Alberto Acosta *
Brecha, Montevideo, 17-2-2017
Antes de cumplir una década en funciones, el presidente Rafael Correa completó el ciclo. Dio la vuelta completa. Empezó poniendo su brújula en dirección contraria a la entonces dominante. Sus primeros pasos, en consonancia con su discurso, fueron posneoliberales. Pero en el camino cambió de orientación.
Antes de cumplir una década en funciones, el presidente Rafael Correa completó el ciclo. Dio la vuelta completa. Empezó poniendo su brújula en dirección contraria a la entonces dominante. Sus primeros pasos, en consonancia con su discurso, fueron posneoliberales. Pero en el camino cambió de orientación. Poco a poco borró sus orígenes “progresistas” –no confundir simplonamente con socialistas–. Paulatinamente sus acciones se sintonizaron con propuestas al más puro estilo fondomonetarista. Y ahora se identifica con visiones y prácticas neoliberales, como consecuencia de la suscripción de un acuerdo multipartes con la Unión Europea: ni más ni menos que un tratado de libre comercio.
Recordemos brevemente los inicios de la gestión del gobierno de Correa. En línea con el plan de gobierno de Alianza País 2007-2011, elaborado en 2006, Correa se empeñó en terminar con la “sumisión” de Ecuador a organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se cerró la puerta a las privatizaciones. Aceptando una idea surgida desde la sociedad civil se auditó la deuda pública, con resultados que ayudaron a reducir sustancialmente su servicio y trasparentar su manejo en los 30 años precedentes. Con la Iniciativa Yasuní-Itt, surgida mucho tiempo atrás también desde la sociedad civil, se propuso transitar hacia una economía no petrolera; es decir empezar a transformar la matriz productiva y alejarse de la lógica de una economía primario-exportadora. Inclusive se construyó una posición interesante para participar en las negociaciones comerciales con la Unión Europea, sin aceptar la lógica de un tratado de libre comercio.
En la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde se tramitó gran parte del proceso propuesto en 2006, también se consiguieron logros importantes, como impedir la neoliberal flexibilización laboral; desmontar el baratillo de concesiones mineras; fortalecer la función del Estado en la economía. Algo se avanzó en este último tema.
Sin embargo, los diez años de gestión acabaron con el esquema de gobierno planteado inicialmente. Correa simplemente devino en el conductor de un proceso que empezó alejándose del neoliberalismo para, luego de un largo y confuso recorrido, retornar al punto de partida, usando para ello la fortaleza del propio Estado construida en esta década. Por eso quizás hoy podríamos decir que vivimos una suerte de “neoliberalismo transgénico”: un neoliberalismo híbrido que, sin desmantelar el Estado (e incluso con su ayuda), busca reanimar la acumulación capitalista con políticas neoliberales duras, readecuadas a las actuales circunstancias.
Es más, Correa, ya transformado desde hace años en el caudillo del siglo XXI, lidera una “restauración conservadora” que golpea a los propios grupos sociales que en un inicio lo ayudaron a llegar al poder. Todo esto sin desactivar su discurso “progresista”…
Extractivista
Este presidente cumplió uno de los sueños neoliberales no alcanzados por gobiernos anteriores: imponer la minería a gran escala. Y lo ha hecho, como cualquier gobierno neoliberal, desplegando diversas violencias que se traducen en persecución, criminalización e incluso asesinato de los dirigentes antimineros.
Correa pudo hacer historia liderando la Iniciativa Yasuní-Itt. Pero no. Tal iniciativa le quedó tan grande que terminó cediendo a las presiones de las petroleras y autorizó la explotación de crudo en el Itt. También consintió ampliar la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonia, en contra del compromiso adquirido por Alianza País en 2006, destinado a impulsar una moratoria petrolera.
Este gobernante apoya los monocultivos y los agrocombustibles, algo completamente opuesto a una estrategia sustentada en la soberanía alimentaria. Incluso rechazó las demandas campesinas e indígenas de reforma agraria, irrespetando el mandato constitucional. Además permite que en Ecuador ingresen semillas y se realicen cultivos transgénicos –prohibidos en la Constitución–. Así, cediendo a las presiones del Tlc con la Unión Europea, impulsa la aprobación de una ley de semillas que beneficiaría los intereses de quienes controlan los transgénicos, la ya conocida “ley Monsanto”.
Fondomonetarista
Antes de que cayeran los precios del petróleo, en 2014, Correa regresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Requería el beneplácito del Fondo para colocar bonos en el mercado financiero internacional. Y desde entonces se endeuda aceleradamente bajo condiciones cada vez más onerosas: elevadas tasas de interés y plazos cortos, incluyendo la entrega del oro de la reserva a Goldman Sachs. En vez de ser un líder “antisistema”, Correa deberá pasar a la historia como el gobernante que más deuda pública ha contratado, y sin transparencia. También se le recordará como uno de los facilitadores para que sobre todo el imperialismo chino se imponga con fuerza.
