por Maximiliano Alarcón G.Víctor Herrero A.
INTERFERENCIA 17/05/2020
El martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.
El martes 12 de mayo el gobierno ingresó un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados, que pasó inadvertido para gran parte de la opinión pública.
En el Mensaje Nº 063-368, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, despacharon al Congreso una propuesta que, en sus fundamentos, altera de manera sustancial el acuerdo suscrito por Chile para dar reconocimiento jurídico a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
“Resulta al menos curioso que, en medio de una pandemia nacional y global, el gobierno pretenda incorporar una legislación de estas características”, afirma Andrés Cruz, abogado, ex fiscal y docente de la Universidad de Concepción. “Esto me llama profundamente la atención”.
En efecto, la iniciativa del Ejecutivo parece ser una movida para anular posibles querellas internacionales en contra del gobierno por su actuar durante el estallido social.
Y es que las modificaciones que propone el gobierno dejarían al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores como el primer filtro para aceptar o no la competencia de la Corte Penal Internacional, reemplazando la función que hasta hoy recaía en el Ministerio Público. “Esto es más que sospechoso”, asegura Cruz. “Entregar a un ministerio político esta facultad es un asunto delicado, toda vez que esa autoridad podría estar comprometida en defender a actores estatales acusados de crímenes de lesa humanidad”.
La Haya
El diario El Mercurio publicó el viernes pasado una nota al respecto en la página C-6, bajo el título algo críptico de “Gobierno ingresa proyecto para fijar marcos para la cooperación con el accionar de Corte Penal Internacional”.
En este artículo se presenta la visión del Ejecutivo, pero sin mencionar en mayor detalle que en Europa está avanzando un procedimiento para investigar la responsabilidad de las autoridades del gobierno en la dura represión durante el estallido social.
En efecto, el 2 de enero de este año, un grupo de abogados chilenos en Europa presentó un escrito antela la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional (CPI), acusando a Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas, además de otros, de graves violaciones a los Derechos Humanos. En este escrito pedían investigar a los nombrados para establecer si habían cometido delitos de lesa humanidad tras el estallido social del 18 de Octubre de 2019.
El 15 de febrero, esa corte comunicó que había recibido el escrito. Y a mediados de abril, el tribunal internacional recibió más antecedentes del grupo, coincidente con la ofensiva gubernamental de cambiar las reglas del juego.
“En el mes de febrero, la Fiscalía de la CPI me informó que estaba evaluando la posibilidad de abrir una investigación y que se tomaría un tiempo en decidir”, afirma el abogado Ricardo Ignacio Bachmann, quien actúa como vocero del grupo de juristas y profesionales que han llevado adelante las acciones ante la CPI.
“No quiero crear falsas expectativas, pero pienso que existen posibilidades de que eso suceda ya que ha habido varias señales en ese sentido, principalmente, la reacción que ha tenido el gobierno de Chile al presentar ese proyecto de ley que pretende obstruir la acción de la CPI”, añadió.
El Congreso
Nuestro medio consultó a miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de la Cámara de Diputados, instancia en la que se debe discutir este proyecto de ley, pero dijeron desconocer su existencia de momento. Algunos legisladores nos aseguraron que se enteraron de esta iniciativa por el diario El Mercurio.
El diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Naranjo (PS), si bien se enteró por El Mercurio de este proyecto de ley, no tenía conocimiento de que ya había ingresado a la comisión. Después de llamar al secretario de dicha instancia y confirmarlo, revisó rápidamente el contenido y de inmediato le sorprendió.
“Tiene un capítulo especial que hace modificaciones a normas sobre extradición de personas. Esto me llama poderosamente la atención por las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que hubo durante el estallido social. Da la impresión de que se busca proteger a algunas personas con estas modificaciones”, dijo a INTERFERENCIA.
“Me llama la atención que una materia tan trascendente e importante se haya metido de manera abrupta, sin mayores conocimientos y sorpresivamente. Lo que se ha querido privilegiar en este período parlamentario son medidas que tengan que ver con el Covid-19, y que de sorpresa se meta este mensaje de parte del Ejecutivo llama la atención, porque no forma parte de las materias que hemos concordado con ellos mismos, para darle urgencia y tratamiento”, agregó.
Andrés Cruz, abogado experto en estas materias, parece concordar. “Llama la atención que el gobierno introduzca este proyecto de ley en medio de la pandemia”, afirma.
El diputado Naranjo afirma que antes de que ingresara este proyecto, no existió ninguna conversación con el gobierno al respecto, ni siquiera informal.
INTERFERENCIA además contactó al diputado y vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga (Evópoli), quien también aseguró no tener conocimiento del proyecto. “No lo he estudiado todavía, no me ha llegado. No se ha visto”, dijo.
Este diario digital además contactó a los diputados oficialistas Issa Kort y Marcela Sabat, como también a los congresistas del Frente Amplio, Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Pablo Vidal (Revolución Democrática), todos de la Comisión de Relaciones Exteriores. Al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
“El nuevo proyecto de ley en el fondo es un intento desesperado por garantizar la impunidad de Sebastián Piñera y otros altos representantes del Estado de Chile requeridos por el alto tribunal”, dice Bachmann.
“Es un planteamiento absurdo, se trata de que Piñera quiere proteger a Piñera, sin importar las consecuencias que acarrearía incumplir un tratado tan importante como el Estatuto de Roma”, finalizó el mismo.
