Andrés Figueroa Cornejo
Bajo extorsión antidemocrática y sediciosa, y luego de que el Gobierno del Estado Plurinacional ha ofrecido todas las instancias de diálogo para tratar participativamente las materias que competen al Censo de Población y Vivienda, los representantes de la extrema derecha y de la oligarquía más autoritaria, racista y conservadora del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo junto a patotas insignificantes, pero violentas, este martes primero de noviembre el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, expresó que el Ejecutivo está dispuesto a crear una nueva mesa de negociación, con fecha abierta y sin condicionamientos, salvo las que emanen de un comité técnico de composición plural.
¿Un Censo para el 2023 o el 2024? ¿Alguien cree a estas alturas que Camacho y su banda alguna vez habló con la verdad cuando se acuarteló en su consigna de realizar el registro nacional el 2023, pese a la fundamentación científica que obligó a reprogramar el proceso censal para el 2024?
No sólo los movimientos sociales y populares de todo el país y en particular de Santa Cruz exigen a Camacho y Calvo terminar con un paro más ficticio que real, pero que, en efecto, está provocando un daño importante a las clases trabajadores cruceñas en su dinámica económica. Bolivia no es una potencia mundial y su historia está colmada de masacres oligarcas, golpes de Estado, inestabilidad y pobreza. Por primera vez, sobre la base de un proyecto concreto de revolución democrática y cultural, del Vivir Bien, del protagonismo de las naciones indígenas y sus modos comunitarios y cooperativos de desenvolverse, de millones que por fin salieron de la miseria, Bolivia es capaz de mostrar al mundo un futuro de desarrollo inclusivo, económicamente redistributivo y con justicia social, con salud, educación y vivienda. Pero ya se sabe. Ello, ni Washington ni las facciones neofascistas de una oligarquía agro sojera y extractivista lo pueden permitir.
Hasta el arzobispo de Santa Cruz en la misa dominguera, emplazó a Camacho y Calvo a terminar con su comportamiento antisocial y de fines personalistas y particulares que están causando el dolor de miles de personas.
El actual Gobierno de Arce y Choquehuanca recién están remontando las condiciones económicas previas al golpe de Estado y la dictadura de Jeanine Áñez y las fuerzas de la reacción, muchas de cuyas figuras se encuentran en la cárcel o prófugas de la justicia. Desde noviembre de 2019 a octubre de 2020, periodo de la dictadura, todos los indicadores sociales, económicos y sanitarios se hundieron mediante la corrupción, el terror, el racismo desatado, los negocios de la elite, el abandono perverso de la población en los peores momentos de la pandemia por Covid-19, la ruptura violenta con el proceso de cambios pro-populares que signan a la nueva Bolivia. Saquear no cuesta nada. En cambio, construir una sociedad con equidad, digna, basada en la promoción y regulación del Estado para favorecer la producción local y el mercado interno, encaminada hacia una industrialización hermana de la naturaleza; en la nacionalización de sus bienes comunes estratégicos, con estabilidad monetaria, crecimiento real y una de las menores inflaciones del globo en medio de un mundo en recesión, demanda el empeño de un pueblo entero.
Pero los comunes y sencillos no duermen. Un encuentro de movimientos sociales efectuado en Yapacaní donde asistieron organizaciones de los municipios de Santa Rosa del Sara, San Julián, Buena Vista, San Carlos y El Torno, resolvieron comenzar una marcha hacia la ciudad de Santa Cruz con el propósito de manifestarse en contra del paro y exigir la renuncia de Camacho por los perjuicios que ha ocasionado a las comunidades más humildes de la región. Entre las agrupaciones que invocan la salida de Camacho están la Federación de Trabajadores Gremiales, Central Obrera Departamental, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Federación Única de Trabajadores Campesinos, Federación Departamental de Mujeres, Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz Bartolina Sisa, Federación de Interculturales del departamento de Santa Cruz, entre otros. Es posible que este miércoles 3 de noviembre ingresen a la ciudad de Santa Cruz.
El rompimiento de la normalidad laboral cruceña ha ocasionado la especulación de los precios de productos como la carne, incrementando su precio artificialmente. Bolivia está en plena recuperación económica y no puede exponerse a ruidos sediciosos que interrumpan su paulatino remontar.
También este martes primero de noviembre, el Presidente Luis Arce realizó cambios relevantes en el alto mando de las Fuerzas Armadas, renovando sus cuadros con el propósito explícito de que el país cuente con una armadura castrense donde “El lugar de las FFAA está en el seno de su pueblo, que ha expresado su voluntad de convivir en paz y en democracia, y cuya obligación es la de defender al Gobierno legalmente constituido a través de las urnas, como la única vía legítima de alcanzar la conducción del Estado”. Las modificaciones se realizaron en todas las ramas militares.
Camacho y Calvo se juegan la representación de los intereses que buscan liquidar el proceso progresivo de Bolivia. Por eso, hasta el cierre de esta nota, no contestaban a la última invitación a dialogar hecha por el Gobierno central.
La lucha de clases se concentra en Santa Cruz.
