Intoxicados
Cientos de denuncias y testimonios dibujan el mapa de los pueblos fumigados en Uruguay: la avioneta que no reconoce alambrados, los químicos que llegan al agua potable y los síntomas que se interpretan mal. La aplicación de agrotóxicos aumenta y con ella los efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. La contradicción de modelos queda expuesta y los vecinos y pequeños productores pierden frente a los grandes del agronegocio.
Tania Ferreira/Betania Núñez *
Brecha, 31-3-2017
Luego de que los focos de las cámaras de tevé se apagaran y el paraje La Armonía (Canelones) saltara a una desafortunada fama en las tapas de los diarios, después de que sus cultivos se secaran y unas siete familias perdieran toda o casi toda su producción, los últimos análisis son aún más desalentadores. Esta semana, casi dos meses después de lo sucedido, los vecinos supieron que varios pozos de agua para consumo humano estaban contaminados con agrotóxicos.
Durante años atribuyeron la seca de los cultivos a factores climáticos, la falta de agua o al exceso de ella, pero nunca levantaron la mirada hacia el vecino argentino que planta maíz transgénico a 30 metros. Bebieron el agua de los pozos, comieron sus tomates, morrones y berenjenas, y regaron los invernáculos con agua de la cañada sin saber de la contaminación (véase nota “Agua que no has de beber”).
Después de hacerle creer que estaba loca, que tenía visiones, que su enfermedad era de nacimiento, a Miriam, de Colonia Juncal (Guichón, Paysandú), le dieron la razón. No lo hicieron los médicos de la zona, que viven tan próximos a las plantaciones como sus pacientes y que respiran los mismos agrotóxicos que el resto. Lo comprobó el Ministerio de Salud (MS) en 2016, tres años después de que hiciera la primera denuncia: su salud fue afectada por los herbicidas que se aplicaron en los campos vecinos.
Pero las fumigaciones no cesaron. Una familia de la zona elevó en febrero otra denuncia: “es una cerrazón impresionante, viene el humo, el olor, y se te parte la cabeza en segundos”, cuenta Jorge, que relata que sus síntomas, los de su esposa y su niño van desde cólicos, diarrea y vómitos hasta cefaleas y alergias. En Guichón hay vecinos que denuncian, hay algunos que se cansaron de denunciar, y hay otros, nuevos en la zona, que se informan, porque ya empezaron a sentir los efectos de la fumigación (véase nota “Rodeados”).
Debido a la negligencia del médico sojero Máximo Castilla, obstinado en fumigar a sus vecinos, el caso de Paso Picón (Canelones) es otro de los tristemente mediáticos. A pesar de que la Intendencia de Canelones lo sancionó con una multa millonaria, los vecinos lo han visto fumigando hasta fines del año pasado. Si bien algunos están más enfermos que antes, los pobladores de Paso Picón siguen peleando, cada vez más desanimados, contra las demandas que el médico les inició hace años por difamación. Echando mano a su equipo de abogados, el médico arremete ahora “contra todos” los que se han metido con él, como se lo ha escuchado decir en el pueblo.
Las denuncias
Más allá de los casos difundidos por la prensa, en los últimos años se presentaron cientos de denuncias por mal uso de agrotóxicos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap), al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y al MS. El Mgap es el que recibió la mayor cantidad de denuncias, 589 desde 2011, mientras que en el Mvotma fueron 71 y en el MS 54, según las cifras que obtuvo Brecha mediante pedidos de acceso a la información que realizó a los tres ministerios y repitió en seis intendencias del Interior, con mayor o menor suerte. El Mgap lidera este ranking porque no sólo recibe denuncias de los afectados sino también derivaciones de otras instituciones, ya que es el organismo que tiene capacidad para tomar las muestras y hacer los análisis de laboratorio. En ese ministerio las denuncias se clasifican según el motivo (a una misma denuncia puede asignársele más de uno), y el más repetido es la deriva del producto, que puede ocasionar afectaciones a la salud, al ambiente o a la producción (véase gráfico).
