Los colegios particulares GEA N°2 y Saint Lawrence de Quilpué durante mayo despidieron o suspendieron contrato a 5 docentes y 35 asistentes de la educación. En el primer colegio, el sostenedor aplicó la Ley de Protección al Empleo y, el segundo, se invocó la causal de necesidades de la empresa (Art. 161 Código del Trabajo). Con estas medidas, la crisis social de despidos, cesantía y hambruna que azota al grueso de la población del país en el marco de la pandemia del COVID -19, comienza a mostrar sus primeros efectos también en el sector educativo.
Es preciso advertir que ninguna de las causales fijadas por la Ley de Protección al Empleo aplican al sector de la educación, básicamente, porque los empleadores, aun cuando se encuentren suspendidas las clases presenciales, reciben de manera completa la Subvención Escolar que entrega el Estado, dineros con los cuales, como lo fija la ley de subvenciones, se deben pagar los sueldos de Asistentes de la Educación y de los Docentes. A su vez, dicha ley no aplica para quienes se regulan por estatutos especiales, como es el caso de estos trabajadores.
Sorprende que la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) acogiera la aplicación de la ley, lo que abre un mal precedente para otros casos en el país en el actual contexto de crisis sanitaria y social. En la misma línea, no se explican los despidos por necesidades de la empresa, aludiendo a la “reestructuración y racionalización de recursos de las Subvenciones Escolares” en medio del año en curso.
En este marco, la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (FENATED); la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FESITED); Federación de Trabajadores de la Educación Colegios Siglo XXI y Brothers School (FTS) y Federación de Sindicatos de Colegios Provincia del Elqui, en conjunto con dirigentes del Colegio de Profesores, emplazaron al Ministro de Educación a revertir a la brevedad dicha irregularidad que, junto con vulnerar el derecho de las y los trabajadores de la educación, vulnera el derecho a la educación de las y los niños quienes se encuentran sin acceder a una educación integral a distancia.Advertisement
Al respecto Alejandra Lizana, Presidenta de la FENATED, sostuvo: “La ilegalidad de la práctica en la que incurrieron estos dueños de colegios, y en particular en el colegio GEA quien fue avalado por la AFC está fuera de toda discusión, razón por la cual debe corregirse a la brevedad, siendo el Ministro de Educación quien debe corregir y entregar la tranquilidad a las comunidades educativas del país, de lo contrario, en los próximos días tendremos a cientos de sostenedores en plan de acogerse a esta ley con los consiguientes despidos de docentes y asistentes que conllevará la no realización de la educación virtual y funcionamiento de los colegios donde docentes y asistentes son relevantes en este proceso, ¿es esto lo que quiere el gobierno?”
Por su parte Eduardo González, Dirigente Nacional del Colegio de Profesores añadió: “si se pensaba que la crisis social signada por los cientos de despidos en el país y la falta dramática de alimentos era una cuestión ajena al mundo de las y los trabajadores de la educación, hoy queda demostrado que no es así. Lo que han hecho estos sostenedores es brutal, han arrojado a sus docentes y asistentes, a la hambruna”
En este contexto, el llamado es en primer lugar a denunciar este tipo de medidas, junto con alertar y organizar a las comunidades educativas ante este escenario laboral. Por otra parte, emplazamos al gobierno, en particular el MINEDUC, para que aclare que ningún sostenedor del país puede invocar esta Ley de Protección al Empleo ni despedir trabajadores en el contexto de pandemia.
