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Una red corrupta de funcionarios públicos en Colombia facilitó y se benefició de la tala ilegal en uno de los bosques nativos más ricos del país: el del Parque Nacional Yariguíes. La Fiscalía investigó y enjuició, pero los peces gordos quedaron libres. Según un estudio de InSight Crime, las redes de tráfico de madera ilegal siguen operando.
En Santander, en la zona norte central de Colombia, desde hace décadas se talan y venden «cantidades incalculables» de madera de forma ilegal, advierten los investigadores especializados en crimen de InSight Crime.
La tala es tan grande y constante, «que algunos científicos afirman que la erosión de la cubierta forestal está causando escasez de agua en algunas zonas del departamento», aseguran.
El departamento cuenta con tres millones de hectáreas de tierra —de las cuales 800.000 son bosques nativos—, y leyes y organismos para administrar las reservas naturales. Una de ellas está en las montañas del Parque Nacional Yariguíes, donde hay 59.063 hectáreas de árboles.
En 2013 un funcionario del Parque —una reserva natural de casi 800 kilómetros cuadrados ubicada en la Cordillera Oriental en la Región Andina del país—, alertó a la Fiscalía General de talas ilegales.
Había colonos que estaban deforestando áreas para plantar coca, la materia prima utilizada para elaborar cocaína, y que los madereros estaban cosechando y vendiendo la madera de manera ilegal.
La fiscalía regional comenzó a investigar, pero no tenía experiencia en enjuiciamiento de delitos ambientales. A mediados de 2013, capturaron a 15 personas que traficaban madera de Yariguíes, principalmente con destino a Barranquilla (norte), Bucaramanga (noreste) y Bogotá. Calcularon que diariamente se talaban unos 80 árboles al día, y salían al menos unos tres camiones repletos de madera.
Los fiscales también identificaron una red que incluía cosechadores de madera, transportadores y autoridades reguladoras. Al parecer, transportaban la madera de dos maneras:
Usando licencias obtenidas legalmente que eran recicladasMediante licencias falsas emitidas con el fin expreso de blanquear madera de origen ilegal
Según los fiscales, todas estas licencias y permisos fueron proporcionados por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), uno de los organismos encargados de regular la extracción de madera.
Pese a los hallazgos, las autoridades estaban concentrando esfuerzos por separado en lugares equivocados. Los fiscales pronto se dieron cuenta de que los criminales habían montado una red que incluía los tres métodos:
La tala ilegal y transporte ilegal de la madera.La expedición ilegal de permisos de tala.
La posible corrupción al interior de entidades gubernamentales que no estaban judicializando este delito cuando lo descubrían.Los fiscales también se enteraron poco después de que un intermediario de la región servía como el vínculo para que los empresarios de otros lugares obtuvieran la madera, transfiriéndola y legalizándola antes de que llegara a sus manos.
«Este tipo de intermediarios son esenciales en el comercio de tráfico de madera, pues establecen conexiones entre los cosechadores y los mayoristas, entre los que se encuentran aserraderos y procesadores secundarios. Financian las cosechas y suelen dirigir empresas de transporte. Además, obtienen los documentos necesarios para eludir a las autoridades reguladoras y a la Policía», explican los expertos de InSight Crime.
El intermediario en el caso Yariguíes tenía un contacto al interior de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), uno de los principales organismos reguladores del país que tiene la misión de garantizar proyectos económicos ambientalmente sustentables. Los funcionarios de la CAS aceleraban los permisos de transporte falsos, mientras que el intermediario se encargaba de trabajar con la Policía de carreteras para asegurar el paso.
Los fiscales descubrieron que «los sobornos que se les pagaban a los agentes dependían del tamaño de los camiones, así como del volumen y las especies de madera transportada».
Entre los contactos de la red también había otros sectores del Gobierno. Después de que se filtró que se estaba adelantando una investigación oficial, la red criminal comenzó a enviar los cargamentos de noche, cuenta InSight Crime.
Además, los fiscales descubrieron que la madera circulaba no solo con permisos falsos de la CAS, sino además con permisos de transporte falsos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que regula las plantaciones de madera comercial.
Pero eso no fue todo. Los investigadores descubrieron que, mediante un grupo de policías corruptos, los traficantes sobornaron a un asistente de la Fiscalía que se dedicaba a encontrar «lagunas en los procedimientos», que obligaban a las autoridades a devolver los camiones y la carga incautada.
En octubre de 2014, después de casi dos años de investigaciones, la Fiscalía General detuvo a 55 personas, entre ellas al intermediario, un grupo de policías, dos funcionarios de la CAS y varios transportistas, acusándolos de tráfico ilegal de madera, tráfico de especies en peligro de extinción o especies endémicas de Colombia, conspiración y delitos relacionados con corrupción.
Sin embargo, los especialistas de InSight Crime advierten que «la mayor parte de los rangos superiores de estas redes, así como las empresas que promueven la cosecha ilegal de madera, nunca son enjuiciados».
Además de que trabajan con intermediarios, las empresas «se cuidan de mantenerse alejadas del comercio, y de esta manera pueden negar las acusaciones cuando se descubre la procedencia ilegal de la madera». «Los depredadores de madera no tienen nada que envidiar a los grupos criminales más sanguinarios», concluye la investigación.
