Bronca, rabia, dolor y tristeza…
Muerte en la cárcel de mujeres
No las dejen caer
Esta nota cuenta los últimos días de una mujer presa que murió en el hospital Maciel luego de que sus compañeras reclamaran durante días en la cárcel que se le prestara atención médica. Ante la desidia de los funcionarios penitenciarios, una reclusa envió un mensaje a una radio pidiendo ayuda, la periodista que escribe la nota lo reenvió al comisionado parlamentario y las puertas se destrancaron. La trasladaron con vida, pero llegó tarde.
Maite Sarasola
Brecha, Montevideo, 31-3-2017
Carmen les repetía una y otra vez a sus compañeras: “No me dejen caer. Por favor, no me dejen caer”. Los minutos se les hacían eternos aquel lunes 6 de marzo.
Hacía varios días que había empezado a sentirse mal. No era estar en la cárcel lo que la molestaba, eran el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas. El sábado, cuando uno de sus hijos la fue a visitar, los síntomas habían empeorado. “Tenía toda la boca torcida, hablaba como borracho, se le caían las cosas de las manos”, dijo Anthony, que ronda los 30 y es el mayor.
Sus compañeras cuentan que al principio, cuando un tiempo atrás Carmen había empezado a sentirse mal, en la enfermería del Centro Nacional de Rehabilitación Femenino (Cnr), más conocido como “la cárcel de mujeres”, le diagnosticaron un problema en el hígado. Le dieron calmantes pero el dolor no se fue. Le ordenaron entonces cambiar la dieta. Diferente comida, el mismo dolor.
Todo comenzó el 25 de febrero con un episodio de “cefalea intensa”, un dolor de cabeza súbito y muy fuerte. Le dieron analgésicos. Ese día fue el principio del fin, sin saberlo, había empezado un sangrado interno. Siete días después, el 3 de marzo, a Carmen le costaba hablar y tenía dificultades para mover el lado izquierdo del cuerpo. No podía andar sola, había que agarrarla para trasladarla de un lado a otro.
“Yo le decía: ‘No tomes eso, Carmen, están intentando dormirte’”, comenta una de las internas refiriéndose al Diazepam que, según declaraciones realizadas a Brecha por varias internas, alguien del servicio de salud del Cnr le había mandado tomar después de que comenzó con los dolores de cabeza y los viajes a la enfermería.
Cuando el 6 de marzo un mensaje de texto llegó al programa de la mañana de Radio Futura, la locutora tuvo que leerlo varias veces para convencerse. Quien lo enviaba era Lorena, compañera de Carmen de la cárcel, que estaba desesperada: “Hola, somos internas del Cnr, Módulo 5 femenino. ¡Una compañera está haciendo un Acv y Asse no la saca en conducción! ¡Necesitamos un médico! ¿Qué hacemos? ¡Somos personas!”.
El mensaje hizo que comenzaran a moverse las piezas: de Radio Futura viajó a mi celular, de mi celular llegó al del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Demoró dos minutos en responder. Lo que no se había hecho en mucho tiempo, dar cuenta de las necesidades de un ser humano –en este caso Carmen–, ahora empezaba a materializarse.
Lorena me llamó, desesperada. Me pasó con Carmen, pero le resultaba imposible agarrar el teléfono y apenas pude escuchar su voz unos segundos. No entendí lo que me dijo. Sus palabras no eran claras.
Petit se comunicó con la dirección del Cnr. Informó, desde fuera y basándose en un mensaje de texto que había llegado a un programa de música, que ahí dentro tenían a alguien que sentía que se estaba muriendo. Que había un grupo de mujeres asustadísimas porque pensaban que su amiga se les iba. Y se les fue, pero no ese día.
La primera vez que la vieron ese día, desde el servicio médico le dijeron que no la iban a trasladar. Corrían las once de la mañana. Según Lorena, les informaron que no había personal administrativo para realizar el traslado y “por ende” no podían “hacer nada”. “Sólo podemos dejarla en la cama y cuidarla”, decía el mensaje que me envió Lorena ese día.
Pasada la una de la tarde fue a verla nuevamente personal de salud del Cnr. Las compañeras de Carmen pensaban que estaba cursando un accidente cerebrovascular (Acv), por las dificultades que tenía para mover un lado del cuerpo. A las dos de la tarde Lorena confirmó que Carmen sería internada y que estaban esperando el traslado.
La libertad
Ese lunes Carmen ingresó al hospital Maciel. No volvió a salir. Entre el lunes a la tarde y el martes de madrugada estuvo en Emergencias. A la una de la mañana la llevaron derecho para el Cti.
Después de una tomografía pudieron hacer un diagnóstico: tenía tres aneurismas en el cerebro. De ahí venían el dolor de cabeza que le molestaba tanto, la inestabilidad de los últimos tres días, en fin, los síntomas de su enfermedad. La operaron dos veces. Luchó varios días y se murió el jueves 23. Tenía 55 años.
Desde la oficina del comisionado parlamentario están investigando el caso. Tanto Petit como sus colaboradores siguieron todo el proceso de cerca y mantuvieron diversas reuniones con las compañeras de Carmen. Ahora hay que encontrar responsables.
