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Es la primera gran derrota que asesta el pueblo boliviano al Gobierno de Jeanine Áñez, que hoy es acusado de excesos, corrupción y mal manejo de conflictos, en especial el de la pandemia. El Gobierno boliviano se vio obligado a derogar un decreto que atentaba contra la libertad de expresión.
A seis meses de haber asumido la presidencia de mano de los jefes militares, luego del golpe contra el Gobierno de Evo Morales Ayma, Jeanine Áñez, ha logrado con éxito unir en su contra a distintos sectores de la sociedad boliviana, con un peligroso y polémico decreto.
Pero tuvo que retroceder en su afán de coartar (aún más) la libre expresión. Mediante un tuit de la ministra de Comunicación, el Gobierno anunció que derogó la disposición adicional única del decreto supremo 4.231, del 7 de mayo de 2020 y anteriores disposiciones.
El referido decreto supremo, que en su parte fundamental está dedicado a un tema de salud, de modo subterfugio, en la sección de «disposiciones adicionales» establecía una medida punitiva de tal magnitud que estremeció los cimientos de la sociedad boliviana.
A la letra indicaba: «Las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal».
De ese modo, el decreto elevaba a la categoría «de penalmente punible» cualquier manifestación de opinión y abría la puerta de par en par, a las caprichosas interpretaciones de cualquier miembro del Gobierno actual, de los órganos del orden y de justicia.
Al parecer, Áñez y sus más próximos asesores tomaron esa decisión porque se sintieron fortalecidos con el espaldarazo que recibieron de Donald Trump el pasado 2 de mayo, a quien la presidenta agradeció por su «solidaridad democrática».
Pero el rechazo fue abrumador y le llovieron críticas tanto a nivel nacional como internacional. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) hizo pública su profunda preocupación por el contenido del decreto 4.231.
La misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) calificó de excesiva la medida, mientras que el relator de ONU dijo que la penalización de la desinformación es desproporcionada y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, enunció que comparte plenamente el análisis de la Oacnudh en Bolivia sobre los problemas que presenta el decreto del Ejecutivo de Bolivia.
El candidato y expresidente Carlos Mesa expresó que ve «tentaciones de autoritarismo».
Es un signo de desgaste
Si las cosas estuviesen bajo control, el Gobierno no habría dictado tal norma. Este decreto es un importante síntoma de los temores que experimenta el Gobierno de Jeanine Áñez por la pérdida de credibilidad.
El Gobierno cada día se ve superado por el malestar de la gente, que está preocupada por la forma de enfrentar la pandemia, o mejor dicho ante la ausencia de medidas de bioseguridad serias que no permitan la expansión de la enfermedad.
ONU demanda modificar decreto boliviano que castiga desinformación
La gente clama que se realicen más pruebas de detección del coronavirus, la pobreza se hace sentir cada día con más crudeza, millones no tienen qué comer, y mientras tanto la presidenta ha pedido que recen y hagan ayuno, ultrajando de manera perversa el dolor causado por la tragedia de la cuarentena.
Pero la situación es tal, que la gente ha empezado a perder el miedo y rechaza en redes sociales los escándalos de mal uso de bienes públicos, como el uso del avión presidencial para viajes particulares de su hija y festejo de cumpleaños con sus amigos y para transportar amigos de la presidenta o ministros.
Entre tanto, para intentar aplacar ánimos, el Gobierno saca a las calles a bandas musicales de policías a dar serenata, o hace marchar a los militares. Áñez intenta frenar el coronavirus no con pruebas clínicas, sino con predicadores que desde helicópteros rocían con agua para espantar la pandemia y además transmite esos actos en directo por el canal de televisión estatal.
Pero el Gobierno de Áñez está siendo rebasado por la gente, que aprendió a convocarse y organizarse en redes sociales y hacer sonar cacerolas vacías o petardos en protesta, pero también por el hambre.
El Gobierno no puede contener esta ola de indignación ante la triste situación que vive Bolivia, por eso intentó hacerlo mediante el decreto 4.231. La gente está cansada y preocupada.
Los escándalos por denuncias de corrupción son a diario y la lista es larga e involucra a empresas estatales, importantes generadoras de riqueza, aquí unas pinceladas.
Prensa y políticos protestan en Bolivia contra más restricciones a libertad de expresión
El Gobierno se vio obligado a destituir al presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, pues se detectó casos de millonarias contrataciones de emergencia hechas al amparo de decretos que autorizan compras directas, sin licitación. El escándalo de corrupción en la empresa telefónica ENTEL, cuyo gerente escapó a EEUU.
Los sindicatos protestan y exigen transparencia, mientras que las denuncias de corrupción y renuncia de altas autoridades se han sucedido cada semana. Las cosas han llegado al extremo que el fiscal general, luego de largo silencio, tuvo que decir que están investigando.
Indignación creciente rechaza transgénicos
Pero algo que está directamente relacionado con el decreto derogado, es el decreto supremo 4.232 que «de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa».
Así, el Gobierno se ha rendido a los pies del agronegocio, sin importar la opinión del resto de actores políticos y sociales.
La sociedad boliviana de manera abrumadora rechaza el uso de tales tecnologías riesgosas, más aún cuando es un país con importantes cultivos orgánicos. El Gobierno sabía que habría rechazo, pero creyó que manteniendo a la gente encerrada en cuarentena podría controlar la protesta.
© REUTERS / DAVID MERCADODespués de la pandemia, el desempleo es la próxima gran amenaza para los bolivianosDistintos grupos sociales, personalidades, organizaciones no gubernamentales, etc., rechazaron el decreto con el argumento de que pondrá en riesgo la seguridad alimentaria, pero el Gobierno no ha retrocedido.
El rechazo a los transgénicos en Bolivia es de larga data, y cada vez cala más profundo la conciencia de que no hay necesidad de ellos, pues no hay garantías de que sean inocuos, sino que son un coctel de genes que solo envenena, afecta al medioambiente y pone en riesgo la salud, pero por otro lado, llena los bolsillos de transnacionales.
Ahora ante la serie de conflictos que afronta, el Gobierno ha pedido a los obispos de la Iglesia católica que ayuden a generar un clima de diálogo para aplacar las protestas sociales.
Así, Áñez ha perdido ya la posibilidad de pasar a la historia como lo hicieron los expresidentes Guido Vildoso Calderón y Eduardo Rodríguez Veltzé, que lideraron procesos de transición mediante elecciones y sin haberse visto tentados a retener el poder.
El laberinto en el que se halla hoy la presidenta Jeanine Áñez es tal, que muchos se preguntan, ¿hasta cuándo logrará sostenerse? Mientras tanto, ella se aferra cada vez más fuerte a la mano de sus mentores norteamericanos que hoy pululan en las calles de Bolivia.