Si se desglosa por departamento, tanto en las estadísticas del MS como en las del Mvotma, los que más denunciaron fueron los canarios, y les siguieron los habitantes de Colonia, San José y Paysandú. La cantidad de denuncias por departamento se asocia, explicaron a Brecha algunos especialistas, a la agresividad de los agrotóxicos empleados (según los tipos de cultivo más extendidos en la zona), a la densidad de población instalada en lugares próximos a las plantaciones y a la existencia de pobladores que se animan a hacer frente al gran productor. En Canelones se conjugan todos estos factores, y ocurre lo mismo pero en menor medida en los departamentos que aparecen primeros en cantidad de denuncias presentadas.En este sentido, es particular el caso de Soriano: es el departamento con mayor producción agrícola y, sin embargo, la cantidad de denuncias es marginal. En Soriano pesa la tradición, pero además la construcción de un discurso promovido desde la Intendencia, fundamentalmente en el período de Guillermo Besozzi, que relegó el lema del escudo departamental, “Aquí nació la patria”, por el eslogan “Departamento fértil”, cuando la Intendencia repartía, a manera de souvenir, una cajita con una semilla de soja, cual germinador.
“Son todos productores. Convivir con el químico es parte de la lógica”, dijo Germán Cavallero, secretario general de la Intendencia de Soriano, consultado sobre la ausencia de denuncias presentadas directamente a la comuna. Si la afirmación resulta un tanto exagerada, sí es cierto que de una u otra forma la mayoría está directa o indirectamente vinculada a la producción, lo que desalienta las denuncias. Sin embargo, hace un año comenzó a gestarse un movimiento de pobladores que están atentos al tema. Alejandro, del grupo Mburucuyá, de Dolores, contó a Brecha que “acá nos criamos entre matayuyos y hoy, todavía, hablar mal del glifosato es como hablar mal de la madre. Están todos vinculados y nadie se anima a denunciar”. Eso explica que en el total de denuncias presentadas desde Soriano ante los ministerios, las realizadas por maestras o directoras de escuelas rurales (independientes del poder económico) tengan un peso importante, aunque tampoco estén libres de presiones. Ejemplo de eso fue la afectación a la salud que sufrieron los niños de la escuela 84 de La Concordia, ya que a una reunión que se hizo para tratar este tema se presentaron tres padres que trabajaban para el productor e intentaron desalentar la presentación de la denuncia. Además, el productor se acercó a la escuela y acusó de psicosis a la directora, luego de que los niños tuvieran náuseas, diarrea y dolores de cabeza y un médico de la policlínica les diagnosticara intoxicación (véase Brecha, 7-X-2010).
Pero tanto en Soriano como en el resto de los departamentos, hay otros factores que desalientan la presentación de denuncias. “Uno se cansa de denunciar. Desde que hacés la denuncia hasta que vienen a tomar las muestras pasan muchos días”, ni que hablar del tiempo que se demora en obtener una respuesta, y cuando llega la comunicación se limita a indicar el agrotóxico detectado, aseguraron varios vecinos. En Guichón, la oficina del Mgap no canaliza las denuncias, y cuando vienen los técnicos, analizan únicamente la situación del denunciante, pero no reparan en los vecinos o en otras situaciones que se podrían detectar: “Muchas veces pasamos por escuelas rurales al lado de plantaciones de soja y paramos, tomamos los datos y hacemos la denuncia. Pero los técnicos del Mgap, que recorren las mismas rutas que nosotros, no lo ven, no actúan de oficio”, planteó Marcelo Fagúndez, del grupo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, en el que muchos afectados sostienen que no poseen los recursos ni el tiempo para dar seguimiento a las denuncias, y que incluso cuando insisten, no obtienen ninguna solución.
