Saúl Escobar Toledo, México
El fallecimiento del expresidente Luis Echeverría ha dado lugar a diversos comentarios en
los medios de comunicación. Sin embargo, creo que se le ha dado demasiada importancia
al personaje y, en menor medida, a discutir el sistema político que LEA encabezó. Lo anterior
resulta explicable dado que no todos los días muere un personaje de este calibre. No
obstante, también puede ser ocasión para reflexionar acerca de la herencia que nos dejó
ese sexenio.
Una visión histórica simplista y un tanto rudimentaria, basada en la idea de la “presidencia
imperial” pretende decirnos que Echeverría fue el responsable de un conjunto de
infortunios que se explican a partir de sus decisiones en el poder ejecutivo. Así, el pleito con
los empresarios, el proyecto económico, pretendidamente redistributivo, y su política
exterior “progresista” condujeron a la devaluación del peso y a la “guerra sucia”, la
represión y la crisis. Todo, debido a los propósitos malignos, irresponsables y demagógicos
del presidente.
Dicha interpretación da a entender que estos acontecimientos estuvieron directamente
relacionados y fueron parte de un mismo proyecto. El asesinato de Garza Sada, por ejemplo,
ocurrió por la irresponsabilidad o complicidad presidencial, lo mismo que la desaparición
de cientos de opositores y la masacre del 10 de junio.
Esta mezcolanza contradictoria adquiere sentido, según sus autores, a partir de las
decisiones de un solo individuo: Luis Echeverría.
Sin embargo, hay otra manera de ver la historia: como un conjunto de fuerzas sociales y
actores políticos que se enfrentan con diferentes causas y propósitos en una realidad en la
que las tendencias económicas nacionales y mundiales; las estructuras políticas; y el
descontento social, resultan factores esenciales para comprender los acontecimientos. Una
visión más compleja que puede permitirnos entender mejor los hechos ocurridos en ese
periodo.
Echeverría fue, sin duda, el principal responsable, como jefe del Estado mexicano, de la
matanza del jueves de Corpus, de la represión ilegal e inmisericorde contra los grupos
guerrilleros y otros movimientos sociales pacíficos. Como señaló el Comité 68 pro libertades
democráticas, con base en las investigaciones disponibles, puede afirmarse que fue uno de
los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre (como secretario de
Gobernación), de los crímenes del 10 de junio de 1971, y de la política terrorista instaurada
con la Brigada Blanca, ejecutora de la “Guerra Sucia”.
Pero no fue el único. Estos hechos fueron responsabilidad del Estado mexicano.
Participaron en ellos fuerzas del ejército, de las policías, y de diversas dependencias a nivel
federal, estatal e incluso municipal. El poder judicial y legislativo fueron, al menos,
cómplices. Desde este punto de vista, el fallecimiento de Echeverría es irrelevante. Las
investigaciones y los procesos judiciales tienen que continuar.
La reciente apertura de los archivos militares, su análisis y sus resultados, deberán
ofrecernos mayor luz acerca de las desapariciones forzadas ocurridas durante la década de
1970 y de lo que significó para los derechos humanos y la democracia.
Por otro lado, la política económica de ese gobierno y sus afanes por redistribuir mejor el
ingreso, no pueden ni justificar ni atenuar las acciones represivas; sin embargo, tampoco
fue el origen o la causa de estas últimas. El cambio, en esta materia, respondía a una
reclamo social y político que dejó el 68 y al surgimiento de nuevos actores sociales. El
fracaso de esas medidas económicas, por su parte, se pueden explicar por un conjunto de
factores, principalmente por la coyuntura internacional y la existencia de un régimen
político permeado por la corrupción, el autoritarismo y la inexistencia de un apoyo social
que nunca se movilizó para defender ese proyecto. Aquí tampoco hay un responsable único,
sino un conjunto de actores políticos: algunos se enriquecieron con el manejo de los
recursos públicos; otros tomaron decisiones equivocadas; y también hubo aquellos que
pensaron, sinceramente, que estaban haciendo lo correcto.
