Antonis Davanellos *
A l´encontre, 15-11-2022
Traducción de Enrique García – Sin Permiso
El 9 de noviembre de 2022, las confederaciones sindicales del sector público (ADEDY) y privado (GSEE) declararon una huelga general en un momento crítico para la clase trabajadora y las capas populares en Grecia.
Según las cifras oficiales, en septiembre la inflación se situó en el 12%. El Banco de Grecia advierte que el índice probablemente podría permanecer por encima del 10% en 2023. Estos datos son obviamente importantes, pero el coste de vida efectivo soportado por los hogares es mucho mayor: en 2022, en los últimos diez meses, el precio del pan (y otros productos a base de harina) aumentó un 19,3%, el de la carne en un 17,3%, el de los productos lácteos en un 24,2%, el aceite de cocina en un 16,6%, el gas natural un 68,4%, el diesel el 20,8% y el coste de los transportes un 30%. La ola de aumento de precios erosiona rápidamente el poder adquisitivo de los salarios. Un estudio sindical reveló que en los hogares con el salario mínimo (750 euros), la disminución del poder adquisitivo efectivo supone el 40% de los ingresos mensuales. Hay que tener en cuenta que los salarios en Grecia se han estancado en los niveles de 2010, que las pensiones se han reducido (¡hasta un 40%!) en comparación con 2010. Mientras que las contrareformas promulgadas por los tres memorandos consecutivos han llevado a que el salario de una parte muy importante de la clase trabajadora no supere los niveles del salario mínimo. [Ver sobre la situación social en Grecia el artículo publicado el 12 de octubre de 2022.]
Estas condiciones ejercieron presión sobre las direcciones de la burocracia sindical de las dos grandes confederaciones para convocar una huelga general de 24 horas. Otro factor que llevó a esta decisión es el ejemplo internacional: las noticias relacionadas con las huelgas en Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica, etc. Estas últimas se vuelven muy populares entre los trabajadores, que comienzan a considerarlas como un “modelo” a seguir.
La huelga se convocó bastante pronto, lo que dio mucho tiempo (más de un mes) para trabajar en su preparación. No había que esperar una importante movilización preparatoria por parte de la burocracia sindical. Después de muchos años de inercia, ahora es poco creíble que puedan movilizar partes importantes de la clase trabajadora, incluso aunque lo quiera puntualmente. El llamamiento a la huelga fue retomado por las fuerzas de izquierda en los sindicatos, principalmente el Partido Comunista y las organizaciones de la izquierda radical / anticapitalista, que hicieron lo que pudieron (al máximo) para preparar la huelga y movilizar a los asalariados.
Este esfuerzo consciente fue de la mano de una ira y una indignación generalizadas dentro de la clase que se tradujeron en muchas “pequeñas” luchas dispersas. Por ejemplo, la lucha en un establecimiento vinícola llamado “Malamatina” contra los despidos y el intento de romper el sindicato; la lucha en las minas de ferronickel Larco contra su privatización; la lucha de los trabajadores de los barcos y transbordadores contra las condiciones de trabajo brutales; la lucha pionera de los repartidores de E-Food y Wolt [grupo finlandés]. El esfuerzo de movilización también ha encontrado un eco favorable en las filas de los empleados del sector público en el que se expresa una resistencia, principalmente en hospitales, escuelas, transporte público y entre los trabajadores municipales, que constituyen la columna vertebral del trabajo asalariado organizado en Grecia.
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El resultado final fue un éxito significativo de la huelga. Fue la más importante desde la derrota del movimiento social, tras la traición del gobierno de Alexis Tsipras del resultado del referéndum de julio de 2015 [61,31% habían votado no a las “propuestas” de los acreedores]. Más allá de los bastiones sindicales del sector público, la huelga también se ha desarrollado en el sector privado.
Las manifestaciones de los huelguistas en Atenas, Tesalónica, Patra y otras 75 pequeñas ciudades estuvieron marcadas por una gran afluencia y una expresión militante de la indignación de la clase trabajadora. En Atenas, la policía contó 20.000 manifestantes, pero la verdad es que la manifestación fue al menos dos veces mayor. Las cifras siguen siendo importantes, pero hay otros elementos más cualitativos y políticos. Por primera vez después de la victoria de la derecha en julio de 2019, la composición de la movilización huelguista no se limitó principalmente a los activistas organizados / politizados de la izquierda. Era evidente la presencia de capas más amplias de trabajadores y trabajadoras bajo las banderas de sus sindicatos, gritando sus consignas y expresando sus reivindicaciones.
