Por Jorge Lavandero
Después de la chilenización del cobre, promovida por el presidente Eduardo Frei Montalba y la Nacionalización visionaria del Presidente Salvador Allende, surge la primera arremetida en plena dictadura, por el representante de dichos grupos, el ministro de triste memoria ingeniero y empresario, Fernando Léniz, afortunadamente fue rechazada con mucha fuerza por el presidente de la Junta, el almirante José Toribio Merino, quien señaló en la ocasión: ”Los militares no privatizaremos lo que el pueblo aprobó por unanimidad, si otros gobiernos lo hacen, ellos deberán darle cuentas al pueblo de Chile”.
El segundo ataque fue a fines de la dictadura, cuando de contrabando se introdujo, “la concesión plena” en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (21/01/1982), jurídicamente inteligible, pero que confundía la propiedad minera con la propiedad civil, con consecuencias desastrosas para el rol patrimonial del Estado. Esto significó que el presidente de Patria y Libertad, Pablo H. Rodríguez, abogado constitucionalista y asesor de Pinochet, abandonase públicamente su asesoría a la Junta de Gobierno, señalando que esa disposición era inconstitucional, en relación con el artículo 19 N°24 de la Constitución. Consecuencia inmediata de esta declaración fue la renuencia de las empresas transnacionales del cobre a invertir en ese momento en Chile.
El tercer ataque se perpetró con el acceso al poder de la Concertación, con el tristemente célebre Presidente Patricio Aylwin quien en connivencia con Gabriel Valdés y Ricardo Lagos dieron plenas garantías al departamento de Estado de EEUU que se aplicaría la doctrina de la ‘Concesión plena’, a sabiendas que esa institución transgredía abiertamente el N° 24 del Art. 19 de la Constitución política del Estado pues el concesionario accedía a todos los beneficios (uso, goce y disposición) como si fuera un verdadero propietario del yacimiento minero, cuando la institución de la concesión no otorga sino un derecho personal sobre la explotación como en el caso del arrendamiento.
De esta manera, en diez años, las empresas multinacionales controlaron el 72% de las exportaciones de cobre, dejándonos con un residuo de 28%. Se revirtió así el propósito proclamado por el Presidente Allende el 11 de Julio de 1971 de nacionalizar el cobre. Desde 1990, con los gobiernos de la Concertación y la Alianza hemos sido testigos del saqueo del cobre pues nunca se han pagado los debidos impuestos, tampoco el royalty por extraer un recurso no renovable. Esta traición al programa con que la Concertación accedió al gobierno, fue el primer paso para establecer en democracia el modelo neoliberal y el resto de la legislación que permitió establecer una economía de mercado sin consideración a la función del Estado.
Es a tal punto el saqueo, que Codelco, con menos del 30% de las exportaciones del cobre ha entregado al país, más de dos veces, que lo que le entregan, quienes venden el 70% restante. Así de claro y simple, con el agravante que son los compradores (importadores) quienes fijan el precio de la exportación de cobre. A pesar de su mala gestión los nuevos gerentes de Codelco, antiguos ejecutivos de las transnacionales operando en los yacimientos de cobre en Chile, no han logrado reducir el aporte de Codelco al estado, que suma más del doble de lo que le aportan las compañías extranjeras al país.
El cuarto ataque que está recibiendo nuestra principal riqueza proviene de la declaración de la UDI que declaró la necesidad de privatizar Codelco, con esto la UDI se sitúa a la derecha de la dictadura, incluso en contra de la firme declaración del Almirante José Toribio Merino y de la propia declaración del abogado constitucionalista Pablo Rodríguez, presidente de “Patria y Libertad”.
Todo esto tiene un contexto. El Canal 13 fue testigo de declaración de la UDI, Canal de propiedad del empresario Andrónico Luksic Craig, quien además es propietario de la mina “Los Pelambres” CCU y filiales y del Banco de Chile. Ahora bien, el grupo Luksic se ha financiado con un préstamo del BancoEstado de 600 millones de dólares y mediante el dinero de las AFP, que compraron 5000 millones de dólares de deuda al Banco de Chile, CCU y filiales del Grupo Luksic.
Precisemos que en estas operaciones de gestión de influencias jugó un papel central el socialista presidente del BancoEstado, Jaime Estévez. Tampoco podemos olvidar el papel de las AFP que han servido de intermediarios financieros de los grandes grupos económicos de Chile y el extranjero con el ahorro forzoso de los trabajadores de Chile. El aporte de las AFP a 15 grupos económicos en los últimos años ha sido de 45 mil millones de dólares.
En una época de grandes instancias constitucionales el pueblo debe conocer la connivencia entre el poder económico y el político y de qué manera su Soberanía sobre sus recursos naturales está en juego. «Uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada».(Angela Merkel, febrero 2020)Estas ‘privatizaciones’ tienen historia. Recordemos al inefable José de Gregorio Rebeco, demócrata cristiano ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía, Minería y Energía de Ricardo Lagos quien públicamente recomendó como política pública la necesidad de privatizar Codelco, en un foro conmigo en la CUT.
Tampoco podemos olvidar la actitud ambigua del Partido Socialista que apoyó el Tratado de integración minera Chile-Argentina, bajo el cual más de un tercio del territorio nacional quedaba bajo la jurisdicción de las transnacionales.Existe conciencia y consenso en la ciudadanía del despojo que se ha cometido con los recursos naturales de Chile en actos que no vacilo en calificar de terrorismo económico. Hoy la UDI partido de gobierno lleva la voz cantante pero no podemos olvidar el papel de los partidos de la Concertación que traicionaron el legado del Presidente Allende y del propio Frei Montalba.
Es el momento histórico para que el Pueblo de Chile exprese su voluntad de cambio en las próximas convocatorias constitucionales.
CIUDADANO TIENES LA PALABRA
