por Silvania Mejías
Socióloga, candidato a magister de Ciencias Sociales
Un segundo retiro de fondos, tal como el primero, asume los problemas estructurales que acarrea el sistema de AFP, y por ende debiera reforzar la idea de transformarlo radicalmente sin salvataje alguno (sin la reforma actual que impulsa Piñera y su ministro Briones). Además, viene a cumplir la misma función inmediata de salvavidas a muchas personas que se encuentran aún en aprietos económicos.
A propósito del actual debate legislativo en torno al segundo retiro del 10% de las AFP, quisiera establecer algunas apreciaciones relativas al debate instalado, con el fin de no perder el norte en la reivindicación de un sistema de seguridad social para un nuevo Chile. En ese sentido, cabe destacar los siguientes acontecimientos como antesala a la discusión.
El 6 de octubre, en entrevista con radio Universo, Beatriz Sánchez –ex candidata presidencial del Frente Amplio y actual coordinadora del Comando por el Apruebo “Que Chile decida”– lanzaba su opinión respecto al posible segundo retiro del un 10% de las AFP por parte de las y los trabajadores, como medida para seguir aplacando la crisis económica en el actual contexto de crisis social y sanitaria. Planteaba que la tramitación y aprobación de un segundo retiro a modo personal no era de su gusto porque, en palabras de ella, cree “que llegó el momento de que el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo” en un escenario donde los propios ahorros de la gente han sido el principal recurso para enfrentar la pandemia, costeándola y autofinanciándose.
Luego de ello, vino la reacción a sus declaraciones. Horas después, la diputada Pamela Jiles publicaba vía red social Twitter lo siguiente: “Mientras los parlamentarios de oposición estamos tramitando el #SegundoRetiro que tanto necesitan los ciudadanos, no falta quien atornille al revés. Hemos conseguido con enorme esfuerzo los votos necesario para aprobarlo señora @labeasanchez. Esto no ayuda”.
Un par de horas más tarde, la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP, en conjunto con la Fundación Sol, realizaban un seminario vía Facebook live para dar a conocer la “Propuesta Técnica de un Nuevo Sistema de Pensiones para Chile”, donde no sólo se expuso la metodología y los resultados del modelamiento para justificar la viabilidad y eficiencia de la propuesta, sino que intervinieron una serie de analistas e intelectuales desde la vereda de las Ciencias Sociales y el Derecho, quienes respaldaron el documento desde perspectivas que van más allá de la “economía de cálculos”. Cabe señalar que la propuesta, a nivel técnico y político, se establece en sintonía con la realidad socio-laboral del país, incluyendo perspectiva de género, medidas para honorarios y las directrices de la OIT para los sistemas previsionales: cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad, responsabilidad, suficiencia e igualdad.
Me parece relevante destacar que estas tres situaciones hayan ocurrido durante la misma jornada, y nos inviten a reflexionar en torno a dos tipos de medidas: las de corto plazo y las de transformación estructural en el ámbito de la seguridad social.
En primer lugar, hay que comprender donde vemos el “mal menor”. Resulta evidente que los costos de la crisis la hemos pagado la clase trabajadora, con exhaustivas jornadas de teletrabajo conjugado con el trabajo reproductivo (sobre todo para las mujeres), cesantía, carestía de la vida, informalidad laboral, problemas psico-emocionales que perturban la salud mental, entre otros. En términos económicos, hay consenso en que las medidas gubernamentales no han sido suficientes, y que el primer retiro del 10% vino a aliviar la carga de deudas que arrastran consigo las familias en Chile, y que efectivamente los ahorros de la clase trabajadora pagaron en parte de forma directa la crisis.
Un segundo retiro de fondos, tal como el primero, asume los problemas estructurales que acarrea el sistema de AFP, y por ende debiera reforzar la idea de transformarlo radicalmente sin salvataje alguno (por lo tanto, sin la reforma actual que impulsa Piñera mediante su ministro Briones). Además, viene a cumplir la misma función inmediata de salvavidas a muchas personas que se encuentran aún en aprietos económicos y, en ese sentido, efectivamente las palabras de Beatriz Sánchez son certeras.
El problema es que pedirle al Estado que meta la mano al bolsillo y palee la crisis actual no es antagónico con el hecho de poder echar mano a los fondos de las AFP. En términos políticos, ocupar este argumento para mantener los fondos de pensiones administrados por las AFP es absolutamente contradictorio con el espíritu transformador que se siente en las profundidades de este territorio. Una de las demandas base por conseguir dignidad ha sido terminar con las injusticias y extrema desigualdad. Parte de esa injusticia y desigualdad es lo que ocurre con los fondos de pensiones, los cuales se ocupan fundamentalmente no para pagar pensiones sino como reserva que sirve, a través de inversiones y concesiones, para alimentar al gran empresariado del país. Dicho de otra forma, esto asume que en términos concretos la clase empresarial cuenta al 30 de septiembre de 2020 con una importante parte de un fondo de pensiones total de $ 152.944.378 millones de pesos, de acuerdo a los datos publicados por la Superintendencia de Pensiones, los que pueden utilizar a su disposición a partir de las dinámicas propias del mercado financiero.
Además, no olvidemos que es una demanda sentida en la población, tal como lo fue el primer retiro. De acuerdo al estudio digital realizado por INC Consultores, un 70% de la ciudadanía aprueba este segundo proyecto de retiro, siendo la principal razón la libertad de hacer uso de esos fondos por pertenecer a cada persona.
Por lo tanto, negar la opción de un segundo retiro por parte de los ahorrantes lo único que hace es reafirmar los privilegios y garantías de los beneficiarios directos de la existencia de las AFP: el gran empresariado. Por el contrario, que los ahorros puedan ser retirados por la clase trabajadora al menos les permite decidir a ella qué hacer con su dinero, el cual es producto directo de su trabajo, y no alimentar a los peces grandes de manera forzosa. Quizá sea un mal que los y las trabajadoras paguen la crisis, pero al lado de las ganancias y garantías que obtiene el empresariado créanme que es un mal menor. Por lo mismo, tener en cuenta cómo funciona el sistema previsional actual es determinante también para las claridades políticas de los sectores que anhelan un nuevo Chile.
No se puede caer en reclamos que adquieren sentido tras sus buenas intenciones, pero que no comprenden cómo opera el sistema, económica ni ideológicamente. Se debe tener en cuenta que el Estado actual, al que exigimos derechos sociales, jamás nos los dará, dado que se forjó en una alianza militar-tecnocrática que estableció constitucionalmente su rol desde la concepción neoliberal y subsidiaria, donde los derechos sociales no tienen cabida.
En segundo lugar, y como último punto, resulta evidente que al menos un lustro antes del estallido social de octubre de 2019, pero reforzado a partir de éste, una de las principales demandas que se enarbola dentro de la población es la consigna NO+AFP. Ha llegado el momento de hacer sucumbir un sistema de ahorro individual, forzoso, con cero solidaridad, y productor de infinitas incertidumbres, y discutir seriamente al alero del proceso constituyente un nuevo sistema de seguridad previsional para un nuevo Estado, consignando como derecho fundamental en la nueva Constitución la seguridad social, ajustada a los principios de la OIT para esta materia antes expuestos.
Revisar y discutir la nueva propuesta de la Coordinadora, resulta transcendental para todos los sectores de izquierda, impulsándola como la principal alternativa que se erija, tras el triunfo del Apruebo, como bandera de lucha para constituirse en el primer modelo de seguridad social en la historia de Chile.
Fuente: El Desconcierto.
Publicado con autorización de la autora.