En la tradición establecida en años anteriores, en tales ocasiones hay distintos lugares de concentración, que reflejan los diferentes “clusters”: uno en torno al Partido Comunista y su organización PAME (frente sindical); otro en torno a las dos grandes confederaciones sindicales (ADEDY y GSEE); un tercero de las fuerzas de la izquierda radical / anticapitalista. Pero esta vez, la magnitud de las concentraciones previas condujo a una unificación de facto de los diferentes “bloques” en una sola corriente de huelguistas que invadió las calles del centro de Atenas durante horas. Dentro de esta corriente de huelguistas podían nadar “como peces en el agua” los estudiantes que luchan contra la presencia permanente de la policía en los campus, las corrientes feministas organizadas que luchan contra el sexismo omnipresente, los pequeños comerciantes preocupados por su desaparición, etc.
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Es obvio que la huelga del 9 de noviembre probablemente pueda ser el comienzo de una progresión en las luchas de los trabajadores en el próximo período. Así que la cuestión crucial es a dónde vamos a partir de ahora. Esta cuestión no es muy relevante para los líderes de la burocracia sindical que han convocado la huelga principalmente para liberarse de sus responsabilidades y desactivar la presión de la base. Estos líderes, principalmente del GSEE y ADADDY, están satisfechos con el éxito del 9 de noviembre y se niegan a organizar cualquier debate sobre los próximos pasos a dar. Sin embargo, la cuestión es crucial para los sindicalistas de izquierda que fueron los que movilizaron para el 9 de noviembre y ahora deben afrontar la cuestión de la unidad de acción en los sindicatos [muy marcados por las presencias estructuradas de fuerzas políticas], como requisito previo para impulsar un fortalecimiento de las luchas.
No será un paseo fácil. El gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha protegido el sistema con una legislación que dificulta aún más la organización sindical en el lugar de trabajo y especialmente la huelga. Los cambios brutales en las relaciones laborales también dificultan la perspectiva de expresiones espontáneas de activismo de la clase trabajadora. Pero el éxito del 9 de noviembre demuestra que, al parecer, hemos alcanzado un punto de inflexión en este proceso.
El éxito de la huelga general tendrá inevitablemente repercusiones políticas.
En primer lugar, se trata de una rotunda impugnación de una importante pretensión gubernamental de que Mitsotakis es capaz de promover las contrarreformas neoliberales más provocadoras, al tiempo que logra mantener al movimiento obrero paralizado e inactivo. El “mensaje” de que esta situación puede revertirse es alentador para grandes estratos de la población. Pero también es una advertencia para los poderes existentes.
Porque el despertar de la clase trabajadora el 9 de noviembre se produjo en un momento muy “delicado” para el gobierno de Mitsotakis. El país está sacudido por las revelaciones sobre la amplia vigilancia de muchas personalidades (policías, periodistas, líderes empresariales, etc.) por el Servicio Nacional de Inteligencia (EYP, bajo la supervisión inmediata de la oficina del Primer Ministro), en colaboración con empresas privadas que venden software espía como Predator (el producto de una empresa israelí que se estableció en Atenas con Chipre como intermediario). Cuando se reveló que el EYP estaba utilizando el software espía Predator para vigilar al líder del PASOK Nikos Androulakis, el primer ministro se vio obligado a sacrificar al coordinador de su Oficina y al jefe del EYP para intentar salir adelante. La continuación de las revelaciones demostró que entre los vigilados se encontraban ex ministros y políticos de SYRIZA, el ex primer ministro y ex líder de la Nueva Democracia, Antonis Samaras, así como el actual ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Dendias. La gran sorpresa llegó cuando se reveló que entre las víctimas de Predator también estaba el oligarca Vagelis Marinakis (armador, magnate de los medios y propietario del popular club de fútbol Olympiakos), así como familiares de la familia Vardinogianis [presente en el sector del petróleo y el gas, el transporte marítimo, etc.], que es sin duda el grupo capitalista más poderoso de Grecia.
Vagelis Marinakis ya ha mostrado su indignación contra el gobierno, apuntando a Mitsotakis por permitir el establecimiento de una “red fascista” dentro del gobierno, en violación abierta de la Constitución. La coherencia del Partido Nueva Democracia y la supervivencia del gobierno dependerán de los próximos episodios del escándalo del espionaje.
Pero la sincronización de una crisis por arriba (la explosión de contradicciones y conflictos dentro de la clase dirigente…) con un aumento del activismo por abajo (con la huelga del 9 de noviembre como señal) es un escenario de pesadilla para Mitsotakis. Los días despreocupados de su dominio sin obstáculos, cuando solo tenía que enfrentarse a la débil y modesta oposición de SYRIZA, han terminado. En el ámbito político, vivimos el principio del fin para un gobierno extremadamente reaccionario y peligroso. La cuestión central es si el movimiento obrero y popular encontrará la manera de transformar la crisis gubernamental en una oportunidad para avanzar las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores y luchar por imponerlas. El éxito de la huelga general del 9 de noviembre nos permite considerar esta cuestión de forma más optimista.
* Antonis Davanellos periodista, sindicalista y miembro de Izquierda Obrera Internacionalista (DEA), organización que rompió con Syriza tras la firma del tercer memorándum para constituir la coalición Unidad Popular (LAE).