Pero más allá de las trabas, el MS informó a Brecha que desde 2011 determinó la afectación de la salud en cinco casos (tres de ellos que incluyen a varios vecinos o trabajadores) y aplicó sanciones contra los productores que fueron desde las 300 a las 1.000 unidades reajustables. Dos fueron en Canelones, uno en Río Negro, uno en Paysandú y uno en Cerro Largo, a partir de denuncias hechas entre 2012 y 2013. El análisis de los casos ha llevado su tiempo, si se tiene en cuenta que la última resolución es de 2016; por lo que las denuncias realizadas desde 2014 todavía podrían arrojar viejas responsabilidades.
El modelo
El desarrollo de la agricultura a gran escala se consolidó en 2003 a partir del boom de la soja, cuando el precio internacional del grano se disparaba y su cultivo para la exportación aseguraba llenar bolsillos, explicó a Brecha el bioquímico y docente de la Facultad de Química Pablo Galeano. “En ese entonces –afirma– empezó un nuevo modelo de negocios, grandes empresas que captaban inversores y arrendaban los campos mientras el precio de la soja se mantenía alto. El objetivo es explotar la tierra todo el tiempo que se pueda mediante el uso de un paquete tecnológico intensivo en insumos químicos, con una lógica que no es la misma que la del pequeño productor que cuida el campo para dejárselo a sus hijos.”
El boom sojero trajo aparejada la utilización masiva de agroquímicos. Hasta 2014 el uso de estos productos creció en una proporción mayor al incremento de la superficie destinada a la agricultura. Su crecimiento alcanzó un punto máximo en 2013, superando los 2,2 millones de hectáreas, cifra que ha descendido gradualmente durante los años posteriores y no alcanzará los 1,7 millones de hectáreas en la zafra 2016/2017, según estimaciones del Mgap. La razón principal es la caída del precio de la soja, que ocupa más de la mitad del área agrícola.
Asociado a este fenómeno, en el año 2000 se registró un volumen de importación de 3.783 toneladas de agroquímicos, cifra que siguió creciendo con pocos retrocesos hasta 2014, cuando se importaron 24.654 toneladas, un récord histórico. El año siguiente fueron 15.107 las toneladas de plaguicidas importadas, y en 2016, 17.461. Galeano estimó que esta caída, además de estar vinculada a la disminución del área destinada a la agricultura, se puede deber a la acumulación de stock en años anteriores o a la especulación respecto a la subida del dólar.
Los herbicidas, destinados a combatir la maleza, son los que representan el mayor volumen de las importaciones, en comparación con los plaguicidas que atacan insectos (insecticidas) y hongos (fungicidas). Entre los herbicidas, el glifosato es el que más se utiliza: el año pasado se importaron más de 11 mil toneladas de este producto, y en 2014 encima de 14 mil. “Empieza a haber plantas que antes mataba el glifosato y ahora no. Es como con los antibióticos”, explica el bioquímico, y por este motivo el glifosato es mezclado cada vez más con otros tóxicos, como el 2,4-D, de pésima fama por haber sido uno de los compuestos del agente naranja utilizado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Hoy, luego del glifosato, es el producto que más se importa.
“El Estado es permisivo, y después terminamos peleándonos entre los pobladores. Los productos están a la mano, y la gente va y los aplica”, planteó a Brecha Carlos Urruty, apicultor, docente y guía de circuitos de naturaleza de Guichón. “Este año, como hubo problema para vender la miel en Europa porque aparentemente aparecieron rastros de glifosato, nos mandaron un mail desde el Mgap pidiendo que por favor extremáramos los cuidados, que no vayamos a poner glifosato cerca de las colmenas como matayuyos. Es vergonzoso lo que nos planteaban, porque acá nosotros nadamos en glifosato, estamos rodeados de soja, de sorgo, de trigo”, contó Urruty. “Lo que queremos es otro modelo, por lo menos en algunas zonas”, sostuvo Marcelo Fagúndez, con los ojos puestos en el debate canario.
