley y orden público. Ni Constitiuciones, ni orden público, ni institucionalidad democrática, de ellas nada podemos esperar. La respuesta está en nuestras propias manos, en recuperar la calle.
