Imagen: Enrique Correa y Edgardo Boeninger
EL CLARÍN DE CHILE
El máximo ideólogo de la Concertación, Edgardo Boeninger, hizo en 1997 un crudo reconocimiento de que el liderazgo de la Concertación se viró completamente a la derecha a fines de la década del 80. Y que, por razones políticas, dicho viraje “no pudo” ser reconocido públicamente. Efectivamente él lo hizo varios años después (¡era en cierta medida “su obra”!), pero en un libro (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad) que por su magnitud y densidad no alcanzaría al gran público. Y, además, el liderazgo de la Concertación ¡se ha cuidado muy bien de no divulgarlo hasta nuestros días! Aquí se presentan extractos centrales de su libro en el que se relata dicho proceso de derechización.
“Hemos relatado una compleja trama en la que destacan nítidamente dos procesos paralelos que no vinieron a encontrarse (sic) sino en los años postreros del período autoritario: la formación paulatina y la consolidación posterior de una oposición transformada finalmente en coalición política, y la institucionalización y desarrollo del proyecto político y económico del régimen militar. Tomados en conjunto, terminaron por configurar el dramático, espectacular y por muy pocos esperado fenómeno de la reconstrucción de los consensos básicos.
Hemos definido el primero de estos procesos como de construcción de consensos entre la Democracia Cristiana y el socialismo (también el radicalismo socialdemócrata), vale decir de mundos políticos y culturales representativos de cerca de un sesenta por ciento de la opinión nacional. Como vimos, tardó en dar sus primeros pasos, para adquirir cierto ritmo a partir de 1978 (Grupo de Estudios Constitucionales) y acelerarse después de la crisis económica que sacudió el régimen en 1982-1984 (Alianza Democrática). Su primer fruto sustantivo fue el compromiso sin reservas con la democracia convencional, sin apellidos, la misma que Chile había por largo tiempo practicado como régimen político de valor superior, reconocido como conquista de la humanidad. De este modo se impulsó el restablecimiento de las confianzas personales y políticas entre estos ‘enemigos’ de ayer, condición necesaria para revertir la polarización ideológica de la década del 60. En ese mismo período se fue produciendo, de modo más incipiente y con mayor lentitud, un primer avance hacia un consenso en relación a la economía, al descartarse tanto el proyecto socialista de planificación central y estatización de los medios de producción, como el comunitarismo o socialismo comunitario como opciones de un orden económico para Chile.
Esta convergencia parcial en relación al orden económico, situada a nivel de principios generales, del concepto de economía mixta con aceptación de un rol significativo para la empresa privada y el mercado, fue suficiente, sin embargo, para sustentar en ese plano a las primeras expresiones orgánicas de convergencia política opositora, la Alianza Democrática. Aún más, este avance, aunque modesto en apariencia, facilitó o al menos no fue obstáculo para la instancia fundacional de reconstrucción de los consensos básicos a nivel nacional, el Acuerdo Nacional de 1985, el que, mirado en retrospectiva, sumó lo que hoy constituye la Concertación y el sector liberal conductor de Renovación Nacional.
La plataforma económica de la Concertación por el NO y, con mayor profundidad y precisión, el programa de la candidatura Aylwin, fueron los siguientes hitos en la gestación de acuerdos económicos nacionales. Las propuestas del programa comprometieron un marco para el orden económico que, sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresariado y de la clase media propietaria, condición necesaria para sostener, en democracia, el crecimiento sostenido de la economía logrado a partir de 1985. De este modo indirecto, el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer. En este proceso de convergencia económica tuvo significación el acercamiento que se fue produciendo entre los economistas profesionales. En un primer momento fueron los economistas democratacristianos los que, en contraste con las décadas del 60 y 70, pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos teóricos con los economistas liberales. Contribuyó a ello, sin duda, la cada vez más frecuente formación común en universidades norteamericanas de las que habían ido desapareciendo los enclaves anticapitalistas tipo Paul Baran y Paul Sweezy, para dar paso a una clara hegemonía cultural de la economía de mercado y las ideas más liberales.