En Canelones el ejemplo de La Armonía dejó en evidencia la fuerte contradicción de modelos productivos en un mismo territorio. “Un plan de desarrollo rural pertinente y apropiado para el departamento debe reconocer que el modo de producción prioritario es el familiar, es el modo de producción que asegura la soberanía alimentaria, es el único que no oscila y no tiene la fugacidad ni la volatilidad que tiene el capital”, dijo a Brecha Matías Carámbula, director de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones. Esa particularidad de departamento proveedor de alimentos es algo a defender ante el avance del agronegocio, señalaron desde el gobierno canario, que en estas fechas se apresta a discutir un nuevo plan de ordenamiento territorial.
El Mvotma parece ir en la misma línea, una cartera que impulsa la producción agroecológica y ve con buenos ojos que algunos cultivos sean restringidos a determinadas zonas, y que además pretende incluir un componente ambiental y de salud que analice cada plaguicida antes de que sea habilitado para su uso agrícola.
Pero se necesita mucha voluntad política para contradecir la tendencia nacional de país agroexportador (Mujica, años atrás, decía: “La soja merece un monumento porque es una planta sagrada que nos trajo rentabilidad”), los lineamientos a nivel nacional, empezando por el propio Mgap y su idea de “país productivo”, y los intereses de los grandes productores.
Hasta que no se logre una revisión del ordenamiento territorial pero a nivel nacional, las contradicciones entre modelos productivos y los conflictos entre pobladores continuarán.
* Colaboración en la producción periodística de Mariana Abreu.
La responsabilidad de las empresas aplicadoras
Empuñando el volante
En la película argentina Desierto verde, (1) el piloto del avión fumigador espera junto a los empresarios sojeros que el magistrado dicte sentencia en un juicio sin precedentes. Los vecinos de Ituzaingó Anexo, en Córdoba, cuyas casas están linderas a un campo de soja, están muriendo de cáncer envenenados por los pesticidas. En un fallo histórico, el juez decide duras penas para el empresario y, en un detalle que tal vez pase desapercibido, absuelve completamente al piloto del avión fumigador por entender que sólo siguió órdenes. La pregunta que deja abierta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del aplicador?
Un ejemplo local. En la zona de La Armonía (véase nota “Agua que no has de beber”) los propios vecinos cuentan que fueron aconsejados por ingenieros agrónomos del Mgap y la recomendación fue clara: la millonaria demanda económica que están organizando por las pérdidas de sus cultivos debe ir contra la empresa aplicadora y no contra la sociedad anónima argentina dueña de los campos. “Para mí es al revés, vamos a demandar a los dueños de los campos y los cultivos. La indicación equivocada (una dosis de picloram ocho veces más de la permitida) la firmó el ingeniero agrónomo de la empresa. Ellos son los responsables”, opinó Eduardo Casanova, uno de los productores afectados.
Según el último registro de empresas habilitadas por el Mgap (de octubre de 2016), en Uruguay hay 49 aplicadoras aéreas (avionetas fumigadoras) y 803 terrestres (mosquitos y camiones fumigadores). “Las terrestres son muchas más y hay menos control sobre ellas, muchas veces son los propios dueños de los campos que fumigan. Sobre nosotros hay más control porque somos menos, todos los pilotos estamos registrados y tenemos licencia”, opinó Gustavo Matiaude, secretario de la Asociación de Pilotos Aeroaplicadores de Uruguay (Apau). Matiaude, quien dice salir a fumigar con su hija en la cabina de la avioneta, defiende la labor de sus colegas pilotos (“somos los encargados de cuidar la comida de todo un país”), y sostiene que hay demasiada “sensibilidad” de la población con respecto al tema: “Siempre somos los que aparecemos en la foto aunque no tengamos nada que ver”. De hecho, “vamos a empezar a defendernos como asociación contra las denuncias sin fundamentos”, y a demandar a los vecinos “que opinan sin saber”, que “son siempre los mismos, son los que denuncian sólo porque pasó volando una avioneta”.
La fumigación área cubre mayor superficie en menor tiempo cuando los calendarios de producción aprietan, sostienen los pilotos, pero justamente esa “ventaja de optimizar tiempos” es la que trae consigo los casos de mala praxis: “un día van a un campo, después al de al lado… Si el día pautado hay viento, aplican igual el producto, porque si no se atrasan”, advierte el bioquímico Pablo Galeano, en relación con la deriva de los productos hacia tierras aledañas.