Privatizador
En su haber registra la entrega de campos petroleros maduros a empresas extranjeras (campo Auca a Schlumberger, campo Sacha a Halliburton), algo que Correa, en 2005, llamaba “traición a la Patria”. También podríamos anotar la concesión por medio siglo –sin licitación– del puerto de Posorja a una empresa de Dubai, y Puerto Bolívar a una turca, en ambos casos con participación de grandes grupos empresariales nacionales, como el grupo Nobis. Otros de los grupos ganadores (directa o indirectamente) con el correísmo son Eljuri, Pronaca, La Favorita, y hasta las grandes telefónicas Claro y Movistar y los bancos (recordemos al propio Correa mencionando que en su gobierno los bancos han obtenido las mayores utilidades de su historia).
Promociona las alianzas público-privadas que, en el fondo, sólo son un eufemismo de las privatizaciones. Aquí se incluye, por ejemplo, la privatización de hidroeléctricas construidas por el Estado, la puesta a la venta de gasolineras públicas, la enajenación del Banco del Pacífico e incluso la privatización de los programas de alimentación escolar.
Hay otros procesos de privatización –menos notorios–, pero no por ello menos peligrosos para el interés del país. Por ejemplo, la privatización de la salud vía convenios con clínicas y hospitales privados que también han generado sobreprecios exagerados que ahora salen a la luz. Algunas tendencias privatizadoras también se registran en el ámbito de la educación.
Ajustador y represor
Si bien con Correa no se han adoptado algunos de los paquetes de ajustes típicos de los anteriores regímenes neoliberales, sí podemos incluir una lista de acciones que han golpeado y debilitado a los sectores populares.
Acabada la bonanza petrolera, se volvió a la vieja práctica de aprobar incrementos ínfimos del salario básico unificado de 14 dólares entre 2014-2015 y de 12 dólares entre 2015-2016. Además, a pretexto del terremoto de Manabí, Correa incrementó el Iva, un impuesto regresivo y hasta recesivo pero de fácil recaudación, con el fin último de paliar los efectos de la crisis en el sector público.
Cabe recordar aquellas reformas que han reintroducido la flexibilización laboral, en gran medida eliminada por la Asamblea Constituyente de Montecristi.
Esta lista incluye la aprobación de los decretos 016 y 732 para controlar las organizaciones sociales y de la sociedad civil; y del decreto 813 para disciplinar a los trabajadores públicos usando la compra de renuncias obligatorias, además de otras disposiciones que limitan la organización sindical.
En síntesis, Correa estableció un ambiente de permanente propaganda y amedrentamiento para sostener y combatir las crecientes protestas populares. Creó organizaciones sociales paralelas (estudiantiles, sindicales, indígenas, etcétera), propias y afines al gobierno, buscando debilitar a las organizaciones que se le opongan. Ha restringido la libertad de expresión, inclusive procesando a periodistas críticos que han descubierto actos de corrupción del gobierno.
Cereza
De todas formas, la cereza del pastel es la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea.
Recordemos que el gobierno de Correa, recogiendo la lucha y el mandato de varios grupos sociales, se comprometió, en sus inicios, a no dar paso a un Tlc. Así, en el plan de gobierno 2007-2011 de Alianza País, escrito en 2006, se resolvió “luchar en contra de los procesos impulsados por los intereses mezquinos de las mafias corporativas en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, como el mal llamado tratado de libre comercio, que es una propuesta depredadora de la vida misma en tanto anuncia la profundización del modelo neoliberal y una creciente sumisión antiética del ser humano al poder monopólico del capital y a las empresas trasnacionales, amenazando, además, las posibilidades de una integración regional en el sur”.
Incluso se planteaba en aquella época que “a través de la democracia activa –con tantas consultas populares como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el Tlc”. Soplaban vientos de cambios. La democracia se perfilaba en el horizonte.
El “pragmatismo” se impuso. Ganaron las mafias corporativas.
Con el Tlc acordado con la Unión Europea, sin entrar en más detalles, entendemos que se reforzaría la condena de Ecuador como productor y exportador de materias primas. Esto debilitaría cualquier estrategia de transformación productiva del país y, por cierto, mucho más las perspectivas de construir el “buen vivir” o sumak kawsay (que el correísmo transformó en un mero fetiche al servicio de su proceso de reconstrucción hegemónica).
En esto termina la ahora mal llamada “revolución ciudadana”, que hace rato perdió lo ciudadano y dejó de ser revolucionaria realmente desde el mismo momento en que el proceso pasó a depender de un caudillo, es decir, poco después de iniciada. Las agujas del reloj, que empezaron a la izquierda, marchan irremediablemente hacia la derecha.
* Economista. Figuró entre los redactores del plan de gobierno inicial de Alianza País y entre los ideólogos de la “revolución ciudadana”. Fue ministro de Energía y Minas de Correa y después presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, tras haber sido el diputado más votado a ese órgano. Renunció en 2008, y desde entonces denuncia las “traiciones” del “correísmo” a sus postulados iniciales. Nota tomada de www.rebelión.org. Brecha reproduce fragmentos.