Pongamos de ejemplo la política laboral: se elevaron los salarios mínimos reales y
contractuales; aumentó el empleo; se modificaron varias disposiciones legales, para la
revisión anual (y no bianual) de los salarios; se crearon instituciones como el INFONAVIT y
FONACOT. Al mismo tiempo, el gobierno desató una represión contra los movimientos
sindicales insurgentes de esos años, particularmente contra la tendencia de los electricistas
democráticos. Estos movimientos tuvieron diversas demandas, relacionadas por supuesto
con sus condiciones de trabajo. No obstante, la principal, fue el reclamo por la democracia
en las organizaciones sindicales, el derecho a elegir libremente a sus dirigentes. No hubo en
este aspecto, ninguna “apertura democrática”. El gobierno decidió defender, sin
concesiones, el aparato de control sindical corporativo, el charrismo. Lo hizo, otra vez, no
sólo por decisión presidencial, sino también porque ese sistema de control obrero,
encabezado por la CTM y el Congreso del Trabajo, presionaron para defender sus privilegios
y mantenerse como el único interlocutor reconocido por el gobierno. Esta capa de líderes
fue tan culpable, como el presidente y su gobierno, de esas campañas de aniquilamiento de
las oposiciones democráticas obreras.
En lo que toca a las contradicciones dentro del propio gobierno y con el bloque dominante
empresarial, éstas reflejaron la incapacidad de un régimen autoritario para conducir y poner
en práctica exitosamente un conjunto de reformas, pero, igualmente, la absoluta cerrazón
y la rigidez de esa élite privilegiada, el llamado sector privado, para cambiar el rumbo de
una economía que ya presentaba, varios años atrás, serias contradicciones que apuntaban
a una crisis inminente.
Algo parecido puede decirse de la política exterior del sexenio. Sus posiciones progresistas,
especialmente en el caso del golpe militar en Chile y su discurso tercermundista, se daba de
topes con su comprobada sujeción a los dictados provenientes de Washington y su
colaboración con la CIA. En especial, para acabar con todo vestigio de una amenaza
comunista en nuestro país en aras de la “seguridad hemisférica”. Dos caras de un mismo
régimen. Contradictorias, y al mismo tiempo, funcionales para la sobrevivencia y la
continuidad de la clase política agrupada en el PRI.
El análisis del sexenio de 1970-1976 no puede reducirse a la conducta de un solo personaje.
Tampoco, desde luego, se debe subestimar su responsabilidad política e histórica. Si lo
observamos de manera más amplia, nos arroja un panorama complejo en el que sobresale
la rigidez de un sistema político; los rasgos de un gobierno que decidió sacrificar sus
impulsos reformistas para salvar la continuidad del régimen priista; y la codicia de las élites
dominantes, políticas y económicas. Hasta aquí podría decirse que fue el principio del fin de
la hegemonía indisputada del partido único.
Sin embargo, también fueron años en que los actores sociales, obreros, campesinos,
organizaciones urbano-populares, clases medias y grupos de estudiantes, profesores y de
la cultura, surgieron con nuevas propuestas programáticas, políticas e intelectuales.
Muchos de estos actores fueron reprimidos y en ocasiones exterminados. A pesar de ello,
en conjunto, lograron traspasar esas fronteras cronológicas y construir una conciencia
democrática que se volvería materia de disputa en los años siguientes. Por un lado, aquellos
que postularon una democracia “sin adjetivos”, anuncio de las ideas neoliberales que se
impondrían años después. Por otro, los que han sostenido una democracia que abarque los
derechos humanos plenos: económicos, sociales, y culturales. En este debate seguimos, en
condiciones muy distintas, pero arrastrando todavía muchos cuestionamientos, aún no
aclarados, que dejaron esa primera mitad de los años sesenta.
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