Los mosqueteros
Otros, sobre todo ex fumigadores, son bastante críticos en cuanto a la responsabilidad que les cabe a los dueños de las aplicadoras, señalan el riesgo de salud al que están directamente expuestos los trabajadores y apuntan en dirección a los productores, que les exigen pasar por alto su formación en buenas prácticas, en pos de lograr una aplicación más agresiva, “por si las moscas”. Sistemas de seguridad que se deshabilitan para evitar molestias durante el vuelo y terminan con pérdidas de producto sobre los pueblos, los animales, los cauces de agua. Aplicaciones que cruzan alambrados y entran en el campo del vecino. Y fumigaciones en horarios y condiciones climáticas no recomendadas son sólo algunas de las prácticas que relatan.
“Los mosquiteros (conductores de mosquitos) lavan las máquinas o cargan agua con la motobomba directamente de la cañada, a veces se le zafa la retención del mosquito y toda el agua con el producto vuelve a la cañada… Hace poco a uno le pasó, se le aflojó la válvula del camión y volvió el producto para atrás, y fue instantáneo: subieron todos los peces muertos”, cuenta un vecino de Guichón, que presenció el siniestro.
Nota
1) Ulises de la Orden, 2013
El caso de Guichón y la afectación a la salud
Rodeados
Por el camino que desemboca en la casa de Miriam, en Colonia Juncal, está la escuela agraria y hay varias viviendas, pero lo que predomina es la plantación de transgénicos: de un lado soja, del otro maíz. Los dueños de los campos son, en general, reconocidos pobladores de la zona, como el político colorado David Helguera, pero los predios están arrendados a dos argentinos, José Borgo y Horacio del Campo, que extienden sus plantaciones hasta el borde del alambrado.
Desde hace años Miriam lucha por preservar su salud y mantener su trabajo. Es apicultora y sus abejas manifestaron síntomas antes de que ella los percibiera en su propio cuerpo. En el año 2000, con el avance de la soja y la forestación y sus indisociables fumigaciones, el rendimiento de su empresa apícola empezó a mermar. En 2013, luego de varios achiques y de conseguir trabajo en Montevideo, definió cerrarla definitivamente. “Vine para hacer todos los trámites del cierre de la empresa y esa noche tenía una reunión con otros apicultores. Cuando me vinieron a buscar sentí el olor, y me demoré para ir a tapar a los pollitos, las gallinas y los conejos. El compañero que me había venido a buscar abrió apenitas la ventanilla de la camioneta y me apuró, diciendo que nos íbamos a intoxicar.” Ya en la reunión, a Miriam le empezó a faltar el aire. “Pedí que me llevaran a la emergencia. Cuando llegué tenía 23 de presión arterial, me pusieron oxígeno, y perdí la noción del tiempo, pero no me recetaron más que un antialérgico, el mismo que le daba a mis hijos cuando eran chicos. Entonces me di cuenta de que tenía que hacer la denuncia. Fui a buscar a Marcelo (Fagúndez, referente del grupo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales), que me ayudó a escribirla.”