Petit dijo a Brecha que tienen “muchas dudas” con respecto a cómo fue diligenciado el traslado de Carmen, y que hay “muchos testimonios que apuntan a que efectivamente hubo una demora”. “El punto que hay que ver es si hubo una dilación en tramitar el pedido de traslado por parte de la guardia o en la atención médica en la parte de salud.” También puede haber responsabilidad de ambas partes.
El comisionado explicó que, dependiendo de los elementos que logren reunir durante la investigación, pueden “elevar eventualmente esa denuncia a la justicia”. Además del trabajo que realiza el comisionado y su equipo, el hecho está siendo investigado por la propia administración carcelaria, “que también puede dar cuenta a la justicia penal”.
“Hay una denuncia muy fuerte de los familiares y de las internas en cuanto a que Carmen tenía síntomas bastante notorios de que estaba en una situación de emergencia. Nos falta tener todas las campanas para emitir un juicio.”
Los derechos
El sistema penitenciario uruguayo, cuya administración depende del Instituto Nacional de Rehabilitación –dependiente a su vez del Ministerio del Interior–, tiene como obligación “brindar asistencia integral a las personas privadas de libertad, garantizando el acceso a derechos como la atención de salud”. Eso es lo que dice la guía que les dan a las personas privadas de libertad cuando ingresan a la cárcel. “Toda persona privada de libertad tiene derecho a solicitar asistencia sanitaria al servicio médico del establecimiento, el que lo evaluará y podrá recomendar su internación en un hospital en caso necesario”, agrega la guía.
Sin embargo esto no necesariamente se cumple, y no sólo el caso de Carmen lo dejaría en evidencia. Según el diagnóstico epidemiológico “Salud y enfermedad en condiciones de privación de libertad”, publicado en junio de 2016, tres de cada diez mujeres privadas de libertad en el Cnr identificaron barreras para la asistencia “en situaciones de salud que a su criterio requieren atención urgente”.
Los textos que abogan por los derechos de las personas privadas de libertad son varios. El artículo 26 de la Constitución, por ejemplo, plantea que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar”, y en el ar-tículo 21 de la ley 14.470 se ordena que el recluso sea examinado “periódicamente por el servicio sanitario de cada establecimiento y en forma continuada cuando presente lesiones de cualquier clase, así como cuando se sospeche o se observe alguna enfermedad física o mental”.
Uruguay también ha ratificado diversos tratados internacionales en la materia, como el de derechos humanos, y existen fallos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refieren a los deberes del Estado respecto de las personas privadas de libertad. Ya fuimos duramente criticados hace unos años por no cumplirlos.
Lo que queda
El mismo día del fallecimiento de Carmen el clima en la cárcel se puso complicado, porque ella era muy querida y su muerte generó bronca, rabia, dolor y tristeza. Y mucha impotencia; no hay que olvidarla. “Dicen que van a hacer un motín”, me comentó Lorena ese día por celular, con un tono tranquilo. Siente que Carmen dejó su huella entre las compañeras del Cnr.
El abogado de Carmen, Javier Deana, dijo a Brecha que el 1 de junio de este año hubiera cumplido oficialmente la mitad de la pena y que tenían la esperanza de que pudiera salir. Había ingresado a la cárcel en 2014, y desde “el primer día” empezó a trabajar y a estudiar.
Esta semana los ánimos ya se tranquilizaron. En el comedor del ala este Lorena me mostró un búho chiquito de tela que hizo Carmen cuando vivía ahí. Desde su ingreso, hacía poco más de tres años, Carmen participó en el taller que brinda el Sindicato Único de la Aguja –casi que lo inauguró–, y también se dedicó a terminar el liceo. No sólo hacía búhos, también cosía uniformes, cortinas, sábanas. “Hacía todo tipo de manualidades”, cuenta su amiga.
Lo que le queda a Lorena y a las mujeres que están en la cárcel es esperar que la muerte de Carmen no haya sido en vano. Armaron una lista con los reclamos de las mujeres que están en el Cnr para entregarle a Petit y a partir de ahí se comenzará a trabajar para mejorar las cosas.
“Carmen no fue la primera, pero esperemos que sea la última”, comenta Lorena, que escribe canciones y lleva adelante un taller de música en el Cnr. El miedo que tienen ahora, dice, es qué les va a pasar a ellas si precisan atención médica urgente. La historia de Carmen hizo eco en toda la cárcel.
La reclusa murió el 23 de marzo en el Cti del hospital Maciel. Capaz que Carmen de todas maneras hubiera muerto por los aneurismas, capaz que no. Un médico del Maciel cercano al caso dijo que el resultado hubiera sido el mismo, que la única forma de salvarla habría sido actuar el 25 de febrero, cuando empezó a sangrar. “Pero es difícil diagnosticarlo, y más en esas condiciones”, comenta.
Lo que sí queda claro, investigación y final triste aparte, es que Carmen era una persona y se merecía que la trataran como tal. Tuvo que sangrar durante días antes de que le dieran atención, antes de que la sacaran de la cárcel. A Carmen no la escucharon y se terminó muriendo. Es deber del Estado realizar todas las acciones correspondientes para que ella sea la última y que su muerte, aunque sea, sirva para que se respeten como corresponde los derechos de las personas privadas de libertad.