La inserción de una gran mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo a los teóricos de ideología socialista, a medida que el exilio hizo a muchos conocer y valorar las prácticas capitalistas de Europa Occidental, en tanto que otros se desilusionaron en el contacto directo con la mediocre realidad de la economía estatizada y las limitaciones de la planificación centralizada. Las nuevas generaciones de economistas de izquierda tuvieron también acceso a universidades europeas y norteamericanas.
Por último, cuando a la comprobación del éxito de las economías occidentales se sumó una mejor comprensión del espectacular progreso de las naciones subdesarrolladas del Sudeste Asiático (y además, a partir de 1986 el propio Chile entró en una fase de crecimiento sostenido de ritmo hasta entonces desconocido en el país), se fue desvaneciendo el mito de que las opciones económicas capitalistas prevalecientes en los países industrializados no resultaban aplicables al mundo subdesarrollado dependiente.
Fue así como en 1988-1989 dio frutos la siembra iniciada en los diálogos del CED[1] del período 1983-1986. De todos modos, el consenso a que aludimos se situaba aún al nivel de conceptos generales. De todos modos, los avances producidos fueron suficientes para generar de cara a las elecciones de 1989 un consenso nacional básico en torno al orden económico, relativizado por un mar de dudas, recelos y desconfianzas.
La incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular; limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes.
En relación al orden social, el fin de la fase de movilización social, marcado por el fracaso del intento populista de la ‘Demanda de Chile’ formulada por la Asamblea de la Civilidad, radicó definitivamente en los partidos la conducción de la oposición. Las organizaciones sociales reconocieron la primacía de lo político, pasando a apoyar la nueva estrategia político-electoral de naturaleza eminentemente conciliadora en el plano social. Excluido el Partido Comunista de la conducción sindical, los máximos dirigentes sociales, con marcado predominio democratacristiano (En especial el liderazgo carismático del DC Manuel Bustos, presidente de la CUT), abandonaron toda retórica confrontacional e hicieron suyo el llamado a la concertación social, pieza clave del programa de la Concertación en el plano de las relaciones laborales. (…)
El período de conflicto social agudo generado por la polarización política, con afirmación agresiva de la lucha de clases, dio así paso, 20 años después, en el nuevo contexto político de convergencia ideológica, al anhelo compartido de lograr una convivencia social armónica, de mutuo respeto entre clases. De este modo, se crearon condiciones para restablecer también el consenso básico en relación al orden social. (…)
Los avances descritos en los campos económico y social facilitaron, a su vez, la negociación política, que culminó con las reformas constitucionales pactadas de 1989, que dieron nacimiento a un nuevo consenso básico nacional en relación al orden político. A contar de ese momento, la Concertación aceptó explícitamente la Constitución del 80 así modificada, lo que desde otro punto de vista representó un encuentro mínimo suficiente entre el proyecto político del régimen militar y la propuesta democrática de la Concertación, despojados ambos de sus aristas más radicales. Aun los sectores más duros del régimen militar percibían con total claridad que una vez perdido el plebiscito, el restablecimiento democrático se había tornado inevitable. Se trataba, en consecuencia, de retener las mayores cuotas posibles de poder, especialmente en cuanto a la autonomía e influencia de las Fuerzas Armadas, requeridas para impedir o contener todo intento punitivo en materia de derechos humanos o de cambio drástico en el campo económico. Por su parte, la Concertación optó por moderar muy significativamente sus demandas políticas, precisamente en aras del consenso y la gobernabilidad. (…)
Se había producido así, en 1989, un restablecimiento suficiente de los consensos básicos en relación al orden político, al orden económico y al orden social, así como una capacidad de negociación y de generación de acuerdos para sustentar la transición y hacer posible la consolidación de la democracia a partir de 1990.
El proceso descrito se sustentó en un hecho fundamental, condición necesaria para una democracia estable: me refiero a la convergencia ideológica producida en el país, tanto en lo que respecta al compromiso político con la democracia como en relación al establecimiento de una economía de mercado con predominio de la empresa privada como base del orden económico” (Editorial Andrés Bello; pp. 367-71).
[1] Centro de Estudios del Desarrollo, fundado y dirigido por el propio Edgardo Boeninger.