Las muestras de su terreno dieron positivo a los herbicidas 2,4-D y glifosato, pero fue tres años después, en 2016, que el Ministerio de Salud (MS) comprobó la afectación de su salud. “Ahora tengo dolores musculares, articulares y óseos, pero sé que la degeneración no se detiene, sigue avanzando. ¿Qué pasa con las personas que quedan enfermas, sin trabajo y a la deriva? Los ministerios cobran una multa, pero el afectado queda desamparado.”De hecho, que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) y el MS hayan resuelto aplicar sanciones al productor (todavía pasibles de apelación) no impidió que los agrotóxicos llegaran nuevamente hasta su casa en diciembre del año pasado, esta vez en forma de glifosato y atrazina (este último prohibido unos días antes por el Mgap), tal como se comprobó luego de plantear una nueva denuncia. En estos años Miriam contrató a varios abogados, recorrió las oficinas públicas y pagó pasajes y estadías para poder denunciar.No es la única, porque aunque haya quienes callan por temor a las represalias, en Guichón hay un movimiento de vecinos que desde hace años trabaja el tema, denuncia, debate, propone. En 2009 denunciaron la muerte de 49 terneros y dos vacas luego de que un avión rociara al ganado de los productores de la zona con el herbicida endosulfán. Desde 2012 denuncian sistemáticamente las fumigaciones próximas a las escuelas rurales, la quema y el desecho ilegal de envases de agrotóxicos, la afectación de la salud de los pobladores. En 2013 hicieron un relevamiento luego de que 23 mujeres perdieran sus embarazos (de ocho semanas hasta embarazos a término) en el lapso de tres meses.
Con paciencia, Marcelo repite en compañía de los periodistas de Brecha un recorrido que ya es rutina: visita las casas de los vecinos, releva testimonios y habla sobre un plan local de ordenamiento territorial que impulsan y que implicaría contar con una “zona de protección ambiental y turístico termal”.
En el camino, Nelson cuenta que luego de una fumigación consultó a una doctora vecina, que confundió sus síntomas con los de una hepatitis, y que desde ese momento va lo menos posible a su casa de Colonia Juncal. Jorge señala las plantaciones que lo rodean y describe la afectación que padece su familia, da cuenta de la denuncia que presentó y los meses que va a demorar en conocer los resultados de las muestras, aunque asegura que ya sabe lo que van a arrojar: las fumigaciones fueron con 2,4-D, y “el olor llegaba limpito” a su casa. Ana y Gustavo, nuevos en el barrio, relatan que al poco tiempo de mudarse apreció el sorgo, y más tarde su sucesora la soja, a tan sólo diez metros de la ventana de la cocina. Le pidieron “al argentino”, el día que “llegó en su cuatro por cuatro”, que les avisara antes de fumigar, que ellos preferían irse del lugar cada vez que se aplicaran agrotóxicos, pero ahora no sólo no les avisan sino que realizan las aplicaciones de madrugada: cuando el olor irrumpe en sus sueños, Ana y Gustavo juntan sus cosas, resguardan a sus animales y se van.
Otra Ana, en este caso del barrio Mevir 1, donde está alojado el silo de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), cuenta que no fueron una, ni dos, ni tres las veces que se intoxicó. “Yo cosecho hierbas medicinales en el monte, y ese día, hace unos meses, sentí un ruido y miré para arriba. Era una avioneta que pasaba, y debajo de ella caía una llovizna que me quemó los ojos. Ahora tengo un problema en los lagrimales, y el oculista me dice que estoy muy afectada, que me tienen que ver en Montevideo. Estoy con gotas y antibióticos, y estoy empeorando. Yo ya estoy lisiada con esto, cada vez que fumigan me vienen náuseas, me queda la cara quemada, me enciendo. Miriam me dijo que haga la denuncia, pero qué voy a ir, si la última vez demoraron un año en venir. Yo no quiero pasar por eso de nuevo, estar esperando, atrasándome en mi trabajo, para que al año vengan a preguntarme cómo fue y que no te solucionen nada.”
Guichón está rodeado de soja y eucaliptos. Las recurrentes denuncias de los pobladores lograron disminuir las aplicaciones aéreas de agrotóxicos y confinar la mayor parte de las plantaciones a las afueras de la ciudad, pero directa o indirectamente los vecinos de Guichón siguen siendo fumigados: las dos potabilizadoras de agua, de donde se obtiene la que toman los vecinos de toda la zona, son a cielo abierto y están a pocos metros de las plantaciones; Copagran y su silo están en medio de la ciudad y las aplicaciones sobre los granos se dispersan y llegan hasta las casas de los vecinos y el Caif. Frente a la burocracia y la desidia del Estado, en Guichón se repite la idea de que la producción pesa más que la salud de la gente.
